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Luego de que la Justicia rechazara la acción que había presentado para impedir la continuidad de las postulaciones de María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo, juezas a las que el Senado otorgó un nuevo acuerdo el jueves para seguir en la Corte salteña, el diputado Guillermo Durand Cornejo apeló la resolución y pidió que sea declarada nula.
El recurso, interpuesto con el patrocinio de la abogada Ariadna Díaz, apunta directamente contra la sentencia de la jueza Graciela Moreno, quien el jueves rechazó "in limine" la demanda por considerar que el legislador carecía de legitimación para accionar. En la apelación, Durand Cornejo sostiene que la magistrada incurrió en errores de procedimiento y de interpretación jurídica, por lo que solicita que la resolución sea anulada y que el expediente vuelva a tramitarse ante otro juez. El escrito, entre sus principales argumentos, subraya que la jueza habría dictado sentencia sin resolver previamente dos planteos que habían sido formulados por el actor: una objeción sobre la competencia del fuero contencioso administrativo y una recusación sin causa.
Según el diputado, ambos planteos debían recibir tratamiento antes de cualquier decisión sobre el fondo del asunto, omisión que vulneró las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. En la resolución recurrida, la jueza concluyó que Durand Cornejo no acreditó un derecho subjetivo afectado ni un perjuicio concreto, personal y diferenciado respecto del resto de los ciudadanos, requisito que consideró indispensable para habilitar la intervención judicial.
"¿Alguien podría decir con sinceridad que un convencional que ha participado en la reforma no puede inmiscuirse en un planteo judicial sobre la reelección de dos magistrados?"
La apelación sostiene lo contrario. El legislador sostiene que promovió una acción preventiva de daños regulada por los artículos 1.711 a 1.713 del Código Civil y Comercial y que, en ese tipo de procesos, la ley no exige la afectación de un derecho subjetivo, sino únicamente la acreditación de un "interés razonable".
La controversia se originó por la decisión del Ejecutivo de impulsar nuevamente las postulaciones de Gauffin y Rodríguez Faraldo para que sigan como juezas de la Corte provincial. Durand Cornejo insiste en que la reforma constitucional de 2021 -de la que fue convencional- es clara al establecer que los jueces de la Corte duran diez años en sus funciones y "no pueden ser nombrados nuevamente". Por ello considera las renovaciones violatorias al artículo 156 de la Constitución.
Pedido de excusaciones plenas en el tribunal
En el recurso de apelación interpuesto, el diputado Guillermo Durand Cornejo invitó a los nueve integrantes de la Corte salteña a evaluar su excusación para intervenir en la causa por razones de "decoro y delicadeza".
Tras hacer notar que la discusión de fondo involucra directamente a la integración del máximo tribunal provincial, el legislador sostuvo que un "observador razonable" podría cuestionar la imparcialidad de los magistrados al momento de intervenir en el expediente.
Durand Cornejo hizo reserva del caso federal para recurrir, ante un eventual rechazo de los planteos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esta manera, los cuestionamientos formulados en torno de la interpretación del artículo 156 de la Constitución salteña, reformada a fines de 2021, podrían escalar hasta el máximo tribunal del país con un recurso extraordinario federal.