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Los diputados provinciales de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para prohibir de manera total el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad en todas las unidades penitenciarias de Salta. La iniciativa será tratada hoy en la Cámara de Diputados y propone además la instalación de inhibidores de señal y la implementación de un sistema de comunicaciones institucionales controladas. No obstante, fuentes del Servicio Penitenciario afirmaron que el Reglamento interno de unidades carcelarias ya fija prohibicion del uso de celulares y citaron la Resolución N 159/02 de la Secretaría de Justicia.
La propuesta fue impulsada por los legisladores Eduardo Virgili, Andrés Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids Cornejo, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Franco Lastra y Sergio López.
El proyecto establece que los internos no podrán poseer ni utilizar celulares, smartphones, tablets, computadoras portátiles con conectividad ni ningún otro dispositivo capaz de realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a internet. Asimismo, plantea dejar sin efecto cualquier normativa o disposición administrativa que actualmente permita el uso de teléfonos personales dentro de los establecimientos penitenciarios.
En reemplazo de esos dispositivos, la iniciativa contempla que el derecho a la comunicación se ejerza exclusivamente a través de teléfonos fijos o equipos móviles institucionales provistos por el Servicio Penitenciario. Las llamadas tendrían un límite de 40 minutos diarios, en horarios determinados, y quedarían registradas y supervisadas por las autoridades. Solo quedarían excluidas de cualquier control las comunicaciones entre los internos y sus abogados defensores.
El proyecto también prevé la habilitación de videollamadas institucionales en espacios especialmente acondicionados y con registro audiovisual.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la obligación de instalar sistemas de inhibición de señal celular e internet en todos los pabellones, módulos y perímetros de las cárceles provinciales. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá coordinar acciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y realizar estudios técnicos que garanticen que la interferencia quede confinada al interior de los establecimientos, sin afectar las comunicaciones de los vecinos ni los servicios de emergencia.
Los legisladores libertarios sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad penitenciaria y evitar que desde las cárceles se continúen realizando maniobras delictivas mediante teléfonos celulares.