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La situación en la reserva natural de Finca Las Costas volvió a quedar bajo la lupa judicial luego de que un informe elevado a la jueza de Minas y en lo Civil y Comercial, María Guadalupe Villagrán, confirmara la existencia de nuevas ocupaciones, construcciones recientes y fuertes dificultades para concretar inspecciones en la zona por la negativa y hostilidad de algunos ocupantes.
El relevamiento fue realizado por el juez de Paz de Vaqueros, Eduardo Serfaty Arias, junto al guardaparque Matías Santa Ana, personal policial y autoridades vinculadas a la administración de la reserva, en el marco del amparo colectivo que desde 2020 intenta frenar el avance de asentamientos irregulares dentro de la principal cuenca hídrica que abastece a la ciudad de Salta.
La gravedad del escenario no radica solamente en la expansión de ocupaciones dentro de un área protegida. Finca Las Costas aporta alrededor del 30% del agua potable que consume Salta capital y, según surge de las actuaciones judiciales y antecedentes técnicos, el crecimiento urbano clandestino se desarrolla sin infraestructura sanitaria, con utilización de pozos ciegos, letrinas y sistemas precarios de disposición de residuos.
Viviendas recientes
El informe remitido a la magistrada el 15 de abril de 2026 describe distintos puntos relevados dentro de la reserva donde se constató la aparición de viviendas recientes, corrales, alambrados perimetrales, galpones, maquinaria pesada y construcciones de gran porte.
En uno de los sectores inspeccionados se detectó "una casa de nueva construcción, con paredes y pilares de material bien revocados", además de un corral con animales y un cierre perimetral completo. En otro punto se describió una vivienda "de construcción bastante reciente", con techos de chapa nuevos, herramientas y un alambrado olímpico tipo guardia patio.
También se verificaron estructuras de mayores dimensiones, entre ellas una casa de dos plantas, tanques de almacenamiento de agua, corrales, galerías y edificaciones con características permanentes.
Tractores y maquinarias
Otro de los aspectos que sobresalen del relevamiento es la presencia de actividad vinculada al movimiento de áridos. El juez de Paz dejó asentada la existencia de tractores, maquinaria y acopios utilizados para la recolección y clasificación de material extraído del río.
Uno de los puntos más sensibles del informe es la descripción del comportamiento de los ocupantes frente a la comisión judicial.
El juez de Paz consignó que en varios sectores las personas se negaron a identificarse, no respondieron las preguntas y evitaron recibir las notificaciones ordenadas por la Justicia. En otros casos directamente no permitieron el ingreso a los predios y hasta métodos para ahuyentar a los inspectores de Justicia.
La narrativa sobre la vulnerabilidad social
El dato adquiere especial relevancia porque Finca Las Costas es considerada una reserva natural "permanente e intangible", creada para preservar la cuenca productora de agua más importante de la capital salteña.
Ya en 2017 existían advertencias técnicas sobre el impacto que podían generar las construcciones clandestinas en la calidad del recurso hídrico. Un estudio basado en parámetros de la Organización Mundial de la Salud había señalado que las obras en construcción, las letrinas y los pozos ciegos constituían factores de riesgo para el sistema de abastecimiento.
Las actuaciones ordenadas por la jueza Villagrán reactivaron un conflicto que se arrastra desde hace más de una década y respecto del cual se dictaron múltiples medidas cautelares y prohibiciones de innovar que, según surge de las nuevas constataciones, continúan siendo incumplidas.
El escenario también desarma parcialmente la narrativa instalada en torno a que las ocupaciones responden exclusivamente a situaciones de extrema vulnerabilidad social.
Construcciones importantes
Las propias descripciones del relevamiento judicial hablan de construcciones importantes, viviendas consolidadas, cercos perimetrales, maquinaria, corrales, galerías y estructuras permanentes que evidencian inversiones significativas y un proceso sostenido de ocupación territorial dentro de una reserva protegida.
En paralelo, el conflicto sumó recientemente otro capítulo con la discusión por la cesión en comodato de una fracción de tierras al Tigres Rugby Club, proyecto que abrió una fuerte disputa entre el club, familias que se identifican como integrantes de la comunidad Lule y distintos sectores vinculados al uso de las tierras fiscales.
Les echaron los perros
En el informe se deja constancia además de episodios de hostilidad y agresividad hacia quienes participaban del operativo. "Casi todos ellos no quisieron ni identificarse, ni contestar lo que se le preguntaba y le fueron mayormente agresivos hacia todos los que participábamos en la medida", señala textualmente una de las actuaciones incorporadas al expediente.
En otro tramo se menciona que los integrantes de la comisión fueron corridos por perros y advertidos sobre la peligrosidad de determinados ocupantes.
El informe judicial vuelve a poner en evidencia un problema ambiental que desde hace años preocupa a especialistas y organismos vinculados al agua. En las actuaciones se dejó expresamente asentado que en ninguna de las fracciones inspeccionadas existen cloacas y que todas las construcciones funcionan con pozos ciegos.