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El conflicto que mantuvo suspendidos los servicios nocturnos de colectivos en Salta y el área metropolitana quedó momentáneamente destrabado tras el acuerdo alcanzado entre SAETA y los empresarios del transporte. Sin embargo, detrás de la normalización del servicio persiste una pregunta que ni las reuniones ni los desembolsos de último momento lograron responder: cómo hará el sistema para evitar que la crisis vuelva a repetirse dentro de algunas semanas o algunos meses, tal como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte.
La reunión de ayer realizada entre directivos de SAETA y representantes de las empresas permitió acordar el pago de parte de la deuda reclamada por los operadores y restablecer las frecuencias nocturnas que permanecían interrumpidas desde el domingo. Pero el propio presidente del directorio de SAETA, Claudio Mohr, en contacto con El Tribuno, admitió que el sistema atraviesa problemas estructurales que obligan a replantear su funcionamiento.
La situación expone una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Gobierno provincial celebra haber evitado una paralización mayor del transporte, la discusión de fondo sigue pendiente: el modelo que durante años fue presentado como uno de los más modernos y eficientes del país, hoy navega en aguas de incertidumbre, sostenido por acuerdos transitorios, inyecciones permanentes de fondos públicos y correcciones que llegan cuando las cuentas vuelven a quedar en rojo.
Una crisis que se repite
La interrupción de los servicios nocturnos no fue un hecho aislado. Durante los últimos meses los reclamos empresariales se volvieron recurrentes y las negociaciones para evitar reducciones de frecuencias o suspensiones del servicio comenzaron a formar parte de la agenda habitual.
Aunque SAETA rechaza la existencia de una deuda acumulada de largo plazo y sostiene que los pagos corresponden a diferencias operativas de corto plazo, los empresarios advierten periódicamente sobre atrasos que afectan la compra de combustible y el funcionamiento normal de las unidades.
El resultado siempre termina siendo el mismo: miles de usuarios afectados por un conflicto que reaparece una y otra vez sin una solución definitiva.
Lo que hay que cambiar
Quizás el dato más relevante de la entrevista fue que el propio presidente de SAETA enumeró los puntos que, a su criterio, deben ser revisados para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.
Entre ellos mencionó la necesidad de racionalizar el esquema de gratuidades, revisar los recorridos y la cantidad de unidades en circulación, controlar el impacto de las plataformas digitales de transporte y adecuar la oferta de colectivos a la demanda real de pasajeros.
Son medidas que aparecen como indispensables para equilibrar los números, pero que inevitablemente abren otro interrogante que nadie, ni los funcionarios y mucho menos los empresarios se animan a responder: si esos factores son parte central del problema, ¿por qué no fueron corregidos antes de que la crisis llegara nuevamente a poner en riesgo la prestación del servicio?
Uno de los conceptos más contundentes que dejó Mohr fue la referencia al sistema de gratuidades heredado de gestiones anteriores.
El funcionario habló de un esquema que encontró "descontrolado" y cuestionó el otorgamiento masivo de pases gratuitos que se consolidó durante los últimos años.
Negociaciones para evitar reducciones las de frecuencias o suspensiones del servicio comenzaron a formar parte de la agenda habitual.
Sin mencionar responsables directos, la descripción remite a una política impulsada durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, período en el que se ampliaron significativamente los beneficios para distintos sectores. "Hubo una distribución a mansalva de las gratuidades" aseguró el funcionario, poniendo énfasis en un punto crítico sobre el déficit del sistema, pero que hasta aquí siempre se ocultó bajo los argumentos de la quita de subsidios a nivel nacional.
Mohr planteó la necesidad de revisar si corresponde que determinados usuarios continúen accediendo a gratuidades totales financiadas por el conjunto de los contribuyentes y sostuvo que existen casos donde el beneficio podría no estar llegando a quienes realmente lo necesitan.
La definición resulta especialmente significativa porque representa uno de los primeros reconocimientos explícitos desde la conducción del sistema respecto de que la expansión de los boletos gratuitos terminó generando un impacto económico que hoy condiciona las finanzas del transporte.
Menos pasajeros
Pero la ecuación económica tampoco ayuda. Según los datos expuestos por el titular de SAETA, la cantidad de pasajeros transportados cayó alrededor de un 20% en los últimos dos años, mientras que el precio del combustible registró incrementos que llegaron a superar el 60% en apenas cincuenta días.
A eso se suma la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior, una decisión que obligó a la Provincia a incrementar su aporte para evitar un deterioro aún mayor del sistema.
El problema es que ninguno de esos factores parece tener una solución inmediata y que, sobre los males ya conocidos, tampoco parece existir la decisión política de avanzar con medidas que garanticen un servicio público y crucial para miles de habitantes.
El interrogante que sigue abierto
La crisis de esta semana terminó con un acuerdo. Pero el acuerdo no resolvió las causas que originaron el conflicto.
La mesa de trabajo anunciada por SAETA buscará revisar recorridos, frecuencias, gratuidades y costos operativos. Sin embargo, esas mismas cuestiones vienen siendo señaladas desde hace tiempo por empresarios, especialistas y sectores políticos sin que hasta ahora se haya producido una reforma profunda.
Si hay factores que son parte central del problema, ¿por qué no fueron corregidos antes de que la crisis llegara nuevamente?
Por eso, más allá de la tregua alcanzada, la sensación predominante es que el transporte salteño continúa funcionando sobre una estructura frágil, donde cada aumento de costos, cada caída de pasajeros o cada retraso en los ingresos vuelve a poner en tensión un modelo que aún no encuentra una fórmula definitiva para sostenerse.
Y mientras las discusiones se suceden entre despachos, planillas y negociaciones de emergencia, quienes terminan pagando las consecuencias son los miles de usuarios que dependen diariamente del colectivo para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales.