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El fallo internacional que obliga a la provincia de Salta a pagar más de 45 millones de dólares por la rescisión del contrato de Enjasa durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey reabrió el debate sobre el costo económico de las concesiones caídas y los litigios heredados que aún enfrenta la Provincia.
En una extensa entrevista con El Tribuno, el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, reconoció que la condena representa un duro impacto para las cuentas públicas, aunque sostuvo que Salta debe mantener "previsibilidad jurídica" y asumir las obligaciones que determinen los tribunales.
El funcionario vinculó además el caso Enjasa, empresa del grupo Casinos Austria que tenía a su cargo el manejo de los juegos de azar de la provincia, con otras concesiones rescindidas durante el gobierno de Urtubey, como Aunor, Aguas de Salta, Santa Tecla y Plumada, y admitió que podrían aparecer nuevos fallos millonarios contra la Provincia.
En paralelo, explicó por qué el Gobierno de Gustavo Sáenz decidió salir a financiar obras nacionales paralizadas, entre ellas la reparación de la ruta 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán.
¿Cómo analiza el Gobierno el fallo internacional que obliga a Salta a pagar más de 45 millones de dólares por la rescisión de Enjasa?
Sin duda cualquier sentencia contra la Provincia afecta a las arcas públicas. Hasta que no existe un resultado final, una condena firme, no se puede prever presupuestariamente una situación de esta magnitud. Pero claramente este fallo por Enjasa es una más de las situaciones complejas que le toca afrontar a esta gestión y que tienen origen en procesos de rescisión de contratos y concesiones ocurridos hace muchos años.
¿Cree que pueden aparecer más juicios millonarios contra Salta vinculados a concesiones rescindidas durante la gestión de Juan Manuel Urtubey?
Creo que sí. Esto probablemente sea una más de las sorpresas que se van a ir dando en este gobierno respecto de distintas empresas concesionarias cuyos contratos fueron rescindidos. Hay antecedentes importantes. Algunas situaciones ya están judicializadas desde hace años y otras todavía continúan en trámite.
"Nosotros solo financiamos el proceso para que en cinco meses, la obra se termine"
Por ejemplo, el caso del expeaje de Aunor, donde Vialidad Provincial tuvo que hacerse cargo durante mucho tiempo de la operación y mantenimiento de una ruta que originalmente debía sostenerse mediante peaje. También están las demandas vinculadas con la exconcesionaria del servicio de agua potable, Aguas de Salta; el caso del archivo de Plumada; la administración del Hospital Materno Infantil por parte de Santa Tecla y otros procesos similares. Van pasando los años y estas situaciones empiezan a llegar a definiciones judiciales.
¿La Provincia puede defenderse mejor ante estos litigios o inevitablemente habrá que pagar?
Lo que puedo decir es que la provincia de Salta es una provincia predecible y previsible desde el punto de vista jurídico. Eso es lo que también permite que lleguen nuevas inversiones. Pero además hay continuidad institucional y una responsabilidad del Estado que trasciende los gobiernos.
Desde que asumió Gustavo Sáenz en diciembre de 2019 se pagaron más de 400 millones de dólares de deuda heredada. La Provincia debía más de 640 millones de dólares y hoy esa cifra ronda los 200 millones. Es decir, hubo un enorme esfuerzo de saneamiento financiero.
Ahora bien, si uno analiza que algunos juicios se terminan perdiendo, evidentemente hay procesos de rescisión de contratos que probablemente no fueron llevados adelante de la mejor manera o no tuvieron la solidez jurídica suficiente. Y cuando un juicio se pierde, obviamente hay que pagar.
Mientras aparecen estos juicios, la Provincia también está afrontando obras nacionales paralizadas. ¿Cómo van a financiar la reparación de la ruta 9/34?
El gobernador Sáenz firmó un convenio con Vialidad Nacional para destrabar la situación. Recordemos que Nación ya tenía adjudicada la autopista de cuatro carriles entre Rosario de la Frontera y Yatasto, pero la obra sufrió múltiples interrupciones por falta de pago de certificados y atrasos.
"Buscamos que la ruta brinde lo que siempre debió: condiciones de seguridad para transitar"
Frente al deterioro enorme que tiene actualmente la ruta 9/34 y la demanda permanente del gobernador para que se intervenga, Vialidad Nacional decidió incorporar como trabajo adicional la repavimentación de la actual traza. Lo que hace la Provincia es garantizar el pago de los certificados para que la obra no vuelva a paralizarse y luego recuperar esos fondos de Nación.
¿Cuánto invertirá Salta en esa obra?
Estamos hablando de una inversión de entre 2.800 y 3.000 millones de pesos distribuidos a lo largo de cinco meses. Hay sectores donde solamente se hará repavimentación, pero otros requieren remover completamente la base y reconstruirla.
Lo importante es que podamos garantizar que la ruta quede en condiciones seguras para circular. Hoy el estado de ese tramo entre Metán y Rosario de la Frontera es realmente crítico.
"La ruta 34 está mal desde el acceso a Salta hasta el norte, hasta Salvador Mazza"
¿Cuántos kilómetros son y cuál es la empresa?
Son 27 kilómetros. Esta es una ampliación de la obra que ya tenía licitada y adjudicada el Gobierno nacional. Lo que se va a hacer es la repavimentación sobre la traza actual de estos dos carriles. La obra de la autopista licitada oportunamente la continúa Vialidad Nacional y tiene que hacerse cargo del financiamiento. La empresa adjudicataria es la misma de esa obra. Esa es una decisión de Vialidad Nacional y la empresa es Vialmani.
¿Qué garantías tienen de que Nación devolverá esos fondos?
La realidad es que garantías concretas no hay. Justamente el problema que tiene la empresa adjudicataria es la falta de continuidad en los pagos nacionales. Nosotros entendemos que el convenio firmado entre el gobernador y el director nacional de Vialidad debería ser suficiente respaldo institucional.
Yo creo que Nación va a pagar, pero seguramente lo hará con demoras de tres, cuatro o cinco meses respecto de lo que la Provincia vaya adelantando.
¿Cuántas obras nacionales está financiando actualmente Salta?
Esta ya sería la tercera obra nacional cuyos certificados estamos financiando desde la Provincia. Primero fue el puente de Vaqueros y la Circunvalación; después la escuela técnica Tesla de General Güemes; y ahora este tramo de la ruta 9/34.
La lógica indicaría que esto no debería pasar nunca. Pero si no tomamos estas decisiones, las obras se paralizan, quedan inconclusas y después llegan las lluvias y aparecen nuevamente todos los problemas.
¿Cuál es la situación del resto de las rutas nacionales en el territorio provincial?
La situación es compleja. La ruta 34 está deteriorada prácticamente desde el acceso a Salta hasta Salvador Mazza. También tenemos dificultades en la ruta 16, la ruta 50 y distintos tramos de la ruta 40.
Por ejemplo, el tramo Seclantás-Molinos fue rescindido por Nación y aseguran que lo terminarán por administración. El tramo Palermo-Payogasta lleva más de seis meses paralizado.
También están frenados trabajos en la ruta 68 y sobre la ruta 51, donde incluso la Provincia está aportando fondos para sostener los certificados y garantizar continuidad.
El gobernador viene reclamando permanentemente al Gobierno nacional que cumpla con los compromisos asumidos porque no se puede trabajar con obras que arrancan, se frenan y vuelven a empezar. Eso encarece todo y hace imposible planificar.
¿Cómo impacta todo esto sobre las cuentas provinciales?
Impacta muchísimo. La Provincia viene absorbiendo costos que antes afrontaba Nación. Se eliminaron transferencias no automáticas, dejaron de enviarse subsidios al transporte, incentivo docente, programas de salud y medicamentos oncológicos. Todo eso hoy lo tiene que cubrir Salta.
A pesar de eso, la Provincia mantiene un esquema de orden fiscal y equilibrio financiero. Pero claramente no sobra nada. Cada decisión implica un enorme esfuerzo presupuestario.
¿Qué mirada tiene el Gobierno provincial sobre el rol del Estado en este contexto?
Nosotros no creemos en un modelo donde el Estado desaparezca. Creemos en un Estado presente, eficiente y que iguale oportunidades. El Estado tiene que estar en salud, educación, seguridad, infraestructura y asistencia social.
Salta tiene enormes posibilidades de desarrollo, pero necesita infraestructura básica y también un Estado nacional que acompañe mínimamente al norte argentino, que históricamente fue relegado por el centralismo porteño.
En eso trabaja el gobernador Gustavo Sáenz: en sostener obras, garantizar servicios y defender un modelo de desarrollo para toda la región del NOA.
Cómo se adapta esto al concepto actual de reducción de déficit del Estado?
Tenemos un gobernador que está día a día defendiendo la mejora de la calidad de vida de cada uno de los salteños, en cada lugar ejecutando obras, teniendo presente la realidad de cada uno de los municipios y parajes, pero también con esa visión de un Estado presente asistiendo a los más necesitados y trabajando fuertemente desde ese esquema, pero también lo más eficiente posible. No creemos de ninguna manera en estos proyectos que se muestran como novedosos donde el Estado tiende a desaparecer. Claramente el Estado debe estar presente, debe ser un igualador de oportunidades desde la educación, la capacitación, la salud, brindar el servicio de seguridad a la gente y en eso estamos empeñados, en una Salta que tiene todas las oportunidades para crecer pero que requiere de las mínimas inversiones del Estado nacional que se queda con la gran mayoría de lo recaudado en términos de impuestos. También se requiere de ese Estado nacional la mínima infraestructura para poder despegar y dejar ser parte de un norte profundo, olvidado por el centralismo porteño y de una vez por todas, tanto el NOA como el NEA, demostrar las posibilidades de desarrollo que tiene. En eso estamos esperanzados y tenemos un Gobernador que conduce, no solo provincial, sino regionalmente ese proceso.