inicia sesión o regístrate.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó una acusación formal contra el extitular de la Sociedad del Estado Pan Solidario, Luis Emilio Fayón Medina, y dos familiares de su entorno por un presunto fraude a la administración pública cometido durante su gestión al frente de la denominada Panadería Social.
La acusación fue presentada por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio ante la Oficina Judicial. Fayón Medina, quien presidió el organismo entre abril de 2021 y enero de 2024, fue acusado como autor del delito, mientras que su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez, fueron imputadas como partícipes necesarias.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en mayo de 2024 por la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, durante su gestión se habrían realizado contrataciones con proveedoras vinculadas a su grupo familiar.
De acuerdo con la acusación, ambas mujeres fueron incorporadas como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones que hoy son objeto de investigación y no registraban antecedentes comerciales ni experiencia previa en la actividad.
La Fiscalía indicó que las contrataciones realizadas con Roxana González Domínguez alcanzaron los 48,8 millones de pesos, mientras que las efectuadas con Josefina González Domínguez superaron los 7,7 millones de pesos.
Uno de los principales ejes de la investigación se centra en presuntos faltantes de mercadería. Según un informe elaborado por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, parte de los insumos facturados no habría ingresado efectivamente al organismo ni quedado registrada en stock. La proyección actualizada de uno de los análisis realizados supera los 150 millones de pesos.
Además, los investigadores detectaron diferencias entre algunos precios abonados y los valores de mercado. Entre los casos señalados figura la compra de margarina premium en presentaciones de 10 kilogramos a precios considerablemente superiores a los habituales, con un perjuicio económico estimado en más de 3,3 millones de pesos.
La acusación también menciona la adquisición de materias primas en volúmenes superiores a los requeridos para la producción de la panadería.
La hipótesis
Para la Fiscalía, Fayón Medina autorizaba las contrataciones y los pagos observados, mientras que las proveedoras participaban del circuito de facturación de las operaciones investigadas. La hipótesis sostiene que el mecanismo permitió el desvío de fondos mediante compras presuntamente sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y contrataciones incompatibles con las obligaciones inherentes al cargo.