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La posibilidad de que el Gobierno nacional vuelva a impulsar herramientas para fortalecer el control del espacio aéreo y de la frontera norte volvió a instalarse en Salta. El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, confirmó que la administración nacional analiza avanzar con una mayor radarización de la frontera y con la eventual restitución de la denominada ley de derribo, dos medidas que desde hace años son reclamadas por distintos sectores vinculados a la seguridad y la justicia para combatir el narcotráfico.
Aunque evitó adelantar definiciones, el funcionario reconoció que ambas iniciativas forman parte de los temas que actualmente estudia el Gobierno.
"Lo estamos estudiando, son temas que se están evaluando", respondió Mahiques al ser consultado por la prensa en su visita a Salta.
Si bien la respuesta fue breve, constituye una de las primeras manifestaciones públicas de un integrante del Gobierno nacional sobre dos proyectos que periódicamente vuelven al centro del debate cada vez que recrudece la preocupación por el ingreso de droga a través de la frontera norte.
Las declaraciones cobran especial relevancia en un contexto marcado por el crecimiento de los procedimientos antidroga realizados en Salta y el norte argentino, donde las fuerzas federales vienen desarticulando cargamentos cada vez más importantes de cocaína y detectando modalidades logísticas que reflejan un alto grado de organización de las bandas criminales.
Precisamente, El Tribuno publicó en su edición de ayer un informe especial que expone cómo el volumen de estupefacientes secuestrados, la sofisticación de los mecanismos de transporte, la planificación de los traslados y la reiteración de las rutas utilizadas evidencian una estructura criminal cada vez más consolidada para introducir cocaína al territorio nacional.
Ese escenario volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de la necesidad de fortalecer los controles tecnológicos sobre una de las fronteras más extensas y permeables del país. La radarización integral de la frontera y la posibilidad de contar con un marco legal que permita interceptar aeronaves que ingresan ilegalmente desde países vecinos son dos de las herramientas que especialistas, magistrados y dirigentes vienen reclamando desde hace años.
Durante su paso por la provincia, Mahiques sostuvo que el narcotráfico representa uno de los delitos más complejos que enfrenta actualmente el Estado argentino y lo definió como "un delito aberrante", cuya investigación y persecución requiere una articulación permanente entre todas las jurisdicciones.
El ministro explicó que ninguna provincia puede enfrentar por sí sola organizaciones criminales que operan a escala regional e internacional y remarcó que el combate al narcotráfico exige coordinación entre las justicias provinciales, la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y los organismos de otros países.
"Si no trabajamos en conjunto, vamos a correr siempre atrás del delito", advirtió.
Según explicó, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han desarrollado una capacidad operativa que trasciende las fronteras nacionales, por lo que también resulta indispensable fortalecer la cooperación con fiscalías y organismos judiciales extranjeros para intercambiar información e investigaciones coordinadas.
Déficit estructural
Mahiques también reconoció que el sistema judicial y los organismos encargados de combatir el narcotráfico enfrentan limitaciones para la respuesta del Estado.
Entre ellas mencionó la falta de recursos humanos, la existencia de vacantes en la Justicia Federal, deficiencias de infraestructura, necesidades de capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías para acompañar investigaciones complejas.
El funcionario señaló que esas falencias deben ser abordadas de manera conjunta entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y los distintos organismos que integran el sistema judicial, ya que constituyen un componente indispensable para mejorar la capacidad de investigación y persecución penal.
Los convenios firmados
1. Convenio sobre mediación comunitaria: apunta a fortalecer la mediación como herramienta para resolver conflictos ciudadanos antes de que lleguen a una instancia judicial más compleja. La idea es descomprimir los tribunales, agilizar respuestas y promover soluciones dialogadas, especialmente en conflictos cotidianos o comunitarios. También incluye capacitación y cooperación entre organismos.
2. Convenio para implementar el Régimen Penal Juvenil: busca avanzar en la aplicación del régimen destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal. El acuerdo plantea coordinación entre Nación y Provincia para poner en marcha herramientas concretas, con capacitación y asistencia técnica. Sáenz remarcó que no alcanza con tener leyes, sino que hace falta decisión política para aplicarlas.
3. Convenio de adhesión al PRONADEM contra el microtráfico: está orientado a reforzar la lucha contra el microtráfico de estupefacientes y el crimen organizado. Promueve una mayor articulación entre Nación, Provincia, Justicia Federal, Ministerio Público y fuerzas de seguridad. En este punto, Pedro García Castiella destacó que Salta fue una de las primeras provincias en adherir a la desfederalización del microtráfico en 2014.
4. Convenio Marco entre la Corte de Justicia de Salta y el Ministerio de Justicia de la Nación: fue firmado por la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero Cornejo, y Mahiques durante la visita protocolar al Alto Tribunal. Tiene como eje la modernización judicial: digitalización de procesos, incorporación de herramientas tecnológicas, mejora de sistemas de gestión, capacitación e intercambio de información. También prevé futuras actas complementarias y una unidad de coordinación mixta para dar seguimiento a los proyectos.