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En términos sociales, el informe del CEPA advierte sobre una pérdida sostenida de poder de compra en un sector vulnerable. La jubilación no solo es un ingreso personal: en muchos hogares salteños funciona como sostén familiar. Hay adultos mayores que cubren gastos propios, pero también colaboran con hijos o nietos desocupados, aportan para alimentos del grupo familiar o ayudan a pagar servicios. Por eso, el deterioro puede expandirse más allá de la persona jubilada y alcanzar a todo el hogar.
El impacto sanitario también aparece en el trabajo como un componente indirecto del ajuste previsional. En Salta, más 114.000 personas que perciben haberes jubilatorios dependen del PAMI, por lo que la pérdida de ingresos disponibles se cruza con necesidades de atención médica, tratamientos, controles y medicamentos. Cuando el presupuesto mensual se achica, los adultos mayores se ven obligados a ordenar gastos por prioridad.
Endeudamiento
En ese escenario, cualquier recorte puede derivar en postergación de compras, reducción de consumos o endeudamiento.
La dimensión económica es igualmente significativa. Los casi $186.000 millones que, según la estimación del CEPA, dejaron de percibir los jubilados salteños de menores ingresos por el congelamiento del bono equivalen a una inyección que no llegó al mercado interno provincial.
A las compras
A diferencia de otros sectores, los jubilados que cobran la mínima no suelen dolarizar excedentes ni acumular ahorros. El dinero que reciben vuelve rápidamente a la economía real a través de consumos esenciales.
PAMI
El cuadro local se inscribe en una dinámica nacional más amplia. En Argentina hay más de 6 millones de personas jubiladas, de las cuales cerca de 5 millones son beneficiarias del PAMI.
A escala país, el informe calcula que 3,1 millones de jubilados perciben una jubilación mínima con bono o menos. Ese universo fue el más afectado por la decisión de mantener congelado el bono previsional en $70.000.
Alimentos, remedios y turnos médicos
Desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei impulsó una estrategia de reducción del gasto público para ordenar las cuentas fiscales. Dentro de ese esquema, los haberes jubilatorios y los bonos complementarios tuvieron un rol clave en la licuación del gasto. El resultado, según el CEPA, fue "una transferencia de costos hacia los adultos mayores, particularmente hacia los de menores ingresos".
El informe no mide solamente una pérdida estadística, sino un deterioro concreto en términos vitales. Para un jubilado salteño, los $2.225.714 que dejó de cobrar por la falta de actualización del bono representan meses de compras de alimentos, medicamentos, turnos médicos, traslados o servicios. A nivel provincial, el monto acumulado expresa un retiro de recursos de los barrios, de los comercios chicos y de las redes familiares que se sostienen con ingresos previsionales.
La situación también modifica hábitos de consumo. Con haberes más ajustados, los adultos mayores reducen compras, reemplazan productos por opciones más baratas, espacian consumos, refinancian deudas o dependen de ayuda familiar. En el caso de quienes viven solos, la pérdida de poder adquisitivo se vuelve más crítica, porque no hay otros ingresos que compensen el deterioro. En los hogares compartidos, el impacto se distribuye, pero no desaparece: cambia la administración de todo el presupuesto familiar.
Para CEPA, la combinación de medidas configura una pérdida sostenida: el bono previsional no se actualizó, el haber mínimo con bono quedó casi una quinta parte por debajo del nivel de fines de 2023 y se eliminó un reintegro que mejoraba la capacidad de compra de los jubilados que cobraban hasta tres mínimas. En Salta, ese diagnóstico tiene una escala concreta: más de 163.000 jubilados, más de 114.000 afiliados al PAMI y más de 83.000 adultos mayores en la franja de ingresos más bajos.
Las cifras y los datos
- 163 mil jubilados y pensionados viven en Salta, según el informe del CEPA difundido esta semana.
- $185.765 millones dejaron de percibir los jubilados salteños que cobran la mínima con bono o menos, debido al congelamiento del refuerzo previsional.
- 83 mil jubilados cobran la mínima con bono o menos y conforman el sector más afectado por el congelamiento del refuerzo previsional.
- Bolsillos más ajustados. En Salta, unos 83.463 jubilados cobran la mínima con bono o menos. Por el congelamiento, dejaron de percibir cerca de $185.765 millones.
- Poder adquisitivo deteriorado. La jubilación mínima con bono quedó un 19,3% por debajo del nivel registrado en el último trimestre de 2023. Sin bono, la caída fue del 2,5%.
- Bono fijo. El refuerzo previsional permanece en $70.000 desde marzo de 2024. Si se hubiera actualizado con la fórmula jubilatoria, en junio de 2026 debería haber alcanzado los $209.991.
- Sin reintegros. La eliminación del reintegro del IVA afectó a los jubilados que percibían hasta tres haberes mínimos. A nivel nacional, el beneficio alcanzaba a 5,1 millones de personas.