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La Justicia hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo sobre dos catastros en el norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
Por pedido del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte -Tartagal, Rosa Vélez Román, el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia ordenó ampliar una medida cautelar ambiental en contra Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, del norte provincial, y su recomposición ambiental.
El pedido del Ministerio Público Fiscal se basó en la ampliación de una de las medidas precautorias preexistentes con el fin de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental homologado en 2018.
La resolución elevó el embargo preventivo original -de más de $171 millones- que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal -catastros 30.746 y 30.747- ubicados en el departamento San Martín, hasta la suma de $21.805 millones, con el objetivo de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo.
Desde el Juzgado se consideraron acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.
En consecuencia, se ordenó la inscripción de la ampliación de la medida cautelar ambiental sobre los inmuebles involucrados y se dispuso notificar a la Dirección General de Inmuebles para su registración.
En su presentación, el Procurador con asistencia de la Relatoría Ambiental de Juan Sebastián Lloret, señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, lo que demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental.
Una maniobra de tierras a gran escala
Finca Cuchuy, un gran predio rural de unas 30 mil hectáreas, en el departamento San Martín, fue el epicentro de una de las controversias ambientales y territoriales más resonantes de la última década, por disputas que en 2017 excedieron los límites ambientales para transformarse también en un conflicto político, centrado en el manejo discrecional de territorios donde convergían intereses productivos, derechos posesorios y reclamos ancestrales.
El conflicto se desarrolló en el marco del proceso de revisión predial del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos impulsado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Aquella etapa estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos a los criterios utilizados para redefinir las categorías establecidas por la Ley Nacional de Bosques, que luego fueron incorporadas al ordenamiento territorial provincial. Las críticas apuntaban especialmente a la reclasificación de áreas verdes -aptas para determinados desarrollos productivos-, áreas amarillas -con restricciones y aprovechamiento controlado- y áreas rojas, consideradas de alto valor ambiental y donde la legislación prohíbe cualquier tipo de desmonte o actividad productiva.
En ese contexto, se denunciaron que los cambios introducidos respondían a criterios discrecionales que terminaron habilitando desmontes en zonas protegidas y al mismo tiempo habilitando traspasos inmobiliarios, donde Facundo Urtubey, el hermano del gobernador en aquel momento, estuvo también involucrado. Se advirtieron maniobras especulativas vinculadas al negocio de la tierra, que favorecieron emprendimientos de gran escala y generaron beneficios millonarios para sectores empresariales estrechamente vinculados al poder político provincial.