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La Justicia rechazó los distintos planteos presentados por la defensa de President Petroleum S.A. y confirmó la continuidad de la investigación penal por el presunto daño ambiental provocado por el derrame registrado en un antiguo pozo petrolero del área Lomas de Olmedo, en el departamento Rivadavia.
Con tres resoluciones dictadas en el expediente, el Juzgado de Garantías ratificó la actuación de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, rechazó el pedido para apartarla de la causa y desestimó otros cuestionamientos procesales formulados por la defensa, lo que permitirá que la investigación continúe,
El expediente busca establecer cómo se originó la surgencia detectada en el pozo, determinar si existieron incumplimientos durante su explotación o abandono e identificar a los eventuales responsables del daño ambiental.
La investigación se inició tras detectarse emanaciones descontroladas de gases y fluidos en la locación LO-X10, situada en el área petrolera Lomas de Olmedo. Desde entonces, la Fiscalía reunió documentación técnica, antecedentes administrativos, informes de organismos especializados y pericias destinadas a reconstruir la historia operativa del pozo.
Como parte de esa tarea, el procurador general Pedro García Castiella creó una Unidad Fiscal e incorporó a la fiscal civil de Orán, Marcela Fernández, para impulsar las acciones de reparación socioambiental. También sumó especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, entre ellos el ingeniero en Recursos Naturales Joel Medina y la geóloga Melina Celedon, quienes participaron en la elaboración de los estudios técnicos.
Entre las pruebas incorporadas figura un informe pericial elaborado por un ingeniero en petróleo que analiza las características constructivas del pozo, su historia operativa y las posibles causas de la pérdida detectada en 2023.
A ese estudio se agregó un informe técnico elaborado por profesionales del CIF, que ya fue presentado ante el Juzgado de Garantías. El documento analiza los procesos que habrían provocado las emanaciones descontroladas de gases y fluidos en la locación LO-X10 y concluye que existieron consecuencias de gravedad sobre el ecosistema de superficie.
Por su parte, President Petroleum S.A. presentó un informe elaborado por el ingeniero en petróleo Miguel Ángel Basile. El especialista sostuvo que la surgencia podría estar vinculada con un deficiente abandono del pozo y con procesos de corrosión o roturas producidos por el paso del tiempo, hipótesis que también forman parte de la investigación.
Durante el proceso, la defensa de uno de los imputados promovió la recusación de la fiscal Fuentes al sostener que había perdido objetividad en la conducción de la investigación.
Sin embargo, el Juzgado de Garantías rechazó el planteo al considerar que no se acreditó ninguna causal legal para apartarla. El magistrado sostuvo que las diferencias respecto de la estrategia investigativa o determinadas decisiones procesales no constituyen prueba de parcialidad y recordó que la fiscal actuó dentro de las facultades que le otorga el Código Procesal Penal. En otra resolución, el juez también declaró abstracto un planteo de nulidad presentado contra la ampliación de la imputación, al considerar que esa cuestión ya estaba siendo revisada por la vía recursiva correspondiente.
Las resoluciones permiten que la Unidad Fiscal continúe incorporando pruebas para determinar las causas del presunto delito, cuantificar el daño ambiental, establecer el costo de su recomposición e identificar a los responsables.