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Salta acumula 199 causas de desalojo ingresadas en la Justicia en lo que va de 2026, según datos del Poder Judicial provincial relevados hasta el 24 de julio. De ese total, 160 corresponden al denominado Centro y 39 al interior. La cifra ya representa dos de cada tres causas registradas durante todo 2025, cuando se contabilizaron 297. En 2024 se registraron 275 causas.
Los 199 casos de 2026 no son 199 desalojos concretados, sino causas de desalojo ingresadas al Poder Judicial. Vale aclarar que un expediente iniciado no necesariamente termina en el desalojo efectivo del inmueble.
El dato adquiere relevancia en medio del debate por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que obtuvo media sanción en el Senado nacional y propone acelerar los procesos de desalojo. La iniciativa todavía debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
Desde la Municipalidad de Salta, el director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino, Alberto Córdoba, sostuvo que la reforma modificaría de manera importante los tiempos actuales de los juicios en la provincia. A diferencia de un referente inmobiliario, quien afirmó que Salta ya cuenta con un mecanismo de desalojo más ágil, Córdoba aseguró que el procedimiento sumarísimo que plantea el proyecto todavía no es la regla general en la Justicia salteña.
"Actualmente un juicio de desalojo se tramita en un proceso ordinario que demora entre 18 a 24 meses", afirmó Córdoba. Según explicó, con la reforma "va a pasar a tramitarse en un juicio sumarísimo, que se celebra en una sola audiencia". En ese esquema, señaló, "ese plazo de ejecución está entre los dos a los seis meses".
Para el funcionario municipal, la diferencia radica en la reducción de las etapas procesales. "Básicamente lo que reduciría es el ejercicio procesal que se hace dentro de la demanda", explicó.
Sobre si un desalojo judicial hoy demanda aproximadamente seis meses y puede extenderse hasta ocho o diez según las circunstancias del caso, Córdoba fue contundente: "No, no es tan así". Según detalló, los mecanismos más rápidos que hoy se aplican corresponden a situaciones particulares. "Se realiza más que nada en casos puntuales en los que haya alguna cautelar abierta o que haya algún peligro en el retardo de la justicia", explicó.
En esos casos, agregó, los abogados presentan las circunstancias particulares del expediente y con "el criterio de cada juzgado se realiza la audiencia correspondiente". En paralelo, existe una instancia administrativa de conciliación que funciona en la Municipalidad de Salta. Allí pueden acudir tanto propietarios como inquilinos para intentar resolver conflictos antes de que escalen a una instancia judicial.
Hay más conflictos
La cantidad de audiencias realizadas por el área municipal también muestra un aumento. Córdoba señaló que actualmente se realizan unas 10 audiencias por semana y que llevan alrededor de 80 audiencias en lo que va del año, con una proyección de entre 150 y 160 para todo 2026.
"Es un crecimiento aproximado de un 40% en relación al año pasado", indicó. Los problemas más frecuentes están vinculados con la actualización del alquiler, los atrasos en los pagos, los arreglos al finalizar el contrato y la devolución de los depósitos en garantía.
En cuanto a la morosidad, Córdoba señaló que le llegan solicitudes de conciliación incluso con un solo mes de atraso. "No dejan pasar más", dijo. Ocurre que cuando un inquilino acumula alrededor de tres meses de alquiler impago, la situación ya se vuelve grave y difícil de sostener para ambas partes.
El funcionario también remarcó que entre el 30% y el 40% de las denuncias que recibe el área corresponden a relaciones de alquiler informales, es decir, sin un contrato firmado. Esa situación, advirtió, deja a los inquilinos en una posición de mayor vulnerabilidad.
La conciliación también permite evitar que algunos conflictos terminen en un juicio. Córdoba precisó que, de unas 72 audiencias realizadas en el período que estaban analizando, 34 estuvieron vinculadas con desalojos y en 26 de esos casos hubo acuerdo entre las partes. "Es decir, que hemos podido llevar una solución en el corto plazo al inquilino", señaló.
Según su evaluación, "todas esas personas, ya sean propietarios o inquilinos que pasaron a través de Atención al Inquilino en la Municipalidad, en el 80% han tenido respuesta en la celebración de un acuerdo".
Córdoba aclaró que el resultado depende en buena medida de la predisposición de propietarios e inquilinos para alcanzar una solución. "Muchas veces lo que tratamos de remarcarle a los propietarios es, como así también es muy difícil conseguir un alquiler, un alquiler justo, conseguir un inquilino que respete las condiciones en las cuales un propietario presta su vivienda, su propiedad a tal fin, es bastante complicado", afirmó.
Córdoba también identificó un grupo particularmente vulnerable: los adultos mayores que alquilan y tienen ingresos previsionales limitados. "Últimamente existen sobre todo adultos mayores que se encuentran en la situación de inquilinato y buscan asesoramiento al respecto", señaló. Explicó que algunos llegan a situaciones de desalojo cuando los aumentos del alquiler superan su capacidad de pago.
"Si tenés mayores que están en una precariedad en lo que se refiere a su jubilación, se les encarece muchísimo la posibilidad de llevar adelante o de cumplir con la obligación", sostuvo. También mencionó un dato que atribuyó a un estudio realizado por el IPV a fines del año pasado: en las carpetas vinculadas con solicitudes de viviendas, entre el 60% y el 70% corresponderían a situaciones habitacionales sin contrato formal, como viviendas prestadas por familiares o vecinos o acuerdos de palabra.
Qué plantea el proyecto
El proyecto aprobado por el Senado establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, con plazos más breves. También contempla la posibilidad de una restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho del propietario.
En los casos de falta de pago de alquileres de viviendas, establece además que el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda. La iniciativa también contempla situaciones de especial vulnerabilidad. Córdoba destacó que, ante la presencia de menores, adultos mayores o personas con discapacidad, está prevista la intervención del Ministerio Público.
"Es una herramienta más fuerte, si se quiere, al propietario", reconoció. Pero consideró que esas previsiones pueden "equilibrar la balanza". Al mismo tiempo, sostuvo que "la idea y la esencia de este nuevo proyecto es darle mayores facultades a los privados".
Para Córdoba, en definitiva, la reforma puede ser positiva si se preservan los derechos de ambas partes. "A nosotros, dentro del ámbito de la litigación particular, entiendo que es un paso adelante, siempre y cuando se puedan resguardar los derechos entre las partes", afirmó.
El área de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad de Salta funciona en el Centro Cívico Municipal, avenida Paraguay. La atención presencial es de lunes a viernes, de 8 a 14. También reciben consultas por WhatsApp en el 3872-542826.