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El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, lanzó una fuerte advertencia sobre uno de los principales desafíos que enfrenta la estrategia de seguridad en la frontera norte: el costo de sostener el Plan Güemes y las consecuencias que ello genera sobre el resto del sistema provincial.
Durante una entrevista con Radio Salta, el funcionario sostuvo que el operativo constituye "un principio de solución" para una frontera que definió como una "narcofrontera", aunque aseguró que la mayor parte del esfuerzo económico recae sobre la Provincia.
"El Plan Güemes consume gran parte del presupuesto de seguridad y por eso tenemos fallas en otras áreas. El Gobierno nacional tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde", afirmó.
Según explicó, el Gobierno provincial afronta gastos vinculados al despliegue de fuerzas federales, al tiempo que debe cubrir con fondos propios obras que originalmente correspondían a Nación.
Uno de los planteos más duros de Zigarán estuvo dirigido a las condiciones laborales de los efectivos de Gendarmería que cumplen funciones en la frontera.
"Mandamos a nuestros combatientes a enfrentar delitos multimillonarios en dólares con sueldos mínimos. Algo está mal", sostuvo.
Como ejemplo, indicó que un cabo percibe alrededor de 900 mil pesos mensuales, mientras que un alquiler para una familia en Orán ronda entre 500 y 600 mil pesos.
"¿Cómo hace un gendarme para mantener dignamente a su esposa y dos hijos con ese sueldo?", se preguntó.
Para el interventor, esta situación no justifica hechos de corrupción, pero sí expone a los efectivos a mayores riesgos frente a organizaciones criminales que manejan enormes recursos económicos.
En ese contexto recordó que durante los últimos años fueron dados de baja alrededor de un centenar de gendarmes involucrados en el cobro de coimas vinculadas a los denominados tours de compras.
Sin embargo, advirtió que la expulsión de esos efectivos también genera un problema adicional.
"Son personas altamente capacitadas que conocen el funcionamiento interno de la fuerza y después quedan fuera del sistema", señaló.
A su criterio, combatir delitos de enorme rentabilidad sin mejorar las condiciones salariales y laborales termina debilitando a las propias instituciones encargadas de controlar la frontera.
Zigarán también sostuvo que, pese a los avances logrados con el cierre de puntos críticos como Finca Carina, las organizaciones dedicadas al contrabando y al narcotráfico modifican permanentemente sus métodos de operación.
En ese sentido reclamó una mayor participación del Gobierno nacional para regular la actividad en el río Bermejo, ordenar el funcionamiento de las chalanas y fortalecer los controles migratorios junto a Bolivia.
Aseguró además que actualmente existen "cuellos de botella" en los pasos fronterizos y que muchas decisiones estratégicas dependen de acuerdos entre ambos países que todavía no se concretan.
Aunque evitó cuestionar la existencia del operativo, Zigarán insistió en que el programa sólo podrá consolidarse si cuenta con un compromiso financiero sostenido de Nación.
"El Plan Güemes era necesario porque la situación era muy grave, pero no puede sostenerse únicamente con recursos provinciales. Si seguimos tapando un problema para cubrir otro, la manta cada vez será más corta", concluyó.
La advertencia del interventor vuelve a poner sobre la mesa un debate que excede la frontera norte: cómo sostener una política de seguridad de alta complejidad sin desfinanciar otras áreas esenciales del sistema y sin deteriorar las condiciones de quienes deben enfrentar organizaciones criminales con un enorme poder económico.
Zigarán reclama regular ahora el río Bermejo
Zigarán, advirtió que el verdadero desafío ahora pasa por ordenar el funcionamiento del río Bermejo, regular la actividad de las chalanas y establecer un esquema de control coordinado entre Argentina y Bolivia.
El interventor sostuvo que la acción sobre sectores críticos como Finca Carina permitió desarticular uno de los mayores puntos de contrabando a cielo abierto del país, aunque aseguró que las organizaciones ilegales modificaron rápidamente sus modalidades de operación.
"Mandamos a los efectivos con sueldo mínimo a enfrentar delitos multimillonarios en dólares".
"Esta gente muta; no se queda quieta. El volumen de mercadería sigue existiendo y busca nuevos caminos".
Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido al funcionamiento de las chalanas que cruzan diariamente el río Bermejo.
Según Zigarán, la actividad mueve cifras millonarias pero carece de un marco regulatorio que permita controlar el flujo económico y generar recursos para la comunidad fronteriza.
Explicó que mientras el municipio recauda alrededor de 20 millones de pesos mensuales por el estacionamiento de vehículos que cruzan a Bolivia, las cooperativas que operan las chalanas obtendrían ingresos cercanos a los $200 millones sin realizar aportes al municipio, ni a la Provincia.
"Esa es una cuestión que debe resolver Nación. Hablamos de un área de frontera y de una hidrovía; hace falta una reglamentación fiscal que hoy no existe", señaló.
Para el interventor, la solución excede a los municipios y requiere decisiones políticas de mayor alcance.
Consideró indispensable que el Gobierno nacional y la Cancillería argentina acuerden con Bolivia un sistema que ordene el cruce fronterizo, establezca tasas, regule el transporte fluvial y agilice los controles migratorios.
"Yo no tengo facultades para reglamentar eso. Es una cuestión nacional e incluso internacional", explicó.
Aseguró que desde hace más de un año y medio viene reclamando una regulación integral, pero sostuvo que las respuestas siempre encuentran nuevas demoras.
Otro de los problemas señalados por Zigarán es la escasa capacidad operativa del lado boliviano.
Explicó que, aun cuando Argentina logra encauzar el paso hacia los controles oficiales, la falta de personal migratorio en Bolivia provoca largas filas y congestionamientos que terminan incentivando nuevamente los cruces informales.
"Todo tiene que ver con todo. Si Bolivia no incorpora más personal en Migraciones, se forma un cuello de botella que termina desalentando el paso legal", sostuvo.
A su entender, ninguna infraestructura podrá resolver definitivamente el problema mientras ambos países no coordinen el funcionamiento de los pasos fronterizos.
El alambrado ordenó, pero no alcanza
Respecto del alambrado instalado en Aguas Blancas, Zigarán sostuvo que la obra permitió ordenar parte del tránsito y disminuir algunos cruces irregulares dentro del ejido urbano, aunque aclaró que nunca fue concebida como una barrera capaz de frenar el narcotráfico.
"La idea era que la gente utilizara Migraciones y que hubiera un mínimo de orden. No era un muro para detener organizaciones criminales", explicó.
Sin embargo, advirtió que cuando los controles oficiales se vuelven lentos, la propia dinámica del cruce genera nuevos inconvenientes y riesgos para quienes esperan durante horas para regresar al país.
El comercio fronterizo y el impacto local
El interventor también cuestionó que Aguas Blancas soporte gran parte del impacto logístico del intenso movimiento comercial sin recibir beneficios equivalentes.
Aseguró que miles de personas utilizan diariamente la localidad como playa de estacionamiento para cruzar a Bermejo, mientras el municipio debe afrontar los costos de limpieza, mantenimiento urbano y disposición final de residuos.
Al mismo tiempo rechazó la posibilidad de permitir que trabajadores bolivianos desarrollen actividades comerciales del lado argentino, al considerar que los puestos de trabajo deben priorizar a los habitantes de Aguas Blancas.
Una frontera que todavía espera soluciones de fondo
Para Zigarán, el cierre de Finca Carina, la presencia de fuerzas federales y otras medidas implementadas en los últimos meses representan avances importantes, pero advirtió que la normalización definitiva de la frontera dependerá de decisiones estructurales.
Regular la actividad sobre el río Bermejo, transparentar el funcionamiento de las chalanas, establecer reglas fiscales claras y coordinar los controles migratorios con Bolivia aparecen, según su diagnóstico, como las condiciones indispensables para consolidar un sistema fronterizo más ordenado, seguro y sostenible.
Sin esos cambios, concluyó, el riesgo es que los circuitos ilegales continúen adaptándose y encuentren nuevas formas de eludir los controles, manteniendo abiertas las vulnerabilidades de uno de los pasos internacionales más sensibles del norte argentino.