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Este miércoles se realizó la primera audiencia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy, en el marco de una investigación que busca desarticular una presunta organización dedicada a la tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta.
La Fiscalía Federal formalizó la imputación contra 15 personas, entre ellas médicos, directivos y gerentes del hospital público de El Quebrachal, empleados municipales de las áreas de Acción Social de El Quebrachal y Joaquín V. González, empleados de ANSES y diputados provinciales de Joaquín V. González.
De acuerdo con la acusación, los involucrados habrían cobrado sumas de dinero que iban desde $45.000 hasta $1.000.000 para gestionar los trámites destinados a personas de sectores vulnerables de la zona. La maniobra habría permitido el otorgamiento de beneficios a personas que no cumplían con las condiciones exigidas e incluso, en algunos casos, que no presentaban ningún tipo de discapacidad.
El perjuicio económico calculado para el Estado asciende a unos $3.280 millones mensuales.
Certificados y estudios médicos presuntamente falsificados
La investigación sostiene que la organización contaba con una estructura integrada por profesionales de la salud, empleados y funcionarios públicos. El mecanismo incluía la elaboración de certificados médicos falsos, alteración de historias clínicas y modificación de resultados de laboratorio y estudios radiográficos.
Entre las patologías que aparecían de manera reiterada en los expedientes investigados se encontraban la enfermedad de Chagas y diabetes. Según la pesquisa, algunos estudios originales eran copiados y reutilizados para confeccionar expedientes correspondientes a distintas personas.
También se detectó, de acuerdo con la acusación, la existencia de laboratorios utilizados para fraguar resultados y falsificar documentación médica. Incluso se habría constatado que personas que no eran médicos firmaban certificados de discapacidad.
La investigación sostiene además que el esquema tenía un componente político. Según las pruebas incorporadas a la causa, determinados operadores reclutaban a familias vulnerables o numerosas y les ofrecían gestionar pensiones a cambio de favores políticos y, particularmente, de apoyo electoral.
Una investigación que comenzó en 2024
La pesquisa se inició de oficio el 24 de julio de 2024, según explicó el fiscal general Carlos Amad, a partir de un procedimiento realizado en la provincia del Chaco en el que fueron detectados certificados médicos presuntamente falsificados que habían sido expedidos por un profesional oriundo de Joaquín V. González.
A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir una estructura que, según la hipótesis fiscal, operaba en distintas localidades del departamento Anta.
El trabajo investigativo fue realizado junto con personal de Gendarmería Nacional e incluyó entrevistas con beneficiarios, testimonios de identidad reservada y un amplio entrecruzamiento de información con ANDIS, ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
La causa tuvo además distintas etapas de allanamientos. En septiembre de 2024 se realizaron procedimientos en oficinas públicas, clínicas privadas, hospitales y dependencias municipales de El Quebrachal. Posteriormente se concretaron nuevos operativos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
En total, la investigación contabilizó 26 allanamientos. Durante esos procedimientos se secuestró documentación y material que, según la Fiscalía, permitió profundizar la hipótesis sobre el funcionamiento de la organización.
Entre los elementos encontrados se mencionaron radiografías de tórax y columna correspondientes a distintas personas. Según los investigadores, alrededor del 90% de esas placas presentaban desviaciones de columna y algunas tenían espacios o rótulos en blanco para completar posteriormente con los datos del paciente.
También fueron encontrados estudios de laboratorio con resultados positivos de Chagas que, de acuerdo con la pesquisa, en su mayoría serían copias de otros estudios y no documentos originales.
Casi 40 mil pensiones bajo análisis
Uno de los datos centrales expuestos durante la audiencia surge del entrecruzamiento de información realizado con organismos nacionales. Según los investigadores, en la zona analizada se otorgaron pensiones no contributivas por discapacidad a 39.775 personas, de las cuales aproximadamente 9.000 salteños no cumplirían con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.
En el departamento Anta se contabilizaron 4.305 pensiones, una cifra que, según los informes incorporados a la causa, representa alrededor del 15% de la población con discapacidad de la zona y comprende principalmente a habitantes de El Quebrachal y Joaquín V. González.
Para la Fiscalía, estos números constituyen un indicio de la magnitud que habría alcanzado la maniobra y de la posible existencia de un sistema organizado para la obtención irregular de beneficios estatales.
“La causa torna una gravedad social increíble, además de la defraudación al Estado”, sostuvo Amad durante su argumentación.
El fiscal también cuestionó el mecanismo utilizado para captar a personas vulnerables. “No se hace esto de jugar con la gente, es ilícito, además es gente vulnerable que después le tenía que pagar con un chancho a esta gente”, señaló.
Los delitos imputados
En esta primera etapa, las 15 personas quedaron imputadas por distintos delitos vinculados con la presunta maniobra. La acusación contempla asociación ilícita para defraudar al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos. En uno de los casos también se investiga el ejercicio ilegal de la medicina.
La Fiscalía considera que el accionar no se limitaba a la falsificación aislada de documentación, sino que habría existido una estructura organizada en la que cada integrante cumplía una función determinada para concretar el otorgamiento de los beneficios.
La investigación se encuentra circunscripta principalmente al departamento Anta y comprende a Joaquín V. González, El Quebrachal y localidades cercanas.
La Fiscalía pidió ampliar la investigación
Durante la audiencia, Amad solicitó un plazo de un año para continuar con la investigación, completar documentación requerida a organismos nacionales y profundizar el entrecruzamiento de datos de los beneficiarios.
También pidió la inhibición general de bienes de los 15 imputados y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
La Fiscalía busca determinar además el alcance total de la organización y establecer la eventual responsabilidad de otras personas. La evidencia reunida hasta el momento permitiría avanzar sobre nuevos involucrados, entre ellos profesionales de la salud y funcionarios vinculados con la estructura investigada.
Ahora será el Juzgado Federal N° 2 de Salta el que deberá resolver los planteos formulados durante la audiencia y las medidas solicitadas por la Fiscalía, mientras continúa una investigación que podría ampliar considerablemente la cantidad de personas involucradas y determinar el verdadero alcance del perjuicio ocasionado al Estado.
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