inicia sesión o regístrate.
La polémica por el proyecto hidroeléctrico El Carrizal, impulsado en Bolivia sobre la cuenca del río Camblaya-Pilaya, continúa sumando cuestionamientos a ambos lados de la frontera y promete cruzar a Paraguay. En las últimas horas, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) manifestó formalmente su rechazo a la iniciativa y reclamó la suspensión de cualquier avance hasta que se garantice el acceso a la información técnica y se cumpla con los procesos de consulta a las comunidades indígenas potencialmente afectadas.
La posición fue expresada mediante un pronunciamiento oficial firmado por el presidente del organismo, Enrique Arello, en el que se advierte que la obra podría generar impactos ambientales, culturales y sociales de alcance transfronterizo sobre la cuenca del Río Pilcomayo.
Desde el organismo señalaron que hasta el momento no han tenido acceso a la totalidad de los estudios técnicos, ambientales, productivos y sociales que respaldan el proyecto, situación que impide evaluar con precisión sus consecuencias sobre los territorios indígenas y los recursos naturales de los que dependen numerosas comunidades.
"En representación de los pueblos indígenas de Salta exigimos que se ponga a disposición toda la documentación pertinente para analizar la obra con total claridad", señala el documento.
Entre los principales cuestionamientos, el IPPIS sostiene que la construcción de la represa podría modificar el régimen natural del río, afectando la dinámica fluvial, la biodiversidad y la actividad pesquera que constituye una fuente fundamental de alimentación y sustento para numerosas familias del Chaco.
La institución advierte además que podrían producirse alteraciones en la calidad del agua y en los ecosistemas asociados a la cuenca, con consecuencias directas sobre los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales que los pueblos originarios mantienen desde hace generaciones en relación con el territorio.
Según el organismo, tampoco existen evaluaciones integrales sobre los impactos socioculturales ni propuestas concretas de mitigación, compensación o restauración que permitan proteger los derechos colectivos de las comunidades.
"Se prevén cambios en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, afectando sus formas de organización, sus usos y costumbres y su relación ancestral con el medio ambiente", sostienen.
Consulta previa
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con el cumplimiento de la Consulta Previa, Libre e Informada, un derecho reconocido por la legislación argentina y diversos tratados internacionales.
Desde el IPPIS afirman que las comunidades indígenas que podrían verse afectadas por la obra no fueron convocadas ni participaron de manera efectiva en el proceso de análisis del proyecto.
Por esa razón exigen el cumplimiento estricto de la normativa vigente y reclaman que cualquier decisión futura contemple los tiempos, mecanismos de participación y formas de organización propias de los pueblos originarios.
Asimismo, solicitaron la suspensión inmediata de toda actividad vinculada al proyecto hasta que se analicen los estudios correspondientes y se garantice la participación efectiva de las comunidades.
En Bolivia, esperan respuestas
Mientras tanto, en Bolivia continúan las expresiones de preocupación. "La Organización de Capitanías del Pueblo Weenhayek de Tarija (Orcaweta) y el Comité de Defensa del Río Pilcomayo mantienen el estado de emergencia declarado tras la reunión realizada recientemente en Villa Montes", informó El País de Tarija.
Las organizaciones aguardan una nueva convocatoria en la que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) deberá presentar los estudios técnicos completos de la iniciativa y responder a las observaciones planteadas por comunidades, organizaciones ambientales y especialistas.
Simmel Sánchez, integrante de Orcaweta, expresó que persisten dudas sobre los efectos que podría generar la obra sobre el Pilcomayo y las poblaciones que dependen del río para su subsistencia.
"Primero debe existir transparencia y estudios técnicos serios. No se puede avanzar mientras las comunidades continúan con incertidumbre sobre las consecuencias que podría traer esta obra", afirmó.
El dirigente también cuestionó que algunos sectores ya estén gestionando financiamiento internacional para la ejecución del proyecto cuando aún no existen conclusiones definitivas sobre sus impactos ambientales.
Un conflicto que trasciende fronteras
La discusión en torno a El Carrizal ya dejó de ser un debate exclusivamente boliviano. Las advertencias de científicos internacionales, los cuestionamientos de organizaciones ambientales, el rechazo de comunidades indígenas y ahora la postura institucional del IPPIS muestran que la preocupación se extiende a toda la cuenca trinacional del Pilcomayo.
Mientras los impulsores destacan los beneficios energéticos y productivos de la represa, las comunidades reclaman información completa, estudios independientes y el respeto a los derechos de participación antes de que se adopten decisiones que podrían modificar de manera permanente uno de los sistemas hídricos más importantes del Gran Chaco sudamericano.
El texto oficial
El 1 de junio de 2026, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta emitió el siguiente pronunciamiento oficial:
Motivos del rechazo
1. Falta de transparencia y acceso a la información
Hasta el momento, el IPPIS no ha recibido ni podido consultar la totalidad de los estudios técnicos, ambientales, productivos y sociales que sustentan el proyecto. La falta de datos claros, detallados y verificables impide evaluar sus verdaderos alcances, riesgos y consecuencias, vulnerando el derecho de las comunidades a conocer cómo se verán afectados sus territorios, recursos naturales y formas de vida. En representación de los pueblos indígenas de Salta, se exige que se ponga a disposición toda la documentación pertinente para garantizar que se pueda analizar la obra con total claridad.
2. Impactos graves en el entorno y la cultura
La construcción de la infraestructura alterará el régimen natural del río, generando riesgos para el ecosistema y las comunidades que dependen de él:
Se modificará la dinámica fluvial, poniendo en peligro las especies acuáticas y la actividad pesquera, que constituye una fuente fundamental de sustento y alimentación para muchas familias de las regiones afectadas.
Se producirá una pérdida de biodiversidad y se afectará la calidad del agua, alterando tanto el entorno natural como los saberes y prácticas tradicionales que han mantenido los pueblos originarios durante generaciones en relación con el territorio y el recurso hídrico.
Se prevén cambios en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, afectando sus formas de organización, sus usos y costumbres, y su relación ancestral con el medio ambiente. Ninguno de estos impactos ha sido evaluado en su totalidad ni se han propuesto medidas de mitigación, compensación o restauración que garanticen la conservación de los derechos culturales y la sostenibilidad de los medios de vida.
3. Incumplimiento del derecho a la consulta
El proyecto se desarrolla en un territorio habitado por comunidades que dependen directamente del río y sus recursos para su subsistencia, y que constituyen pueblos indígenas con derechos reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales vigentes. Es obligatorio realizar la Consulta Previa, Libre e Informada antes de ejecutar obras que afecten sus territorios, sus recursos y sus derechos colectivos, pero este proceso no se ha llevado a cabo de manera adecuada: las comunidades no han sido convocadas, informadas ni han podido participar activamente en la toma de decisiones, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales.
Solicitudes y posturas del IPPIS
Bajo la dirección de Enrique Arello y su directiva, la institución establece posturas y exigencias claras en nombre de los pueblos indígenas de Salta:
Se rechaza el avance del proyecto en las condiciones actuales, ante la falta de información completa, la insuficiencia de estudios que evalúen sus consecuencias y la omisión de los derechos de los pueblos y comunidades afectadas.
Se exige el estricto cumplimiento de la normativa vigente, garantizando la realización efectiva de la Consulta Previa, Libre e Informada, respetando los tiempos, las formas de organización y el derecho a decidir propio de los pueblos originarios.
Se pide suspender toda actividad relacionada con la ejecución de obras o la modificación del entorno natural, hasta que se analice la totalidad de la información técnica, ambiental, cultural y social, y se asegure la participación y el consentimiento libre e informado de las comunidades.
Se requiere la elaboración de un plan integral que contemple medidas de protección, compensación y desarrollo alternativo adecuado, para garantizar que la obra no ponga en riesgo el sustento de las familias, la conservación de los recursos naturales y la preservación de los saberes y prácticas tradicionales.
Para la directiva del IPPIS, la conservación del medio ambiente, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto por sus formas de vida son responsabilidades irrenunciables. El desarrollo de proyectos productivos debe realizarse bajo los principios de sostenibilidad, respeto y equidad, y no a costa de la degradación de los recursos ni de la vulneración de los derechos de las personas y comunidades.