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¿Eso fue realmente así? Porque la familia Cordeyro emitió un comunicado poniendo en duda la existencia de ese DVD del que usted habló. Incluso plantean que nunca apareció.
Pero termino la idea. Yo no tengo la culpa de que Vicente Cordeyro, en 2019, apenas se logró elaborar el identikit del femicida y recuperar la tercera fotografía de medio cuerpo, convocara a los investigadores de Homicidios y les entregara un DVD con fotografías del perro, de los vehículos y de los Saavedra. Y estamos hablando del año 2019, cuando yo ni siquiera era procurador. Pero cuando la nueva investigación comenzó a avanzar y cada vez aparecían más elementos que iban cerrando el cerco sobre los Saavedra, algunos de los investigadores recordaron: "Esto coincide con aquel material que en su momento había entregado Cordeyro". Entonces surgió la pregunta: "¿Dónde está ese DVD?".
Tuvimos la suerte de que quien había recibido ese material, el comisario Costello, había conservado una copia de respaldo en la nube. Yo tampoco tengo la culpa de que la gestión anterior de la Procuración se hubiera concentrado exclusivamente en la denominada pista del viudo y descartara cualquier otra línea de investigación, llevando adelante un juicio que terminó siendo uno de los más bochornosos que hemos tenido, porque concluyó con una absolución al no existir prueba suficiente. Y, en definitiva, fue una buena noticia que terminara así, porque de lo contrario hoy podríamos haber tenido al verdadero femicida caminando por la calle.
Usted habla de Javier Saavedra directamente como el femicida. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación modificó la parte resolutiva de la sentencia y quitó la declaración de responsabilidad penal.
Lo que hizo el Tribunal de Impugnación fue una frivolidad. Quiso decir algo en la causa que antes no había dicho. Si uno lee ambos fallos, verá que son coincidentes en cuanto a la responsabilidad penal de Javier Saavedra. El Tribunal de Juicio declaró su responsabilidad porque era necesario reconstruir la plataforma fáctica para resolver la situación procesal de los otros dos imputados. El Tribunal de Impugnación, en uno de sus considerandos, dice expresamente que no le cabe ninguna duda sobre la activa intervención de Javier Saavedra en el crimen de Jimena Salas. Lo único que sostiene es que esa declaración no debía figurar en la parte resolutiva de la sentencia.
Eso fue absolutamente innecesario que, a mi entender, denota una imprudencia importante, porque la única perjudicada termina siendo la opinión pública, que no logra entender qué ocurrió.
No había ninguna necesidad de declarar esa nulidad. El argumento es que, como Saavedra falleció antes del juicio, no podía ser condenado. Pero nadie en el Ministerio Público pretendía llevar un muerto a prisión. Lo que se estaba haciendo era reconstruir los hechos para determinar quién ingresó a la casa de Jimena Salas y quién fue, cuatro días antes, con la historia del perro hasta la testigo que tomó el número de teléfono, que pertenecía justamente a Javier Saavedra. Obviamente no puede imponerse una pena de prisión a una persona que decidió quitarse la vida la noche anterior al juicio.
Más allá de los planteos de la familia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿se presentaron como querellantes o impulsaron alguna actuación dentro de la causa?
No. Lo que hicieron fue designar un perito de parte, un médico, y ese perito coincidió en que se trató de un suicidio.
Usted recién decía que cuando asumió no quería tapar "chanchullos" de otras gestiones. Recuerdo también que hizo públicas las amenazas que recibió. Tengo entendido que estaban vinculadas con el Gringo Palavecino, hoy detenido en Ezeiza. ¿Qué quedó de aquella situación y cómo la vivió?
Fue una de las situaciones más difíciles que me tocó atravesar en la vida. Cuando apareció toda esta estructura vinculada al Gringo Palavecino advertí la enorme gravedad de lo que estaba ocurriendo. Incluso antes las fiscales de Orán ya me habían transmitido su preocupación por la información que manejaban.
En lugares muy inhóspitos se estaba intentando instalar prácticamente un pequeño cuartel, con fuerzas de seguridad propias e irregulares. No eran simples "soldaditos": estaban armados con fusiles y armas largas y tenían una capacidad operativa realmente importante.
Paralelamente, al avanzar con la investigación detectamos que Palavecino tenía vínculos con un personaje de la zona que le señalaba las viviendas para cometer los asaltos: José Dimas Ruiz, quien además era candidato a intendente. Muy probablemente, si no hubiéramos actuado a tiempo, hoy esa persona sería intendente de Orán. Ya teníamos el antecedente del exintendente de Aguas Blancas condenado por narcotráfico y también advertíamos situaciones muy preocupantes respecto de un juez que mostraba una gran permeabilidad frente a este tipo de organizaciones. No había ninguna duda de que había que avanzar.
¿Y cuándo tomó verdadera dimensión del riesgo personal que corría?
Descubrimos algo que era incluso peor que una amenaza de muerte. Personal del Servicio Penitenciario, de buena fe, nos informó sobre conversaciones que se estaban produciendo dentro de la cárcel. Empezamos a corroborar esa información con distintos testigos y todo eso quedó incorporado en actuaciones judiciales. Así supimos que existía un plan y una lista de personas. Quien encabezaba esa lista era el procurador.
Palavecino, después de que se desmoronara toda su organización y mientras estaba detenido en Villa Las Rosas, había logrado ejercer un control muy importante dentro del penal. Mientras el resto de los internos jugaba al fútbol, él tenía un espacio especialmente equipado para entrenar. Incluso las cámaras de seguridad no apuntaban hacia su celda. Había comenzado a manejar el penal de una manera muy evidente.
En esos mismos días apareció muerto uno de sus consortes de causa, vinculado con la banda de Coya Rojas.
Toda esa situación era conocida por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Después de ese episodio se dispuso su traslado a un establecimiento de máxima seguridad.
Mientras tanto, nosotros seguíamos investigando el plan para atentar contra mi vida. Tuve que abandonar mi domicilio, vivir durante tres o cuatro meses en otro lugar sin que se conociera dónde estaba y contar durante casi un año con custodia permanente de Gendarmería.
Además tuve que soportar que, en un programa de televisión, una persona dijera que, si yo estaba protegido por custodios, entonces había que matar a mis hijos. Fueron momentos muy difíciles. Después, con el avance de la investigación, apareció otra persona muy cercana a Palavecino, Delfor Sandoval, que figuraba en varias causas sensibles y siempre lograba evadir a la Justicia. Finalmente fue detenido. Y hubo un dato muy preocupante: el geoposicionamiento de su teléfono celular lo ubicó, en aquellos días, en la esquina donde funciona la Procuración General de la Provincia.