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En la banda del río Grande de Tarija, una comunidad originaria de General Mosconi denunció en 1994 la remoción intencional de hitos con la que cañeros de Bermejo empezaron a avanzar sobre territorio. Desde entonces, con impunidad y violencia, los usurpadores expandieron desmontes, cercados y plantaciones ilegales de caña de azúcar, mientras la población ava guaraní que habita en ese desprotegido borde fronterizo sigue sin caminos, sin presencia permanente de fuerzas federales, sometida a atropellos y jaqueada por injustas órdenes de aprehensión libradas en Bolivia.
En ese extremo selvático del norte salteño, donde el río Grande de Tarija hoy marca una frontera porosa, el problema dejó de ser solamente territorial. Para las familias originarias de la zona la violación de soberanía se convirtió en una cruel y cotidiana forma de encierro. El resultado, detrás de decenas de denuncias acumuladas a lo largo de 32 años sin eco en organismos indolentes, es una comunidad reconocida por el Estado argentino, pero totalmente desprotegida en los hechos.
En zonas rurales del norte salteño
El conflicto tiene un eje geográfico preciso: la banda fronteriza del río Grande de Tarija, una zona de selva montana, parajes aislados y caminos casi inexistentes donde se encuentran Madrejones, Trementinal, Algarrobito, San Telmo, Churqui, Volcán, Media Luna, Baúles y otros asentamientos olvidados. Allí, cañeros bermejeños avanzaron durante las últimas tres décadas sobre catastros rurales del departamento San Martín, desmontaron cerca de 2.500 hectáreas y extendieron plantaciones ilegales desde las que se cruzan a Bolivia unas 150.000 toneladas de caña de azúcar por zafra.
Para las familias ava guaraníes de la comunidad Tape Iguapegui, la invasión no solo implica pérdida de territorio. También significa miedo, aislamiento y dependencia forzada de Bolivia para resolver necesidades básicas. Al no contar con caminos consolidados que conecten de manera directa y permanente a los parajes de la zona con ciudades del norte salteño como San Ramón de la Nueva Orán, pobladores de la zona deben salir por el país vecino para poder comprar alimentos, tramitar asistencias o recibir atención hospitalaria. El aislamiento los obliga a cruzar en una chalana hacia territorio boliviano y transitar por rutas tarijeñas hasta la ciudad de Bermejo para reingresan a Salta por Aguas Blancas.
La paradoja es brutal, porque en ese rodeo obligado quedan expuestos a órdenes de aprehensión dictadas por magistrados de Tarija ante denuncias de los propios cañeros que arrasan su territorio ancestral.
"Atropellan nuestros derechos"
La cacique Natalí Vásquez resumió en una frase la dimensión del drama que padecen: "No solo avanzan con plantaciones ilegales y atropellan nuestros derechos, sino que nos vemos nuevamente impedidos de poder buscar alimentos o asistencia médica, porque la única salida que tenemos es por Bolivia", remarcó.
La referente de la comunidad Tape Iguapegui se hartó de pedir una presencia permanente de Gendarmería en ese desprotegido borde fronterizo de Salta. En los últimos cinco años se la prometieron desde distintos organismos nacionales no menos de una decena de veces. "Mandan gendarmes, que ven las plantaciones ilegales, toman nota de los atropellos que denunciamos y se retiran. Cuando los cañeros los ven llegar, desaparecen, y apenas se van los gendarmes, vuelven a plantar, cosechar y cruzar más caña de azúcar a Bermejo, como si nada. Ya no sabemos qué hacer", manifestó la cacique, envuelta en impotencia, a El Tribuno.
Con las cercas, los cañeros les impiden acceder al agua del río, y la única alternativa que tienen es una laguna. "Muchas mujeres tenemos hijos pequeños y vivimos con miedo, porque los cañeros nos corren con machetes, nos amenazan con armas de fuego y en la laguna hay enormes caimanes", subrayó la angustiada cacique, quien por si fuera poco es blanco de hostigamientos judiciales que ponen en vilo su libertad.
El conflicto judicial se concentra en las denuncias impulsadas por cañeros bermejeños encabezados por Horacio Cruz Castro, señalado por la comunidad ava guaraní como uno de los líderes de la ocupación ilegal.
Lapidarios dictámenes
En recurrentes presentaciones ante fiscales y jueces de Tarija, Cruz Castro y sus laderos atribuyen a Vásquez y a otros referentes de la comunidad originaria Tape Iguapegui supuestos daños en cercos de cañaverales y turbaciones en lotes que, según los denunciantes, estarían en territorio boliviano.
Sin embargo, ante la más temprana de esas inconsistentes denuncias, la Fiscalía actuante libró requerimientos de informes al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. En contestación, desde ambos organismos se aclaró que el predio invocado como "Isla Valle Dorado", supuesta fracción en la que Cruz Castro se arroga derechos posesorios, "no existe como propiedad registrada en Bolivia". Más aún, en uno esos dictamenes oficiales, de los que Cruz Castro fue notificado el 11 de enero de 2024 por la fiscal tarijeña Jhovana Salinas Berruga, desde la Cancillería boliviana se puso en claro que "las coordenadas (presentadas por el denunciante) corresponden a territorio argentino". Tras esos lapidarios informes, aquella denuncia tramitada desde 2021 terminó desestimada tres años después.
Reconocida por el Estado argentino, pero sin protección
Tape Iguapegui es una comunidad ava guaraní con reconocimiento institucional del Estado argentino conferido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a través de la resolución 250 del 22 de marzo de 2000.
En Salta está integrada en los padrones de las comunidades originarias que tienen vos y voto en las elecciones del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS).
Sus derechos, además, están acreditados con los relevamientos técnico-jurídico-catastrales que se cumplimentaron, con encuadre en la ley nacional 26.160, en esa comunidad guaranítica y las tierras que ocupan de manera actual, tradicional y pública en la banda fronteriza del río Grande de Tarija.
Resguardar la frontera
Por eso, el caso tiene una dimensión que excede a un conflicto entre particulares. Lo que está en discusión es la capacidad del Estado argentino para resguardar su frontera, proteger derechos indígenas reconocidos por normas nacionales y tratados internacionales, impedir desmontes ilegales, cortar una ruta de contrabando y garantizar condiciones mínimas de vida a ciudadanos salteños que hoy dependen de Bolivia para entrar y salir de su propio territorio en el norte salteño.