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Dos episodios ocurridos con pocas horas de diferencia volvieron a encender las alarmas sobre la violencia en los establecimientos educativos del norte provincial. Un adolescente de 13 años debió ser internado en Tartagal luego de recibir una fuerte golpiza por parte de otros estudiantes, mientras que en Salvador Mazza un adolescente de 14 años sigue detenido, luego de ingresar con un rifle calibre 22 a una escuela primaria y exhibir el arma frente a los alumnos.
Son hechos aislados y de características diferentes, pero coinciden en un escenario que preocupa a familias y comunidades educativas: la reiteración de situaciones de violencia, intimidaciones y conflictos que terminan requiriendo intervención policial y judicial.
Una golpiza y silencio
El episodio de Tartagal ocurrió el miércoles alrededor de las 17.30, en las inmediaciones del Colegio N° 5077 Jesús Reyes, de V° Saavedra.
Según la información difundida, tres alumnos habrían atacado a un compañero de 13 años, estudiante de primer año del mismo establecimiento. La agresión se produjo cuando los alumnos salían antes del horario habitual y, como consecuencia de la golpiza, el adolescente debió ser trasladado e internado en una clínica.
Los presuntos agresores, que serían compañeros de la misma división, fueron identificados luego de retirarse del lugar.
El caso tomó estado público a partir de publicaciones en redes sociales y portales de la zona. Sin embargo, ni las autoridades del establecimiento ni la supervisión educativa brindaron precisiones sobre lo sucedido.
Consultada por El Tribuno, la Policía informó que, por tratarse de menores, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía y al Juzgado de Menores de Tartagal.
Con un rifle
Un día antes, la preocupación había ganado Salvador Mazza. El martes 18 de agosto, alrededor de las 15.15, un adolescente de 14 años ingresó al Centro Educativo N° 8.130 La Huerta y se dirigió hasta un aula de segundo grado. Según la investigación, abrió la puerta y exhibió un arma antes de retirarse.
Las primeras versiones que hablaban de amenazas directas contra alumnos o docentes fueron posteriormente descartadas.
El joven fue identificado con cámaras de seguridad y detenido por orden de la Fiscalía. En el procedimiento se secuestró un rifle calibre 22. La Justicia busca determinar si estaba cargado, cómo llegó a manos del menor y a quién pertenece.
Tras una audiencia, se resolvió que el adolescente continúe detenido mientras avanza la investigación, inicialmente caratulada como supuesta portación ilegítima de arma de fuego.
El episodio generó preocupación entre las familias y reclamos para reforzar los controles de ingreso y egreso. También quedó planteada la necesidad de asistencia interdisciplinaria para los alumnos y la comunidad.
Antecedentes
Los dos hechos recientes se suman a otros episodios registrados durante los últimos meses en el departamento San Martín.
A mediados de abril, un alumno de 13 años fue descubierto en la Escuela Técnica N° 3.135 de Tartagal con un cuchillo. El menor manifestó que lo llevaba para defenderse de presuntas amenazas de otros estudiantes.
Durante el primer semestre también se registraron amenazas de bomba, intimidaciones y mensajes vinculados con retos virales en Tartagal y otras localidades del norte, situaciones que derivaron en intervenciones judiciales y del Ministerio de Seguridad.
Entre fines de 2025 y comienzos de este año, además, se produjeron disputas entre estudiantes de instituciones como el Colegio San Francisco de Tartagal, con denuncias penales cruzadas por maltrato físico y bullying que requirieron la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces.
Más allá de la seguridad
La sucesión de episodios abre una discusión que excede la necesidad de reforzar los controles policiales.
La presencia de armas, las agresiones físicas, las amenazas y los desafíos violentos en redes sociales muestran distintas expresiones de un problema que requiere prevención, detección temprana y acompañamiento.
Cada hecho involucra a adolescentes, familias, docentes y directivos, pero también expone la necesidad de contar con herramientas eficaces para intervenir antes de que los conflictos escalen.
Tartagal y Salvador Mazza volvieron a quedar así frente a una problemática que no parece limitarse a un establecimiento ni a un caso puntual. Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades educativas esperan respuestas que permitan garantizar algo tan básico como necesario: que las escuelas sean espacios seguros para aprender, convivir y crecer.