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La legislación que entró en vigencia en mayo de 2026 establece sanciones para los adultos que, tras ser notificados, incumplan las medidas destinadas a frenar situaciones reiteradas de violencia escolar.
El bullying o acoso escolar, no sólo interpela a las instituciones educativas, sino que también pone el foco en la responsabilidad parental. Así lo señaló la Asesora del Ministerio Público Pupilar de Joaquín V. González, Susana Zenzano Poma, quien informó que en lo que va de 2026 la Asesoría intervino en ocho casos de bullying en establecimientos educativos del departamento Anta.
La magistrada explicó, en una entrevista con el programa Antena Infantil, que una de las principales dificultades detectadas está vinculada con el incumplimiento, por parte de algunos progenitores, de las medidas acordadas con las escuelas para detener situaciones de violencia protagonizadas por sus hijos. En este sentido indicó que la intervención del Ministerio Público Pupilar se produce cuando no prosperan los acuerdos dentro de las instituciones educativas o cuando los padres de niños y adolescentes víctimas de agresiones realizan una denuncia ante la Policía.
Escuelas y familias
La Asesora informó que la Resolución 115/26 del Ministerio de Educación de Salta establece un protocolo de actuación frente a situaciones de bullying. Ante un caso, la institución debe convocar a los padres y, junto con un equipo interdisciplinario, analizar lo ocurrido y definir las medidas necesarias.
A partir de esa intervención, los progenitores o responsables legales del alumno involucrado en las agresiones deben asumir compromisos concretos destinados a detener las conductas violentas y acompañarlos en el proceso.
"Cuando esos compromisos no se cumplen y la situación de violencia continúa, intervienen las Asesorías", explicó Zenzano Poma. En esos casos, se convoca a una audiencia y se informa a los progenitores sobre las obligaciones legales que tienen respecto del cuidado, supervisión y acompañamiento de sus hijos.
Deberes parentales
La legislación incorpora sanciones por incumplir los deberes parentales. La Ley 8530 que modificó el Código Contravencional de la Provincia, incorporó el artículo 88 bis denominado "Incumplimiento de los deberes parentales frente al acoso escolar", y entró en vigencia en mayo de 2026.
La norma establece sanciones para el padre, madre, tutor o representante legal de un menor que, habiendo sido debidamente notificado por la autoridad competente sobre hechos reiterados de acoso escolar, no adopte las medidas de supervisión, contención, acompañamiento o corrección requeridas, o incumpla injustificadamente los compromisos de conducta asumidos.
La sanción prevista puede alcanzar hasta 30 días de arresto o una multa de acuerdo con lo establecido por la normativa.
Para Zenzano Poma, esta herramienta legislativa representa un avance en el abordaje de las situaciones de violencia escolar, ya que pone de manifiesto que la responsabilidad frente al bullying no recae exclusivamente en las instituciones educativas.
"Los padres tienen una responsabilidad concreta"
El bullying o acoso escolar, es cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico entre estudiantes. Se hace de forma intencional y repetida en el tiempo, y se basa en un desequilibrio de poder donde el agresor somete a la víctima.
La asesora Zenzano Poma recordó que oportunamente mantuvo una reunión con la senadora por el departamento Anta, Alejandra Navarro, autora del proyecto que impulsó la modificación de la Ley de Contravenciones. En ese marco, destacó la importancia de contar con herramientas legales que permitan actuar cuando, pese a las intervenciones de la escuela y de los equipos profesionales, los adultos responsables no cumplen con las medidas acordadas.
Zenzano Poma remarcó que el objetivo principal no es solamente sancionar, sino lograr que los adultos asuman un rol activo frente a las conductas de violencia y adopten las medidas necesarias para proteger a todos los niños y adolescentes involucrados. Los ocho casos en los que intervino el Ministerio Público Pupilar durante este año ponen nuevamente en agenda la necesidad de abordar el bullying de manera integral, con participación de las escuelas, las familias, los equipos interdisciplinarios y los organismos del Estado.