inicia sesión o regístrate.
La investigación por la muerte de los operarios Emanuel Aguirre y Raúl Torres, ocurrida el 5 de mayo durante tareas de mantenimiento del sistema cloacal de Rivadavia Banda Sur, registró un nuevo avance con la imputación de cuatro responsables de Aguas del Norte. La medida fue dispuesta por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien atribuyó distintas responsabilidades vinculadas con las condiciones en las que se desarrolló el operativo.
Los imputados son el jefe Operativo-Supervisor, el gerente Operativo del Interior Provincial, el coordinador de Higiene y Seguridad y la responsable del Área de Higiene y Seguridad. Todos fueron acusados provisoriamente como presuntos autores de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, por la muerte de los dos trabajadores, y de lesiones graves respecto del tercer operario que sobrevivió.
De acuerdo con la investigación, los trabajadores descendieron a una cámara cloacal de aproximadamente siete metros de profundidad sin detectores de gases, equipos de respiración autónoma, arneses, líneas de vida ni dispositivos de rescate. Las autopsias determinaron que Aguirre y Torres fallecieron por asfixia tóxica y, en uno de los casos, los estudios confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que puede acumularse en espacios confinados.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene además que los operarios no habrían recibido capacitación específica para desarrollar ese tipo de tareas y que los protocolos de seguridad previstos para estos trabajos no habrían sido cumplidos.
La reacción de la familia
Tras conocerse las imputaciones, Miguel Aguirre, padre de Emanuel, consideró que la medida representa "una pequeña luz" dentro de la investigación, aunque sostuvo que la familia espera que la causa continúe avanzando.
En diálogo con El Tribuno, recordó que durante los primeros meses mantuvieron escaso contacto con la Fiscalía y que gran parte de las presentaciones fueron impulsadas por los abogados que representan a la familia como querellante. "Vemos una pequeña luz en este proceso. Nosotros seguimos acompañando la investigación y esperamos que se pueda esclarecer completamente lo ocurrido", expresó.
Aguirre indicó además que, según la información que les transmitieron sus representantes legales, los cuatro imputados fueron citados a audiencia, pero optaron por no prestar declaración, haciendo uso de un derecho previsto por la ley.
El pedido de ampliar la investigación
Los padres de Emanuel sostienen que todavía deben esclarecerse distintos aspectos relacionados con la organización del operativo y la estructura de responsabilidades dentro de la empresa.
Carmen Flores, madre del trabajador fallecido, señaló que desde el inicio entendieron que debía analizarse cómo se encontraba organizada la cuadrilla y quiénes tenían funciones de conducción durante la intervención realizada ese día.
También reiteró que, según pudo reconstruir la familia a partir de testimonios y documentación incorporada a la causa, los operarios no contaban con capacitación específica para realizar tareas en espacios confinados. "La investigación tiene que permitir conocer cómo se organizaban estos trabajos y quiénes eran los responsables de garantizar las condiciones de seguridad", manifestó.
"Mi hijo hacía distintas tareas"
Otro de los planteos de la familia está relacionado con las funciones que desempeñaba Emanuel Aguirre dentro de la empresa.
Según explicó su madre, el joven estaba contratado como plomero, aunque realizaba tareas de distinta naturaleza, entre ellas trabajos vinculados tanto a redes de agua como al sistema cloacal, además del manejo de vehículos y otras labores operativas.
Para la familia, esos aspectos también deberían formar parte del análisis judicial respecto de la organización del trabajo.
Cambios después de la tragedia
Los padres de Emanuel aseguran que, tras las dos muertes, comenzaron a implementarse medidas que antes no existían.
Según indicaron, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) habría enviado una comunicación interna ordenando expresamente que ningún trabajador vuelva a ingresar a cámaras cloacales sin contar con todos los elementos de seguridad exigidos.
"Tuvo que pasar esta tragedia para que se empezaran a tomar medidas. Si eso realmente se cumple, significa que la muerte de nuestros hijos sirvió para evitar que vuelva a ocurrir algo similar", expresó Miguel Aguirre.
No obstante, afirmó que trabajadores de distintas localidades continúan informando sobre tareas realizadas sin la protección adecuada, por lo que considera que todavía existen falencias importantes.
El objetivo: evitar nuevas tragedias
Miguel Aguirre sostuvo que el principal objetivo de la familia es que el caso permita mejorar las condiciones de seguridad para todos los trabajadores.
En ese sentido, señaló que, después del accidente, tomaron conocimiento de que se reforzaron las instrucciones para impedir que los operarios ingresen a cámaras cloacales sin los equipos de protección correspondientes. "Si esas medidas realmente se cumplen, esperamos que ninguna otra familia tenga que atravesar una situación como la nuestra", afirmó.
Asimismo, expresó que el reclamo no se limita a la búsqueda de responsabilidades penales. "Queremos justicia por Emanuel, por Raúl Torres y por el trabajador que sobrevivió. Pero también queremos que quienes hoy trabajan puedan hacerlo con las condiciones de seguridad necesarias y regresar a sus casas todos los días", finalizó.
Mientras la causa continúa su curso en la Fiscalía de Pichanal, la familia Aguirre aseguró que seguirá acompañando el proceso judicial y aguardará los próximos avances de la investigación para que se determinen todas las responsabilidades que pudieran surgir del expediente.