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El ajuste previsional aplicado por el gobierno nacional, desde los inicios de la actual gestión, ha tenido en Salta un impacto que excede la discusión fiscal. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el congelamiento del bono complementario de los haberes mínimos y la eliminación del reintegro del IVA recortaron ingresos en uno de los sectores con menor margen para absorber aumentos: los jubilados y pensionados.
El trabajo puso la lupa sobre una provincia en la que viven más de 163.000 personas jubiladas. De ese total, más de 114.000 son beneficiarias del PAMI, un dato que muestra el peso social que tiene el sistema previsional y sanitario en la vida cotidiana de los adultos mayores salteños. Detrás de esos números hay personas que dependen de retraídos haberes para comprar alimentos y remedios, pagar servicios, sostener tratamientos médicos y, en muchos casos, ayudar a otros integrantes de la familia.
El principal dato del informe es el volumen de recursos que dejaron de recibir los jubilados de menores ingresos en Salta por el congelamiento del bono previsional. Desde marzo de 2024, ese refuerzo permanece en $70.000. Si se hubiese actualizado con la misma fórmula que el haber jubilatorio, en junio de 2026 debería haber llegado a $209.991. La diferencia acumulada entre abril de 2024 y junio de 2026 representa una pérdida de alrededor de $2.225.714 por jubilado.
Vivir con la mínima
Según estimaciones volcadas en el informe, alrededor de 83.463 jubilados salteños cobran la mínima con bono o menos, tomando como referencia que a marzo de 2025 el 51,1% de los jubilados del país se encontraba en dicha franja. Para ese universo, la pérdida agregada se ubicaría en torno de los $185.765 millones. Es dinero que no llegó a los bolsillos de los adultos mayores y que, por el perfil de consumo de esa amplia y vulnerable franja social, tampoco se volcó al circuito económico local.
Consultado por El Tribuno, desde el CEPA Salta el periodista especializado Martín van Dam puntualizó que la magnitud del recorte se explica por una característica central de los jubilados de menores ingresos: casi no tienen capacidad de ahorro. Por ende, la mayor parte de sus haberes se destina a consumos básicos e inmediatos. En la práctica, cada peso menos en una jubilación mínima significa menos compras en almacenes, supermercados, verdulerías, carnicerías y farmacias; menos pago de servicios; menos margen para afrontar consultas médicas, traslados o cuidados; y menos circulación de dinero en los barrios.
En Salta, donde una parte importante de la actividad comercial depende del consumo de cercanía, el efecto previsional no queda encerrado en la economía de los hogares. También se proyecta sobre comercios pequeños y prestadores de servicios, sobre todo en rubros básicos: alimentos, remedios, higiene, transporte, energía, gas y salud.
Bono congelado
El informe del CEPA remarca que el congelamiento del bono ha operado como una de las principales vías de ajuste previsional. Con una inflación estimada de 2% para junio de 2026, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la jubilación mínima con bono quedó 19,3% por debajo del nivel que tenía en el último trimestre de 2023. En el caso de la jubilación sin bono, la caída fue menor, pero igualmente negativa: 2,5% en igual comparación.
La diferencia entre ambos porcentajes evidencia el peso que tuvo la política sobre el bono. Mientras el haber previsional tuvo actualizaciones, el refuerzo que completa los ingresos de los jubilados de la mínima quedó fijo. El informe remarca que, en un contexto inflacionario, "mantenerlo sin cambios durante más de dos años implica que el bono pierde valor mes a mes". De esta forma, subrayó el CEPA, "una herramienta pensada para compensar parcialmente los haberes más bajos terminó convertida en un componente cada vez más debilitado del ingreso jubilatorio".
El deterioro también se sintió por la eliminación del régimen de reintegro del IVA para jubilados y pensionados. Ese beneficio alcanzaba a quienes cobraban hasta tres haberes mínimos. Con datos a marzo de 2026, ese umbral equivalía a ingresos de hasta $1.108.803 y comprendía a un universo estimado de 5,1 millones de personas en todo el país, es decir, al 84% del total de jubilados y pensionados.
El esquema permitía la devolución automática del 21% de las compras con tarjeta de débito en productos de la canasta básica, con un tope mensual equivalente al 21% del haber mínimo. Para un jubilado de ingresos bajos, esa devolución funcionaba como un alivio directo sobre los gastos más sensibles. Su eliminación redujo el ingreso disponible en una etapa marcada por aumentos de precios, reacomodamiento de tarifas y mayores costos en medicamentos y servicios.