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La Justicia de Salta homologó el acuerdo alcanzado entre la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, el Gobierno provincial, el Servicio Penitenciario, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Comité Provincial contra la Tortura para garantizar el derecho a la educación superior de las personas privadas de libertad.
La resolución fue dictada ayer por la jueza de Minas María Victoria Mosmann, en el marco del hábeas corpus colectivo y correctivo iniciado por la asociación en representación de internos de distintas unidades penitenciarias provinciales. La demanda denunciaba una afectación sistemática del derecho a la educación universitaria por restricciones en los traslados, dificultades para acceder a las aulas y otras limitaciones durante el cumplimiento de la pena.
Inspecciones
Tras la apertura del proceso colectivo, se realizaron audiencias e inspecciones en las unidades carcelarias, en las que participaron internos de manera directa o a través de representantes elegidos por ellos mismos. También intervinieron representantes de Fiscalía de Estado, del Ministerio de Gobierno y Justicia, del Servicio Penitenciario, del Comité Provincial contra la Tortura y de la Universidad Nacional de Salta.
Como resultado de ese proceso de diálogo, las partes consensuaron un "Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad", que quedó homologado por la Justicia y tendrá aplicación obligatoria en el sistema penitenciario provincial.
El acuerdo
El protocolo establece las reglas para organizar, supervisar y controlar las actividades universitarias dentro y fuera de las cárceles, procurando compatibilizar el ejercicio del derecho a la educación con las necesidades de seguridad institucional.
Se prohíbe "todo trato denigrante"
Entre sus principios rectores el acuerdo reconoce la educación como herramienta de desarrollo personal y reinserción social, promueve la igualdad y la no discriminación y prohíbe expresamente "todo trato denigrante".
Uno de los principales cambios será la creación de una Comisión de Seguimiento Universitario, integrada por autoridades penitenciarias, representantes de las universidades, del Comité Provincial contra la Tortura y, por primera vez, por dos estudiantes privados de libertad: uno representante de las unidades de varones y otro de las unidades de mujeres, elegidos por sus pares.