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Los violentos episodios ocurridos durante la madrugada del lunes en el Hospital San Bernardo y horas antes en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal encendieron una señal sobre una realidad que desde hace tiempo preocupa a las autoridades sanitarias: las guardias hospitalarias se han convertido en uno de los sectores vulnerables del sistema de salud.
Aunque ambos casos no guardan relación entre sí, comparten un mismo denominador: ocurrieron en servicios de emergencia, espacios donde confluyen pacientes con cuadros críticos, familiares atravesados por la angustia, esperas, consumo de alcohol o drogas en algunos casos y una enorme presión sobre los equipos médicos.
En Tartagal, la situación alcanzó un nivel inédito. Un médico fue golpeado, derribado al piso y mordido mientras atendía a un paciente que había llegado con una lesión. Después, un familiar del agresor ingresó al hospital presuntamente armado y amenazó al personal. La consecuencia fue inmediata: la guardia permaneció sin atención durante aproximadamente tres horas y el profesional atacado decidió no volver a desempeñarse en ese servicio.
El propio gerente del hospital, Pedro Ureña, advirtió que se trata del segundo episodio de agresión física contra médicos en menos de dos semanas y alertó que, si no existen garantías de seguridad, será cada vez más difícil sostener la atención de las guardias.
En Salta capital, la violencia tuvo otra característica, pero un riesgo similar. Más de veinte personas protagonizaron una batalla campal frente a la guardia del Hospital San Bernardo utilizando machetes, palos y piedras. La rápida intervención de cuatro efectivos policiales evitó que el enfrentamiento ingresara al edificio, donde decenas de pacientes esperaban asistencia médica.
Las imágenes reflejaron una escena impensada para un hospital: personas corriendo entre los accesos, piedras impactando contra la guardia y pacientes buscando resguardo mientras continuaba el enfrentamiento.
Los incidentes ocurrieron además durante un fin de semana largo, con feriado nacional y festejos por doquier tras el último triunfo de la Selección argentina en el Mundial de fútbol. Fue de alta demanda para el sistema sanitario.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, las guardias de los hospitales de la capital atendieron más de 4.200 consultas en apenas cinco días. Solo el Hospital San Bernardo recibió casi 1.300 pacientes, mientras que el Materno Infantil superó las 1.800 atenciones entre adultos y niños. A ello se sumaron 449 intervenciones del SAMEC, numerosas asistencias por accidentes de tránsito y una fuerte demanda derivada de enfermedades respiratorias propias de esta época del año.
Mas allá de este escenario, el debate se reinstala sobre los servicios de guardia.
Meses atrás, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, reconoció públicamente que durante inspecciones sorpresivas realizadas en hospitales y centros de salud detectó importantes falencias en la atención de las guardias. El funcionario admitió demoras, deficiencias organizativas y situaciones que requerían correcciones inmediatas.
Ese reconocimiento oficial aporta otra dimensión al análisis.
Precisamente eso volvió a quedar reflejado tras la agresión ocurrida en Tartagal. En las redes sociales convivieron dos posiciones claramente marcadas: un amplio repudio a la violencia sufrida por el médico y, al mismo tiempo, decenas de testimonios de usuarios que expresaron críticas hacia el funcionamiento de la guardia. Si bien esas opiniones no constituyen denuncias comprobadas, evidencian un nivel de insatisfacción social que las autoridades sanitarias no pueden ignorar.
La violencia contra médicos, enfermeros y trabajadores hospitalarios constituye un ataque directo contra un servicio esencial y termina perjudicando a toda la comunidad, como ocurrió en Tartagal, donde la suspensión de la guardia dejó durante varias horas sin atención a quienes realmente necesitaban asistencia.