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Una de las integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) cuestionó el proyecto oficialista que propone que representantes designados por los poderes del Estado en ese organismo y en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura pasen a cumplir funciones ad honorem. La iniciativa será tratada el martes próximo en la Cámara de Diputados y, según sus impulsores, busca reducir gastos en el marco del congelamiento salarial dispuesto por la Provincia.
María del Pilar González Sastre, representante del Poder Judicial en el OVCM, cuestionó la iniciativa y advirtió sobre el impacto que podría tener en el funcionamiento del organismo. "La modificación de la ley afecta en tres aspectos", sostuvo en diálogo con El Tribuno.
En primer lugar, señaló que el proyecto "transmite la idea de que estas tareas pueden hacerse como un voluntariado", cuando en realidad requieren "alta formación técnica, capacitación permanente, tiempo completo y toma de decisiones complejas" en toda la provincia.
"Estabilidad y disponibilidad de tiempo"
Además, remarcó que un cargo de esas características "requiere estabilidad y disponibilidad de tiempo" y advirtió que convertirlo en ad honorem limitaría quiénes podrían ejercer esa función. "En la práctica, solo podrían sostener un cargo ad honorem personas con otros ingresos", sostuvo, y consideró que eso afectaría "la activa y comprometida función que demanda".
González Sastre también afirmó que la iniciativa tomó por sorpresa a las integrantes del Observatorio. "No sabíamos. Nos enteramos ayer a la tarde", dijo, y agregó que hasta el momento no mantuvieron conversaciones con los legisladores que impulsan el proyecto.
"Sería bueno conocer los fundamentos de quienes lo impulsan", expresó. Y enfatizó: "Claramente el trabajo debe ser remunerado, sea cual fuere, en atención a que uno dedica todo su tiempo y profesionalismo a esto. Como cualquier trabajo que se realiza en el Estado".
Comité contra la Tortura
Por su parte, Andrés Giordamachi, representante de la Cámara de Senadores en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, señaló que todavía no fijaron una posición institucional sobre la propuesta.
"El lunes recién vamos a tener una reunión con el equipo de trabajo y ahí vamos a brindar una opinión y una posición al respecto", indicó. "Todavía es muy apresurado y no estudiamos como corresponde el proyecto", agregó.
Giordamachi también afirmó que no pudieron dialogar con los diputados que impulsan la modificación legislativa. "Tampoco pudimos hablar con ninguno de los que están impulsando el proyecto", dijo.
Actualmente, los comisionados alcanzados por el cambio serían Giordamachi y Ramón Rosa Corregidor, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente. "Los comisionados que tienen vigente el cargo somos Corregidor y yo, a quienes nos afecta", explicó.
"Optimizar los recursos del Estado"
Sobre los fundamentos de la iniciativa, la diputada provincial Laura Cartuccia, una de las firmantes del proyecto, sostuvo que la medida apunta a adecuar el funcionamiento de ambos organismos al contexto económico actual y al esquema de congelamiento salarial impulsado por el Gobierno provincial. "Lo que nosotros estamos buscando en este proyecto de ley es que sean totalmente ad honorem", afirmó la legisladora. Y agregó que la propuesta "está en consonancia con las distintas actividades que está llevando adelante el Gobierno de la Provincia con respecto a la congelación de los sueldos".
Cartuccia señaló además que quienes integren estos organismos deberán seguir acreditando antecedentes, trayectoria y formación específica en las temáticas abordadas tanto por el Observatorio como por el Comité contra la Tortura. "Deben presentar documentación que avale su honorabilidad, su integridad, la ética y conocimientos profesionales destacados sobre estos temas", indicó.
La diputada remarcó que el proyecto busca "optimizar la administración de los recursos públicos" en un escenario de restricciones presupuestarias. "Todos estamos haciendo un esfuerzo, la gente está haciendo un esfuerzo y nosotros también debemos hacerlo", expresó. Cartuccia dijo que el proyecto comenzará a ser tratado en comisión el próximo lunes, y por ende, "se harán las consultas respectivas". La legisladora también defendió la eliminación de incompatibilidades en el Comité contra la Tortura. Según explicó, el objetivo es evitar superposición de ingresos estatales. No obstante, reconoció que todavía no cuentan con una estimación concreta sobre cuánto dinero ahorraría la Provincia si se aprueba la reforma.