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La Provincia puso en funcionamiento el Módulo de Gestión de Alto Perfil, una decisión de política pública y criminal orientada a fortalecer la capacidad del Estado frente a los nuevos desafíos del delito y del crimen organizado.
Constituye una decisión estratégica de la Provincia frente a la transformación de las dinámicas delictivas y al crecimiento de las capacidades económicas, tecnológicas y organizativas de las organizaciones criminales. El nuevo espacio permite incorporar criterios específicos para la gestión de internos de alto riesgo, con infraestructura adecuada, procedimientos diferenciados, tecnología, controles y personal especialmente capacitado.
Se concretó en el marco de una ceremonia encabezada por autoridades provinciales, judiciales, de las fuerzas de seguridad y representantes de organismos nacionales e internacionales. Participaron, entre otros, el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ignacio Jarsún Lamónaca, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Alberto Mónico Graciano, el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, la defensora general, Ada Guillermina Zunino, la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli, la subsecretaria de Derechos Humanos Mirta Noemi Mejías, autoridades del Servicio Penitenciario de Salta y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ignacio Jarsún, destacó que la puesta en funcionamiento del módulo forma parte de una política orientada a fortalecer las capacidades institucionales frente a los nuevos escenarios de seguridad. “Es una decisión concreta para estar mejor preparados frente a personas vinculadas a organizaciones de riesgo y a los desafíos que plantea la lucha contra el crimen organizado. Seguimos fortaleciendo nuestras instituciones, incorporando herramientas y tomando decisiones que nos permitan estar preparados para los desafíos de hoy”, afirmó.
Durante el acto, el secretario de Justicia, Javier Mónico remarcó que la evolución de la criminalidad exige una respuesta estatal acorde a los nuevos escenarios. En particular, señaló que existen personas privadas de la libertad que, por sus características y evaluaciones objetivas, presentan riesgos particulares vinculados a hechos de violencia, corrupción, entorpecimiento de investigaciones o capacidad para continuar relacionadas con actividades delictivas desde el interior de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa incorpora experiencias y lineamientos internacionales vinculados con la gestión penitenciaria de alto riesgo y el abordaje del crimen organizado, entre ellos los promovidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La inversión en infraestructura, tecnología y capacitación forma parte de una política integral de seguridad y justicia que busca fortalecer las capacidades del Estado.