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Desde ayer, solo la Dirección de Control y Acreditación de Títulos del Ministerio de Educación puede cargar los postítulos que otorgan puntaje docente; la Junta Calificadora pasaron a leer esos datos sin poder modificarlos. La medida, oficializada ayer con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, busca cerrar la falla que permitió sumar antecedentes con certificados apócrifos y ya se proyecta una revisión hacia atrás. La cartera educativa apunta a los registros de 2023 y años anteriores, donde anticipa que aparecerán nuevos casos.
El Ministerio de Educación y Cultura de Salta implementó el Sistema Único de Gestión de Postítulos, que interconecta a la Dirección de Control y Acreditación de Títulos con la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina. La herramienta permite que los postítulos registrados y certificados se incorporen automáticamente al sistema que usa la Junta, eliminando la duplicación de cargas, reduciendo errores y garantizando que la valoración de antecedentes se realice sobre información validada.
La medida llega en medio de la causa penal por postítulos truchos, que estalló a fines de 2025 y que hasta ahora derivó en la imputación de 53 docentes y la detención de dos mujeres señaladas como parte de una presunta organización dedicada a la venta de certificados apócrifos. Aunque se estima que son 400 los casos de postítulos truchos solo desde 2024 a 2025.
Dos ventanas de carga
Según explicó a El Tribuno el coordinador de Sistema y Recursos Humanos Educativos del Ministerio, Federico Soto Russo, el problema tenía origen en cómo funcionaba el circuito hasta ahora. Cuando un docente presentaba un postítulo, la Dirección de Control y Acreditación de Títulos lo acreditaba y cargaba el dato en una planilla de Excel, un mecanismo que el propio funcionario calificó de "rudimentario".
La "trampa" se podía hacer ya que, de forma independiente, ese mismo docente debía presentar además un papel ante la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina para sumar el antecedente a su legajo. Y ahí no había cruce de información. La Junta incorporaba ese dato "sin valorizar, sin verificar nada si ese postítulo era original o no".
Auditoría cruzada
El nuevo esquema apunta directamente a cerrar esa brecha. "Hoy en día tenemos una auditoría cruzada entre la Dirección de Control de Título, que son los que tienen que acreditar ese título, y la Junta Calificadora, que tiene que leer automáticamente ese título ya acreditado, y la Junta ya no puede incorporar nada", detalló Soto Russo.
En la práctica, la Junta Calificadora dejó de tener capacidad para cargar postítulos: solo puede leer el dato ya validado por la Dirección de Control y asignarle el puntaje que corresponda según la normativa. La carga original, única y auditable, queda en un solo lugar.
La revisión hacia atrás
El desafío pendiente es el pasado. Según el Ministerio, los registros anteriores a 2024 no son confiables porque estaban a cargo de una gestión anterior y no hay garantías de que toda esa información sea auténtica.
Por eso, la Dirección de Control inició un proceso de circularización: pedir directamente a cada institución emisora que confirme si los postítulos que constan en los legajos docentes fueron efectivamente otorgados por ella. "Estamos circularizando a todas las entidades emisoras para que nos manden toda su base de datos, para tener un dato auténtico", explicó Soto Russo, y agregó que, "2023 para atrás", el objetivo es comprobar "si lo que tenían en Junta era correcto o también era trucho".
El funcionario evitó arriesgar un número para esa etapa, ya que el cruce recién comenzó. Pero no descartó que el universo de casos crezca: consultado sobre la posibilidad de que aparezcan más postítulos apócrifos en los años previos a 2024, respondió: "Puede haber más, exactamente".
Caja de Pandora
La causa por postítulos truchos se originó en una denuncia del secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, tras detectar certificados repetidos entre distintos docentes durante el control de legajos. La UDEC, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, intervino desde el 17 de diciembre de 2025 y sobre 292 unidades educativas auditadas halló 291 inscripciones irregulares, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados. El 25 de febrero se allanaron cuatro domicilios y se detuvo a dos mujeres, señaladas en una maniobra que captaba docentes por Facebook y ofrecía diplomaturas apócrifas, atribuidas a instituciones reales, a cambio de pagos de hasta $360.000.