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La Corte de Justicia de Salta deberá resolver la apelación presentada por el diputado provincial y convencional constituyente Guillermo Durand Cornejo, quien cuestionó la renovación de los mandatos de las juezas de Corte Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo por considerar que vulnera el artículo 156 de la Constitución provincial, reformada en 2021.
Antes de analizar el fondo del planteo, el máximo tribunal deberá definir con qué integración resolverá el caso. En su presentación, Durand Cornejo solicitó que los nueve jueces evalúen excusarse por entender que la imparcialidad podría verse comprometida si son los propios integrantes de la Corte quienes deciden sobre la continuidad de dos de sus colegas.
La causa llegó al máximo tribunal luego de que la jueza de primera instancia Graciela Moreno rechazara "in limine" la demanda al considerar que el legislador carecía de legitimación para iniciar la acción, ya que no acreditó un perjuicio personal, concreto y diferenciado respecto del resto de los ciudadanos.
El diputado apeló esa resolución y sostuvo que promovió una acción preventiva de daños, prevista en el Código Civil y Comercial, que solo exige demostrar un "interés razonable". En ese sentido, argumentó que su condición de convencional constituyente que participó de la reforma constitucional de 2021 le otorga legitimación para reclamar el cumplimiento de la nueva norma.
En caso de un fallo adverso, Durand Cornejo ya dejó planteada la reserva del caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El planteo también cuestiona que la Justicia evite pronunciarse sobre el fondo de la controversia mediante argumentos procesales vinculados a la legitimación. Según la apelación, la discusión central es determinar si la reforma constitucional, que limitó los mandatos de los jueces de la Corte, resulta de aplicación inmediata para quienes ya integraban el tribunal al momento de su sanción.
Durand Cornejo sostiene que el propio máximo tribunal ya fijó ese criterio en otros antecedentes, al interpretar que la reforma constitucional entró en vigencia desde su promulgación, incluso respecto de situaciones jurídicas preexistentes. Por ello, considera que el mismo criterio debería aplicarse para analizar la continuidad de las magistradas.
El legislador también advirtió que, si se confirma el rechazo por falta de legitimación, se sentaría un precedente que dificultaría el control judicial sobre eventuales actos contrarios a la Constitución provincial, al impedir que cualquier ciudadano pueda cuestionarlos.