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El valor del pasaje en los servicios interurbanos del interior de la provincia registrará un incremento promedio del 30%, que se aplicará de manera escalonada a partir del 1 de julio. El aumento se distribuirá en tres tramos del 10%, cada uno, en julio, agosto y septiembre. Así lo confirmó ayer la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), tras completar las evaluaciones del pedido de readecuación tarifaria que se trató en la audiencia pública del pasado 11 de junio en La Viña.
Desde el organismo se aclaró que la nueva tarifa alcanzará exclusivamente a los servicios interurbanos de transporte del interior, que tuvieron la última actualización en septiembre de 2025, y no al sistema que administra Saeta en la región metropolitana de Salta.
En la audiencia pública que se realizó en La Viña referentes del transporte público de pasajeros del interior plantearon que, por los fuertes aumentos acumulados en el combustible, los salarios, respuestos y el mantenimiento de las unidades, los servicios necesitaban una recomposición tarifaria del 40%, pero advirtieron que trasladar todo ese esfuerzo al usuario podría provocar una mayor caída de la demanda y agravar la crisis.
Uno de los expositores, Rodrigo Contreras, solicitó que la Provincia acompañe a las líneas de colectivos del interior, tal como lo hace con el sistema del área metropolitana, para preservar un servicio esencial, proteger herramientas como el boleto estudiantil, garantizar la conectividad de distintas localidades y el acceso a la educación, al trabajo y a la salud de miles de salteños. Otro referente del sector, Eduardo Vilte, centró su exposición en la dificultad que implica poder cubrir los costos con una nueva tarifa ante la migración de la demanda hacia el transporte ilegal.
En las zonas de frontera, vehículos que antes solo movían mercaderías, hoy también transportan personas con cobro de pasajes.
Con esas observaciones, se hizo notar el riesgo que supone aumentar tarifas en un escenario caracterizado por la expansión del transporte informal y la falta de controles, ya que trasladar todos los incrementos de costos al valor del boleto podría ahondar el problema. Los exponentes remarcaron que cada aumento tarifario incentiva la migración de usuarios hacia alternativas informales que operan sin soportar las mismas cargas ni obligaciones. Advirtieron que aumentar tarifas, sin atacar simultáneamente la ilegalidad, podría convertirse en un tiro de gracia para muchas empresas del interior.
El escenario descripto
La crisis actual es consecuencia de una combinación de factores que incluyen una marcada desigualdad en el financiamiento respecto del sistema metropolitano, la creciente proliferación del transporte ilegal, la ausencia de controles efectivos y la falta de una política integral que garantice la sustentabilidad del transporte público de pasajeros en el interior.
Lejos de tratarse de una cuestión exclusivamente empresarial, está en juego la conectividad de miles de personas que diariamente utilizan el servicio para acceder al trabajo, la educación, la salud y otras actividades esenciales.
En la provincia conviven dos sistemas con realidades completamente distintas. Por un lado, el metropolitano administrado por SAETA, que cuenta con una importante participación del Estado provincial en su financiamiento. Por otro, el transporte del interior, que se sostiene prácticamente con la tarifa abonada por los usuarios.
Existe una percepción creciente en empresas del interior respecto de que la AMT focaliza la fiscalización sobre operadores formales. Aguardan, de parte del organismo, una política activa de fiscalización del transporte ilegal y una estrategia integral de defensa del sistema.
Los datos contenidos en la Ley de Presupuesto Provincial muestran esa diferencia. Mientras el Estado provincial financia aproximadamente el 65% de los ingresos del sistema metropolitano, en una empresa modelo del interior esa participación alcanza solo el 2,79%.
A esa brecha se suma un factor que se ha profundizado en los últimos años: el crecimiento del transporte ilegal. La pérdida de pasajeros que experimentan las empresas habilitadas no puede explicarse únicamente por razones económicas. En distintas zonas de la provincia han proliferado modalidades de transporte informal que compiten directamente con los servicios regulares sin estar sometidas a las mismas exigencias técnicas, laborales, tributarias y de seguridad.