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Un importante despliegue policial se realizaba en la mañana de este viernes en el paisaje tranquilo de Cachi. El objetivo está en el paraje San Gabriel, en el departamento de Cachi, donde efectivos de Infantería y personal judicial avanzaban con una orden de desalojo contra integrantes de la familia Mamani, pertenecientes a la comunidad indígena Aguita Calchaquí y Las Pailas.
Según denunció el referente indígena Ulises Yañez —integrante de la comunidad—, la medida se concretó luego de varios años de litigio judicial por la posesión de tierras ocupadas ancestralmente por familias originarias de la zona.
"Nos enteramos que se hacía efectivo el desalojo. Los hermanos nos informaron que llegaron dos colectivos de Infantería y una gran cantidad de policías. Cerraron todos los ingresos y egresos de la comunidad, incluso la escuela de la zona", relató.
Un conflicto que se remonta a 2010
El expediente judicial que derivó en la orden de desalojo se inició en 2010. Tres años después, la ejecución fue suspendida al amparo de la Ley Nacional 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena y suspendió los desalojos de comunidades originarias mientras se realizaban los relevamientos territoriales.
Sin embargo, referentes de la comunidad sostienen que durante los últimos meses la causa volvió a activarse. Entre las actuaciones recientes mencionan una inspección ocular realizada el 2 de marzo de este año por orden del Juzgado Civil y Comercial N.º 5, a cargo de la jueza María Díez Barrantes, con el objetivo de verificar la ocupación efectiva del territorio por parte de las familias involucradas.
La comunidad también asegura haber presentado diversos escritos solicitando la prescripción del expediente y la participación institucional del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas. Según denunciaron, ninguno de esos planteos fue admitido por el tribunal.
Preocupación por nuevos casos
La comunidad indígena Diaguita Calchaquí de Las Pailas está integrada por unas 38 a 40 familias. El litigio actual involucra directamente a cuatro grupos familiares, entre ellos la familia de don Agustín Mamani, sobre quienes recae la orden de desalojo.
Los comunitarios advierten que existen otros procesos judiciales similares en curso y temen que la resolución adoptada en este expediente siente un precedente para nuevas expulsiones de familias indígenas del territorio del denominado Alto Valle.
El reclamo judicial es impulsado por María Florencia Wayar y otros integrantes de su familia, quienes figuran como titulares de las tierras en disputa.