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La disputa entre el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), Carlos "Uluncha" Saravia, y el diputado provincial Daniel Segura escaló a la Justicia. El titular del organismo presentó una denuncia penal contra el legislador por presunta omisión maliciosa de declaración jurada, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y coacción agravada contra un funcionario.
Según explicó Saravia a El Tribuno, la presentación se sustenta en la supuesta incompatibilidad entre la banca legislativa de Segura y su participación accionaria en la empresa Miguel Segura S.A., que entre 2021 y 2026 obtuvo contrataciones con el Estado provincial por más de $674 millones. Además, afirmó haber sido víctima de presiones e intimidaciones tras cuestionar públicamente a esa firma.
El funcionario sostuvo que presentó ante la Justicia las declaraciones juradas del diputado, en las que, según denunció, habría omitido informar su participación accionaria en la empresa. También aseguró haber entregado su propia declaración patrimonial y afirmó que la sociedad no podría haber contratado con el Estado si se hubiera declarado correctamente esa situación.
Saravia también sostuvo que el legislador no puede percibir una dieta como diputado y, al mismo tiempo, beneficiarse indirectamente de las ganancias de una empresa que mantiene contrataciones con el Estado provincial. Aseguró que toda la documentación respaldatoria ya fue incorporada tanto a la denuncia penal como a la presentación realizada ante la Procuración General.
Segura rechazó las acusaciones y sostuvo que la denuncia busca desviar la atención del reclamo que impulsa por la sobrefacturación de EDESA en General Güemes. "Lo que tiene que explicar Saravia es por qué el Ente no detectó los errores que afectaron a cientos de usuarios", afirmó.
El legislador aseguró que responderá ante la Justicia cuando sea requerido y explicó que integra Miguel Segura S.A. como director suplente de una empresa familiar. "Yo no defino contrataciones del Estado porque soy diputado y no funcionario del Ejecutivo. Si la Justicia determina que existe alguna incompatibilidad, me haré cargo", sostuvo.
El enfrentamiento entre ambos comenzó tras la protesta de vecinos de General Güemes por errores en la facturación del servicio eléctrico. La distribuidora Eedesa reconoció fallas que afectaron a 991 usuarios y el Eresp le aplicó una multa de $238 millones.