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Avanza la designación de juezas de Corte

Está abierto el proceso pero aún no se publicaron adhesiones.
Lunes, 04 de mayo de 2026 01:17
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El Gobierno de la Provincia ya habilitó el proceso participativo para cubrir dos vacantes en la Corte de Justicia de Salta, con la postulación de las actuales magistradas Adriana María Rodríguez Faraldo y María Alejandra Gauffin. Hasta el momento, no se registran adhesiones ni presentaciones formales dentro del plazo establecido.

La apertura fue oficializada por el Ministerio de Gobierno y Justicia en el marco de la Ley 8311 y normativa complementaria, donde se difundieron los antecedentes curriculares de ambas postulantes. El mecanismo prevé que ciudadanos, instituciones y organizaciones puedan formular observaciones, impugnaciones o apoyos por escrito durante 15 días hábiles administrativos, sin que hasta ahora se hayan registrado intervenciones públicas.

La Constitución, reformada en 2021, establece que los jueces pueden durar un solo período por diez años. Al igual que la jueza Teresa Ovejero y Pablo López Viñals, las postuladas ya venían ejerciendo el cargo.

Rodríguez Faraldo se desempeñó como secretaria letrada de la Corte de Justicia durante más de una década y luego como jueza de Cámara Civil y Comercial, cargo que ocupó en forma titular hasta 2019. También integró el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Electoral en representación de los jueces.

Este año también vence el mandato como juez de Corte de Fabián Vittar. El año pasado se terminó el acuerdo de Guillermo Catalano y Ernesto Samson y llegaron Martín Plaza y Martín Diez Villa.

Gauffin se desempeñó como secretaria letrada de Corte, secretaria en el fuero Civil y Comercial y secretaria adjunta del Tribunal Electoral. Su recorrido incluye además funciones en organismos de gestión judicial y espacios vinculados a la modernización del sistema.

El proceso participativo continuará abierto durante el plazo fijado por ley. Hasta el momento, no se registraron presentaciones públicas de apoyo ni objeciones, en un esquema que busca garantizar transparencia y participación ciudadana en la designación de integrantes del máximo tribunal provincial.

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