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La muerte de Thiago, el niño de dos años que, según la investigación encabezada por el fiscal Daniel Espilocín, murió por asfixia y ahorcamiento, y que tiene imputados a su madre María del Milagro Cuellar Medina (19) y Franco Nicolás Funes (32), pareja de ella, ya no interpela únicamente a los dos acusados. El crimen comenzó a exponer la falta de respuesta o inacción del Estado para proteger al menor.
En la investigación, Espilocín confirmó que, al consultar los sistemas informáticos del Ministerio Público Fiscal, surgieron antecedentes de denuncias realizadas contra la madre por presuntos malos tratos. La confirmación del fiscal reforzó un dato que la familia paterna viene sosteniendo desde el primer día: que existían advertencias previas sobre el contexto en el que vivía el menor.
Los abuelos paternos aseguran que presentaron cinco denuncias por presuntos maltratos contra la madre de Thiago antes de su muerte. "La Justicia no supo ampararlo teniendo pruebas y sabiendo el maltrato que sufría", afirmó públicamente Marta Salazar, abuela del niño, quien también aseguró que hacía casi tres meses que no podían verlo porque, según relató, la madre impedía el contacto con la familia paterna.
Ayer, en el sepelio, el padre del niño, Hugo Altamirano, en medio del dolor, apuntó contra los acusados y también cuestionó duramente la intervención de la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia.
El hombre aseguró que, mientras enfrentaba denuncias que calificó como falsas, pidió ayuda para resolver la situación familiar, pero no habría recibido respuestas suficientes. "Cuando me hacían denuncias falsas, me dijeron que busque por mi lado qué hacer. Me pusieron restricciones. La Secretaría activó los protocolos para mí, pero no para ella", cuestionó.
Los conflictos familiares tampoco eran desconocidos para la Justicia. Las denuncias cruzadas entre Hugo Altamirano y María del Milagro Cuellar Medina dieron origen a causas que tramitaron en dos Juzgados de Violencia Familiar y de Género.
Sin embargo, pese a las denuncias, los expedientes y las intervenciones institucionales, Thiago terminó asesinado. El lunes por la noche fue trasladado por su madre al hospital Papa Francisco y, debido a la gravedad de su estado, derivado al hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales. Según la hipótesis fiscal, el niño murió por asfixia y ahorcamiento.
Por ese hecho, Franco Nicolás Funes fue imputado por homicidio agravado por alevosía, al ser señalado como presunto autor material del crimen, mientras que María del Milagro Cuellar Medina fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, al atribuirle una conducta omisiva frente a lo ocurrido con su hijo. Ambos permanecen con prisión preventiva mientras continúa la investigación.
El padre también reclamó que le restituyan la guarda de T., el hermano menor de Thiago, actualmente bajo resguardo estatal, y exigió que se investigue si existieron omisiones por parte de los organismos que debían intervenir antes de que ocurriera el crimen. "Ahora quieren activar protocolos. Yo quería que actuaran antes", cuestionó.
Consultado por El Tribuno, el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, sostuvo que será necesario determinar si existían denuncias anteriores y cómo actuaron tanto la Justicia como los organismos competentes. "Es importante que se busquen todas las responsabilidades, sean gubernamentales, familiares o de quienes debían intervenir", afirmó.
El ministro Ignacio Jarsún calificó el crimen como uno de los hechos más dolorosos que puede atravesar una sociedad y sostuvo que no existen palabras para describir lo ocurrido.
"Es algo aberrante. Cuando se toca a un chico no hay palabras que puedan explicar semejante situación. Los niños no tienen ninguna posibilidad de defensa. Si se confirma que
Cinco claves del caso
- Denuncias previas: El fiscal confirmó que existían antecedentes de denuncias por presuntos malos tratos.
- Cinco advertencias: La familia paterna asegura que denunció en cinco oportunidades la situación de Thiago.
- Causas judiciales: Las denuncias cruzadas de los padres tramitaron en dos juzgados y luego fueron unificadas.
- Actuación bajo análisis: Funcionarios provinciales admitieron que deberá revisarse cómo actuaron la Justicia y los organismos de protección.
- Sin respuesta oficial: La Secretaría de Niñez no respondió los cuestionamientos y dijo que aguardará el avance de la investigación judicial.