inicia sesión o regístrate.
"La causa torna una gravedad social increíble, además de la defraudación al Estado", sostuvo ayer el fiscal federal Carlos Amad durante la audiencia en la que se formalizaron las imputaciones por la tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad. Amad cuestionó en esos términos al mecanismo utilizado para captar a personas vulnerables. "No se hace esto de jugar con la gente, es ilícito, además es gente vulnerable que después le tenía que pagar con un chancho a esta gente", señaló.
La causa de las pensiones truchas, en la etapa de investigación penal que quedó formalizada ayer ante el juez federal Nº 2 de Salta, Diego Anzorreguy, está focalizada sobre municipios de Anta.
Un diputado provincial, médicos y agentes de municipios y dependencias de organismos nacionales en la zona resaltan entre los 15 imputados.
Cargos penales
La acusación del Ministerio Público Fiscal contempla cargos por asociación ilícita para defraudar al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos. En uno de los casos también se investiga el ejercicio ilegal de la medicina.
La Fiscalía considera que el accionar ilícito no se limitaba a la falsificación aislada de documentación, sino que habría existido una estructura organizada en la que cada integrante cumplía una función determinada para concretar el otorgamiento irregular de beneficios.
La investigación se encuentra circunscripta principalmente a Joaquín V. González, El Quebrachal y localidades cercanas.
Durante la audiencia, Amad solicitó un plazo de un año para ampliar la investigación con documentación requerida a organismos nacionales y profundizar el entrecruzamiento de datos de los beneficiarios.
También pidió la inhibición general de bienes de los 15 imputados y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
La Fiscalía busca determinar el alcance total de la organización y establecer la eventual responsabilidad de otras personas implicadas. La evidencia reunida hasta el momento permitiría avanzar sobre nuevos involucrados, entre ellos profesionales de la salud y funcionarios vinculados con la estructura investigada.
Ahora será el Juzgado Federal N° 2 de Salta el que deberá resolver los planteos formulados durante la audiencia y las medidas solicitadas por la Fiscalía, mientras continúa una investigación que podría elevar la cantidad de personas imputadas y el alcance económico del exorbitante perjuicio ocasionado al Estado.