inicia sesión o regístrate.
Un operativo judicial y policial se concretó este viernes en el paraje San Gabriel, departamento de Cachi, donde efectivos de Infantería y personal de la Justicia avanzaron con una orden de desalojo sobre una familia asentada en la zona de Las Pailas, en el marco de un conflicto por tierras que se extiende desde hace más de una década.
La medida se ejecutó sobre uno de los grupos familiares vinculados a la denominada comunidad indígena Diaguita Calchaquí Las Pailas, integrada por unas 40 familias, según sus propios registros. El expediente que dio origen a la orden judicial fue iniciado en 2010 por los propietarios de los terrenos, encabezados por María Florencia Wayar y otros integrantes de esa familia.
El proceso permaneció paralizado durante años debido a la vigencia de la Ley Nacional 26.160, que suspendió los desalojos de comunidades indígenas mientras se realizaban relevamientos territoriales. Sin embargo, el expediente volvió a activarse en los últimos meses y derivó en la ejecución de la medida ordenada por la Justicia.
Desde la comunidad sostuvieron que presentaron diversos planteos para frenar el avance de la causa, entre ellos pedidos de intervención del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, además de solicitar la prescripción del expediente. Según denunciaron, ninguno de esos recursos prosperó.
Más de una década
Detrás del operativo subyace una disputa mucho más profunda que excede el caso puntual de la familia desalojada. El conflicto por las tierras de Las Pailas forma parte de una serie de reclamos territoriales surgidos en distintos puntos de los Valles Calchaquíes durante los últimos años, donde propietarios rurales denunciaron ocupaciones impulsadas bajo reivindicaciones de pertenencia de supuestas comunidades originarias.
Los titulares de las fincas involucradas sostienen que varios de los ocupantes fueron inicialmente arrendatarios que dejaron de abonar los cánones correspondientes y posteriormente comenzaron a reivindicar derechos ancestrales sobre los terrenos. Según esa versión, las ocupaciones se extendieron progresivamente hacia áreas productivas, cursos de agua y sectores estratégicos para la actividad agropecuaria.
En ese contexto, los propietarios cuestionan además la legitimidad de las supuestas comunidades que reclaman derechos territoriales en la región y sostienen que detrás de esos procesos existieron intereses políticos y organizaciones externas que promovieron los conflictos.
Antecedentes y denuncias
Las controversias en torno a la conformación de algunas comunidades diaguitas calchaquíes de los Valles Calchaquíes alcanzaron repercusión nacional en 2017, cuando el programa Periodismo Para Todos difundió un informe sobre ocupaciones de tierras en Salta bajo el título "La guerra de la tierra".
En ese trabajo periodístico, productores rurales denunciaron la existencia de comunidades que consideraban "truchas" o irregularmente constituidas para respaldar reclamos territoriales. Entre los casos expuestos figuraron conflictos en La Poma y Payogasta, donde propietarios afirmaron haber sufrido ocupaciones de campos productivos por parte de grupos que se identificaban como integrantes de comunidades diaguitas calchaquíes.
También se cuestionó el liderazgo de Armando Salva, referente de una de las comunidades involucradas en esos reclamos, y se pusieron en duda algunos de los mecanismos utilizados para obtener reconocimiento institucional.
Un precedente
La comunidad de Las Pailas advirtió que existen otros procesos judiciales similares en curso dentro del denominado Alto Valle y expresó su preocupación por el alcance que pueda tener la resolución adoptada en este expediente. Para los propietarios de las tierras, en cambio, la ejecución del desalojo representa un avance en un litigio que lleva más de quince años y que consideran emblemático dentro de los conflictos por la propiedad rural en los Valles Calchaquíes.
La decisión judicial vuelve a poner en primer plano una discusión que atraviesa a la región desde hace años: la tensión entre los reclamos territoriales de grupos que reivindican una supuesta pertenencia indígena y los derechos de propiedad invocados por los titulares registrales de las fincas, una controversia que continúa acumulando expedientes en los tribunales salteños.