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El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Salta por el legislador de La Libertad Avanza, Alejandro Esper, para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia que cursen carreras en instituciones públicas de educación superior generó una inmediata polémica jurídica y política.
La iniciativa propone que los extranjeros que no cuenten con residencia permanente o temporaria deban pagar por cursar estudios de pregrado, grado y posgrado en universidades nacionales, la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) y terciarios estatales.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, el proyecto presenta serios obstáculos legales que impiden su aplicación, especialmente en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). "Claramente no puede ser una normativa de aplicación en la Universidad Nacional de Salta", afirmó el especialista, quien además fue secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa y participó de la Asamblea Universitaria de 2022.
Explicó que el Estatuto de la universidad garantiza la gratuidad de los estudios de grado "sin ningún tipo de discriminación o distinción", por lo que una ley provincial no puede modificar ese régimen. "Llama la atención esta cuestión en donde se cree que con un simple proyecto de ley provincial se puede avanzar sobre otras normas que claramente son de aplicación específica y no la ley provincial", sostuvo.
Competencia provincial
Aguirre Astigueta explicó que la Legislatura salteña carece de facultades para legislar sobre el funcionamiento de una Universidad Nacional.
A ello sumó que el proyecto también se enfrenta a normas de jerarquía superior. "No solamente está el Estatuto de la UNSa. Está también la Ley de Migraciones, la Constitución Nacional, la Constitución de Salta y tratados internacionales que protegen a los extranjeros", afirmó.
Recordó que el Preámbulo de la Constitución Nacional reconoce a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", por lo que cualquier restricción de ese alcance requeriría una reforma constitucional. "Toda esta nueva intentona se encuentra con una protección jurídica que no puede modificarse salvo mediante una reforma constitucional".
"Ya deben ser residentes"
Uno de los principales cuestionamientos del constitucionalista apunta a la aplicación práctica de la iniciativa. Según explicó, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional de Salta, los estudiantes extranjeros necesitan contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) para cursar y graduarse.
"Para continuar los estudios de grado hay que ser residente porque se tiene que contar con DNI. Solamente se inscribe extranjero con DNI y luego el título solamente se entrega con el mismo".
Por ello sostuvo que el universo de estudiantes extranjeros no residentes que pretende alcanzar el proyecto sería mínimo. "Necesariamente el que esté en el sistema de educación de gestión estatal va a regularizar su residencia porque así lo manda la Ley de Migraciones".
"Más fútbol para la tribuna que una solución"
El abogado consideró que el proyecto tiene un fuerte componente político y escasa viabilidad jurídica. "Me parece que es más fútbol para la tribuna libertaria, humo para la xenofobia, pero en realidad tiene poca concreción práctica".
También cuestionó el eventual impacto económico. "¿Cuánto aportaría un extranjero no residente tomando esos cursos? No movería para nada el amperímetro en el sostenimiento del sistema educativo".
El alcance sobre los terciarios
Respecto de los institutos provinciales y la UPATecO, Aguirre Astigueta reconoció que existe una mayor competencia de la Provincia, aunque advirtió que tampoco allí el proyecto estaría exento de conflictos legales. "El proyecto que eventualmente pudiese sacar la Legislatura de Salta se encontraría peleando contra tratados internacionales, contra la Constitución Nacional, contra la Constitución de Salta y contra la Ley de Migraciones".
Para respaldar esa postura recordó que el artículo 24 de la Constitución salteña garantiza a "todos los habitantes" el derecho de aprender y que la propia Carta Magna provincial establece que el sistema educativo será gratuito.
La defensa del proyecto
El diputado Alejandro Esper defendió la iniciativa y aseguró que busca introducir un criterio de equidad en el sistema educativo. "Buscamos equidad, tal como se empezó a hacer tiempo atrás en el departamento Orán con el tema de la salud que nos cuesta a todos los salteños, dado que los impuestos son nuestros y había un uso indiscriminado por parte de extranjeros que no hacían ningún tipo de aporte".
También rechazó que la propuesta implique discriminación. "Esto no es discriminación, es equidad. Es lo mismo que nos pasa cuando nosotros vamos al extranjero y tenemos que pagar por los servicios que se nos brindan".
El legislador sostuvo que existen costos importantes que actualmente afronta el Estado. "El costo de un alumno argentino en la Universidad Nacional de Salta va entre 2 y 10 millones de pesos por año, dependiendo de la carrera. En relación con eso se arancelará al alumno extranjero".
Aclaró además que la intención no es fijar valores elevados. "No se colocarán montos exorbitantes. Cada casa de altos estudios dispondrá el costo de acuerdo con lo que le cuesta cada alumno".
Las cifras que aportó Esper
Durante la presentación del proyecto, Esper sostuvo que:
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En 2025 habría alrededor de 3.800 estudiantes extranjeros sin residencia cursando estudios superiores en la provincia de Salta.
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El costo anual de formar a un estudiante en la UNSa oscilaría entre 2 y 10 millones de pesos, según la carrera.
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Los fondos que se recauden por los aranceles quedarían en cada institución educativa, con administración autónoma y mecanismos de auditoría.
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La iniciativa contempla excepciones para refugiados, estudiantes becados y quienes participen de programas de intercambio o convenios de reciprocidad. Asimismo, el proyecto incorpora un capítulo referido al sistema de salud pública, mediante el cual propone recuperar los costos de atención médica brindada a residentes transitorios o precarios, garantizando la gratuidad únicamente para urgencias, emergencias, vacunación y control de enfermedades transmisibles.
El planteo sobre la reciprocidad
Consultado sobre el argumento de que los argentinos deben pagar por estudiar en otros países, Aguirre Astigueta respondió que se trata de una comparación entendible desde una idea de justicia, aunque sin respaldo jurídico. "Si nosotros vamos a España, Brasil o Estados Unidos tenemos que vivir según las reglas de esos países. No existe ninguna herramienta legal que permita exigirles que tengan un sistema igual al argentino" .
Finalmente, el constitucionalista sostuvo que Argentina posee una tradición constitucional de apertura hacia la inmigración, aunque con reglas de regularización migratoria ya previstas por la legislación vigente. "Nuestro ADN constitucional es abrir las puertas a quienes quieran habitar el suelo argentino. Si existe algún problema migratorio debe resolverlo la Nación, porque esa es una competencia estrictamente federal, no de las provincias", indicó.
De esta manera, mientras el diputado Esper impulsa el tratamiento del proyecto bajo el argumento de la "equidad" y del financiamiento del sistema educativo, el constitucionalista considera que la iniciativa enfrenta obstáculos jurídicos de tal magnitud que, en el caso de la Universidad Nacional de Salta, una ley provincial no podría aplicarse por falta de competencia y por colisionar con normas de jerarquía superior.