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Con definiciones sobre la Justicia y los cambios que busca impulsar, Ada Zunino hizo un balance de sus primeros cuatro meses al frente de la Defensoría General. En una entrevista con El Tribuno, cuestionó la incidencia de la "ideología de género" en algunos casos, habló de la responsabilidad penal de los menores en el nuevo régimen y explicó la situación de Marcelo Torrico, el hombre que mató a los hermanos Leguina en 1998. Además, detalló los proyectos para acercar los defensores oficiales a los barrios y al interior y para acelerar y mejorar el funcionamiento de un organismo que enfrenta, según afirmó, un crecimiento "exponencial" de la demanda.
¿Cómo ha visto la evolución del delito en Salta?
Bueno, en Salta y en todo el país, el delito viene creciendo, especialmente en materia penal. El delito crece a medida que las crisis económicas también avanzan, y yo creo que no solamente hay una crisis económica, sino que hay una crisis social y una crisis moral importante. Esto conlleva que la Defensoría se haga cargo de la defensa de los imputados por delitos de casi un porcentaje del 84-85% de los casos penales.
Con respecto a la defensa civil, que es la atención de ese segmento de la sociedad que se encuentra en estado de vulnerabilidad, ya sea por bajos recursos, discapacidad, minorías, etc., nosotros nos hacemos cargo casi del 100% de esas personas que vienen a reclamar la protección de sus derechos.
De los delitos que muestran un crecimiento, ¿cuál puede referir como preocupante?
Yo veo como preocupante el incremento de los delitos contra la integridad sexual y de los delitos que se cometen a través de las redes sociales. Bullying, hostigamiento, extorsión, etc. Creo que en materia de ciberdelito es una materia pendiente, es una materia que se debe reglamentar, porque el escenario pasó de ser la realidad, la realidad corpórea, la realidad que tenemos todos los días, a ser un escenario completamente virtual, en donde el anonimato y la noticia, o el bullying o el hostigamiento se han convertido en una moneda corriente.
La Defensoría está pensada para los sectores que no pueden pagar un abogado particular. ¿Están teniendo más demanda por la situación económica?
Tenemos un incremento exponencial de la demanda, tanto en lo que se refiere a materia civil, que es materia alimentaria, cuidado parental, discapacidad, amparos por salud, amparos para personas de la tercera edad, por desalojos, etc.
Nosotros vamos a proteger a estas personas, vamos a defender sus derechos, siempre teniendo en miras la sentencia o la condena justa. Ni la impunidad ni la arbitrariedad. Hay un crecimiento exponencial, se están viviendo momentos económicos difíciles, y ante estos momentos económicos difíciles, crece la demanda en la Defensoría Oficial, tanto civil como penal.
¿Cómo hace la gente para llegar a un defensor oficial? ¿Qué va a cambiar desde que usted está al frente de la Defensoría?
Bueno, nosotros tenemos un plan, que es un plan de descentralización de la Defensoría, que tiene dos ejes. El primer eje es, acá en Salta Capital, nosotros celebramos un convenio con la Municipalidad, y también lo vamos a hacer de manera autónoma, en el cual vamos a ir a cada uno de los barrios de la ciudad, a los efectos de que las personas no tengan que acercarse a la Ciudad Judicial como una manera de descentralizar el servicio de justicia.
Este servicio que nosotros estamos prestando no es solamente un servicio de escucha, sino que es un servicio de asesoramiento jurídico, de viabilidad del pedido o de la solicitud de justicia de esta persona. Se le pone en conocimiento cuál es la documentación que se requiere en el caso de viabilidad de ese reclamo, y se le designa cuál va a ser el defensor oficial al que esa persona va a tener que acudir en el momento en que tenga toda la documentación.
Es decir, se acerca la Defensoría, siendo más cercana con una escucha activa, evitando que la persona pueda gastar sus pocos recursos o su tiempo viniendo a la Ciudad Judicial y descentralizando este servicio.
¿Qué resultados tuvieron con esta experiencia en los barrios?
En la última experiencia que tuvimos en el barrio Solís Pizarro, atendimos la misma cantidad de personas que se atienden en un día de trabajo acá en la Ciudad Judicial. O sea que entiendo que este proyecto de descentralización, tanto en la capital como en el interior, va a tener muy buenos resultados.
¿Cómo van a trabajar en el interior de la provincia?
Desde el inicio de mi gestión, yo he tenido una preocupación y es una misión que tengo, que es acercar la Defensoría a las personas.
Entiendo que el verdadero sentido de justicia no solamente está en las leyes escritas, sino en la capacidad que tenemos para brindar al ciudadano el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no es solamente un mandato constitucional, sino que es un deber ético. Y desde el comienzo de mi gestión, tengo como meta llevar adelante un proyecto que sea histórico, transversal y con carácter permanente.
La Cámara de Diputados ha declarado de interés provincial el proyecto que se ha presentado a partir de esta Defensoría, en el cual ha declarado de interés provincial la descentralización de la Defensoría en el interior de la provincia. El 7 de septiembre estamos lanzando el plan, el cual comienza con el nodo número 1 en la localidad de Cachi, el cual va a asistir jurídicamente a partir de una Defensoría clara, cercana a la gente, con una escucha activa y con una resolución concreta de sus problemas para todos aquellos salteños que viven alejados de esta centralización institucional que tiene la Defensoría acá.
Esta consultoría jurídica no solamente va a evacuar la consulta, sino que va a recepcionar la documentación, se le va a designar cuál es la Defensoría que va a actuar en su caso y se va a tratar de acercar la justicia a estas personas que viven en lugares alejados.
Entiendo que la distancia geográfica, los bajos recursos o la centralización institucional que tienen ciertos organismos son barreras invisibles que impiden que las personas que están alejadas de estos centros urbanos tengan un verdadero acceso a la justicia.
Usted fue jueza antes de ser defensora y existe la idea de que falta celeridad y respuesta de la Justicia. ¿Qué puede modificar o impulsar desde la Defensoría?
Desde que he comenzado con la Defensoría, hemos de cierta manera descentralizado también la Defensoría acá adentro. Se han reacomodado ciertos recursos humanos y todas aquellas personas que poseen el título de abogado fueron a trabajar a aquellas defensorías que son la primera atención al ciudadano, que son las defensorías civiles y penales. Hoy las defensorías civiles y penales se las ha dotado de una mayor cantidad de personal ante este requerimiento masivo por parte de la población y también se las ha dotado de recursos informáticos y recursos de todo tipo para que se brinde un mejor y mayor servicio de justicia a quienes vienen a requerir la defensa pública.
¿Cómo hacen con los fondos y cómo se controlan esos recursos?
En lo que se refiere a la administración de los recursos humanos son exactamente los mismos fondos, nada más que se produjo una descentralización de la Defensoría acá adentro y se le dio eficiencia a ese gasto en recursos personales.
También nosotros, como Colegio de Gobierno, junto al Procurador General de la provincia y al asesor de menores, el doctor Gaspar Solá, hemos llevado adelante y estamos presentando un proyecto que ya tiene firma de Colegio de Gobierno, una modificación de la Ley de Creación del Ministerio Público, la Ley 7.328, que va a ser presentada en los próximos días ante el Poder Legislativo de la provincia, porque se debe modificar por ley.
Lo que se pretende o lo que se quiere a partir de este Colegio de Gobierno, del cual estoy presidiendo en este momento, es que haya una adecuación de todos los mecanismos y todos los circuitos, por lo tanto el Ministerio Público de la Defensa y de la Asesoría de Menores, acorde a los estándares internacionales, dotando de mayor celeridad, mayor eficiencia, y un control extremo de los gastos, que es el recurso de todos los salteños que nos confían esa administración a nosotros.
Como presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, ¿qué se puede hacer para que los tres organismos respondan más rápido?
Primero viene esta modificación de esta ley, en la cual entiendo que va a haber una gran celeridad. Y segundo, que hay un acuerdo y un sentimiento único entre las tres cabezas de estos ministerios de brindar el mejor y mayor servicio que se pueda. Vamos a trabajar en forma articulada entre los tres.
Y también celebrando acuerdos con el Poder Judicial, que es otro órgano externo a nosotros, a través de la implementación, que nosotros hemos formado parte también de este sistema acusatorio adversarial, en el cual también en las próximas semanas está entrando en vigencia el régimen penal juvenil, en el cual se está capacitando al personal y capacitando también a todas aquellas personas que van a formar parte para que las personas tengan una respuesta rápida a todos sus problemas.
Respecto a la implementación del Código Procesal Penal, ¿cómo va el proceso y qué desafíos tiene?
Como todo proceso en el cual viene a cambiar el paradigma con el cual se pretende resolver el problema penal, el Poder Judicial ha sido muy generoso con sus recursos. Nosotros también estamos predispuestos a que este nuevo sistema procesal penal funcione. Obviamente que a partir de que se pone en marcha todo este proceso, va a haber cuestiones que se van a ir modificando, adecuándose, porque es un nuevo proceso, es la vigencia de un nuevo Código Procesal Penal en la provincia.
Ha tenido excelentes resultados. En algunos casos, como son los delitos en flagrancia, los cuales se han resuelto en el término de 24 o 48 horas, el tema penal, la problemática penal, utilizando sistemas alternativos de resolución de conflictos e implementando también el nuevo paradigma que es la justicia restaurativa. Yo lo veo positivo.
Creo que hay que trabajar mucho. Creo que todos los nuevos actores y los viejos actores de la justicia, tanto abogados, jueces, defensores y demás, debemos adecuarnos a este nuevo sistema penal, que entiendo que trae mejores resultados para la problemática penal.
Le tocó estar al frente, a través de los defensores, de causas de relieve público, como la muerte de un niño de dos años en la que está acusada la madre y la pareja de esta mujer. ¿Cómo vive esa situación y cómo está viendo esa problemática?
Primero que es un hecho en donde se llevó la vida de un niño, lo cual es un hecho tremendo, que no debería haber sucedido en esta provincia, pero que a veces hay imponderables en donde lamentablemente estos hechos suceden. La madre viene con una historia personal de mucha vulnerabilidad, pero creo que en algunos casos la ideología de género ha penetrado tanto en el derecho que por proteger a ciertos adultos que se tienen que hacer cargo de sus acciones se ha descuidado de cierta manera la mirada hacia ese menor.
No hay una responsabilidad acabada por parte de nadie y esto lo va a dilucidar la Justicia en el momento en que dicta una sentencia.
La madre está siendo asistida por la defensa pública, en la cual no se está protegiendo a la madre en el sentido de tratar de llegar a la impunidad en el caso que sea responsable de algún delito ni tampoco la arbitrariedad, sino llegar a una sentencia justa, la cual va a determinar si se la absuelve o se la condena por la responsabilidad con respecto a este menor que era su hijo.
¿Qué desafíos trae la implementación próxima de la Ley Penal Juvenil?
Es un desafío importante porque baja la edad de imputabilidad de los menores. Nosotros, a partir de la Defensoría, estamos con cursos de capacitación y de conocimiento de esta nueva Ley Penal Juvenil. Llevamos a los distintos establecimientos escolares. Ya hemos tenido la capacitación en diversos establecimientos escolares, especialmente en el interior de la provincia.
¿A qué apuntan con esas capacitaciones?
El contenido que tiene que saber la gente es que hoy un menor de 14 años es responsable de ciertos actos y que le puede corresponder, desde un método de resolución de conflicto hasta una pena privativa de la libertad, que no va a exceder los 15 años, pero es una pena privativa de la libertad.
Entre los asistidos por la Defensoría, ¿hay una mayoría de población joven o es algo general?
Hay de todo. Hay mucha reincidencia.
Personas que acaban de salir de una condena que vuelven a reincidir en el término de dos o tres meses. Y también hay muchos menores que, por su grado de inmadurez mental, porque son menores de edad y la Convención de los Derechos del Niño dice que son menores de edad hasta los 18 años, a veces no tienen conciencia clara y cierta de la magnitud del hecho que están cometiendo.
Entonces el hecho de ponerlos en conocimiento, de ver que sus actos ahora van a tener consecuencias y que se va a aplicar la ley, es positivo para ellos.
¿El sistema penitenciario está logrando el objetivo de la resocialización?
El sistema penitenciario, en la última visita que hicimos acerca de la inauguración de este pabellón de alto perfil, lo cual es de destacar que fue un gran trabajo porque edificar un ala dentro de la Unidad Carcelaria Número Uno para presos peligrosos, lo cual es un ejemplo para la provincia.
Se utilizaron recursos propios. El Ministerio de Justicia ha trabajado en forma mancomunada junto con el Servicio Penitenciario. El Servicio Penitenciario tiene talleres de todo tipo, de carpintería, de peluquería.
Es decir, no solamente hay un taller, sino que también hay aulas virtuales para que los presos terminen la secundaria. Si bien aparece a veces ante los ojos de la población de que un preso tenga todas estas prerrogativas, nosotros tenemos que cumplir con el deber constitucional que al preso hay que resocializarlo porque la pena en algún momento se agota. Y siempre lo he manifestado cuando he sido juez penal.
Si vos a una persona la tratás como un animal durante el tiempo que está condenado, va a salir un animal. Y lo que yo pretendo es cuidar a la sociedad y tratar de darle las herramientas necesarias para que entienda. Primero, que lo que hizo recibió la condena justa y que no puede volver a reincidir.
Entonces, en algunos casos, que me imagino que serán escasos, sí existe el efecto resocializador porque hay personas que cometen el delito por distintas circunstancias. Algunos porque lo ven en su medio de vida, pero otros también atravesados por el flagelo de la droga o por una situación de vulnerabilidad extrema.
Usted intervino cuando era jueza en el caso Torrico. ¿Qué pasa con Torrico? ¿Cuándo sale? ¿Debe salir?
Torrico es un caso emblemático en la provincia porque Torrico ha sido sentenciado con la ley anterior, que es una ley que ya no está vigente, que es una ley que cambió radicalmente a partir del caso Bloomberg. Antes, la pena perpetua que podía tener una persona antes del caso Bloomberg era de 25 años, no porque esté escrita en el Código, sino que de antecedentes jurisprudenciales y haciendo una interpretación armónica de todo el marco normativo vigente, la Corte Suprema de Justicia entendió que ese era el plazo de tiempo suficiente para que una persona purgue sus delitos.
Todos saben perfectamente cuál es mi postura acerca de las penas y del monto de las penas. Yo creo que las penas hay que agravarlas porque las penas en algunos casos no son justas, porque son penas muy cortas para delitos muy graves.
A mí como defensora general de la provincia, en el momento que asumí, se me cuestionó mi postura frente a las penas, pero yo lo vuelvo a repetir. Mi primer compromiso está con el bien común, con la sociedad en general, y mi segundo compromiso está con la persona que viene imputada, en donde yo no le voy a garantizar la impunidad. Yo lo que le voy a garantizar, en el caso que sea considerado culpable, es una condena justa.
Pero, concretamente, ¿cuándo podría salir Torrico?
El tema de Torrico es que, lo vuelvo a repetir, es un caso emblemático porque él no se adhirió al beneficio de la libertad condicional y acogerse al beneficio de la libertad condicional está atado jurídicamente sí o sí al agotamiento de su pena.
Es un paso previo que para que la pena se considere agotada tiene que cumplir la persona privada de la libertad condenada. Y al no acogerse a esto nosotros no tenemos conocimiento de cuál es el lugar a donde él puede ir ni tampoco si está en condiciones psicológicas de hacerlo.
En los últimos actos que yo tuve como jueza que intervine en su caso, se le nombró un psicólogo en el cual él tenía una relación de mayor comunicación con el psicólogo y se le permitió que él salga al patio, a un patio reducido en el cual podía interactuar con uno o dos condenados más.
Tengo conocimiento que eso no tuvo buen resultado, pero como ya no soy más juez de la causa, es lo último que sé. Si bien está asistido por la defensa pública, la defensa pública lo que trata, a partir de sus defensores que están en el área de ejecución de pena, es que todos estos elementos que son necesarios, como la pericia psicológica, la pericia social y demás, se lleven adelante y una permanente evaluación del caso.
¿Cuándo saldrá? Eso lo dispondrá el juez que intervenga en la causa cuando considere que está preparado para reinsertarse a la sociedad.
¿Puede suceder eso o no?
Todo depende del paso a paso que se vaya evolucionando la situación del condenado Torrico.
En los últimos días aparecieron en portales denuncias que supuestamente tiene de una abogada de apellido Plaza. ¿Esto es así?
Yo en esto quiero ser categórica y va a ser la única instancia en que voy a hablar sobre este tema. Voy a ser categórica en que yo no tengo ninguna denuncia de ningún organismo o tribunal provincial, federal o nacional que tenga que ver con mi persona. El hecho que está sucediendo con respecto a mi persona es un hecho grave. Yo estoy siendo víctima de un acoso constante, grave, personal y mediático por parte de esta persona ya hace mucho tiempo. Yo he radicado las pertinentes denuncias en contra de esta persona, a la cual se le dictó una orden de impedimento de contacto y prohibición de acercamiento a mi persona, y las causas están a cargo de dos estudios de abogados ya hace más de nueve meses esperando una resolución de la justicia.
Yo le he iniciado tres causas a esta señorita, en las cuales pretendo que la justicia se pronuncie en breve porque estoy siendo objeto de una campaña difamatoria, en la cual considero que lo que se pretende es, de cierta manera, ensombrecer mi figura al cargo de la Defensoría Oficial.
Yo como defensora general debo dar esta respuesta porque desde siempre, cuando he sido jueza y ahora como defensora general de la provincia, tengo un compromiso con la transparencia, con la verdad y con el Estado de Derecho.
Pero yo no voy a permitir que a través de estas mentiras se menoscabe mi imagen personal y pública y voy a utilizar todos los medios legales que estén a mi alcance para que todas estas personas que están llevando a cabo estas acciones tengan la sanción legal correspondiente.
Usted habla de una campaña difamatoria. ¿De quién más sospecha o qué cree que hay detrás?
Lo que yo no entiendo es este ataque desmesurado a mi persona. Yo no tengo ninguna denuncia y estas personas, en vez de chequear esta información y de venir a mí, a la fuente, del cual yo no voy a hablar porque es un tema que está judicializado hace más de nueve meses, lo hacen con alguna motivación que es ajena a mi persona y que todavía no lo entiendo.
También circuló en los medios la posibilidad de que quiera ser jueza de Corte. ¿Tiene intenciones?
No. Yo la única intención que tengo hoy es cumplir de la manera más cabal y más eficiente posible el mandato que me dio el señor gobernador y todos los ciudadanos de Salta, que es tratar de ser una defensora general de la provincia que le cambie la realidad a cada una de las personas que vienen a requerir los servicios de justicia. Y se los digo de corazón.