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El abogado previsionalista Adrián Tróccoli participa en Salta de un congreso organizado por la Caja de Abogados, donde expuso sobre los desafíos de una eventual reforma previsional. Es abogado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 2004 es socio en el estudio jurídico que lleva su apellido. En diálogo con El Tribuno, analizó la situación de los jubilados en general, y la de los salteños en particular; la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años y el rol de la Justicia como principal herramienta para reclamar mejoras en los haberes.
¿Qué lo trae a Salta?
Vine a participar de un congreso previsional. Son unas jornadas donde nos reunimos colegas de distintas provincias para debatir temas vinculados al sistema jubilatorio y los desafíos que tenemos por delante.
¿Cuáles son los temas centrales de ese debate?
En mi caso vine a exponer sobre los posibles puntos de una reforma previsional. Son cuestiones bastante técnicas y también especulativas. La idea es debatir entre especialistas cuáles podrían ser los caminos o el norte hacia donde debería dirigirse el sistema.
Más allá de una eventual reforma, usted suele advertir sobre la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. ¿Cuál es hoy la situación?
Hay que distinguir dos grupos. Por un lado están quienes cobran la jubilación mínima con bono y, por otro, quienes perciben haberes superiores. Los jubilados que no dependen del bono tuvieron una leve mejora respecto de la inflación durante el último año. Pero los que cobran la mínima siguen muy perjudicados porque el bono de 70.000 pesos quedó congelado desde marzo de 2024.
¿Qué significa eso en términos concretos?
Que el bono perdió gran parte de su valor real. Si se hubiera actualizado por inflación, hoy tendría que valer casi el triple. Mientras tanto, los jubilados que vienen cobrando desde hace cinco o seis años perdieron aproximadamente la mitad de su poder adquisitivo.
¿Cuánto deberían aumentar las jubilaciones para recuperar ese nivel de ingresos?
Hoy habría que duplicar las jubilaciones para que un jubilado tenga el mismo poder de compra que tenía hace cinco o seis años. Esa es la magnitud del deterioro acumulado.
¿La actual fórmula de movilidad alcanza para revertir esa situación?
No. La fórmula actual acompaña la inflación, pero no recupera lo perdido durante tantos años. Lo máximo que puede hacer es mantener el poder adquisitivo. Si el índice de la inflación oficial sigue bajando, la mejora para los jubilados prácticamente desaparece porque no hay ningún mecanismo de recomposición.
La pérdida de los haberes no es un fenómeno reciente...
No. Es algo que viene ocurriendo desde hace décadas. En los últimos años fue especialmente fuerte durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando los jubilados perdieron muchísimo poder adquisitivo. Pero si uno mira más atrás encuentra antecedentes similares. El presidente (Carlos) Menem congeló las jubilaciones y perdió juicios en la Corte. Néstor Kirchner también perdió el caso Badaro (Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSES). Son problemas que se repiten en distintos gobiernos.
¿Hay perspectivas de una solución política desde el Congreso?
Por ahora no. Las iniciativas que se discutieron recientemente apenas corregían una pequeña parte del problema. No abordaban la pérdida acumulada de años anteriores. Hoy no veo expectativas concretas de una solución integral desde el Congreso.
¿Por qué cree que ningún gobierno avanza en una recomposición más profunda?
Porque es una decisión muy costosa fiscalmente y además la experiencia política muestra que no necesariamente tiene recompensa electoral. La llamada Reparación Histórica durante el gobierno de Mauricio Macri intentó corregir parte de los atrasos, pero eso no evitó que perdiera las elecciones. Es un tema complejo.
Ante ese escenario, ¿el camino sigue siendo la Justicia?
Lamentablemente sí. Hoy la principal herramienta que tiene un jubilado para reclamar una mejora es iniciar un juicio.
¿Cuánto demora un proceso de este tipo en Salta?
Salta tiene una ventaja respecto de otras jurisdicciones. Los juicios previsionales suelen resolverse en alrededor de tres años, lo cual para este tipo de litigios es relativamente rápido. Además, la Cámara Federal de Salta suele rechazar recursos de la ANSES que en otros lugares terminan llegando a la Corte Suprema, lo que acorta considerablemente los tiempos.
¿Existe la posibilidad de una demanda colectiva que beneficie a todos los jubilados?
No. La Corte Suprema fue muy clara el año pasado al señalar que estos reclamos deben tramitarse de manera individual. No va a haber una solución colectiva que alcance automáticamente a todos los jubilados. Cada caso debe plantearse por separado.
Entonces, ¿cuál es hoy el panorama para los jubilados?
La realidad es que las jubilaciones siguen muy deterioradas. No hay una propuesta política concreta para recuperar lo perdido y la única vía efectiva que queda es la judicial. Mientras tanto, el desafío de fondo sigue siendo cómo construir un sistema que garantice ingresos dignos para quienes ya terminaron su vida laboral.