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Por estos días el intendente de Pichanal, Julio Jalit, es nuevamente noticia por un trágico siniestro vial. El martes último, a las 6.30, conducía una Toyota Hilux rumbo a Salta y en el acceso a Calilegua (Jujuy) se llevó puesta a una motocicleta que transitaba en la misma dirección. Un obrero industrial de 40 años perdió la vida y la 4x4 terminó dentro en una zanja, lejos de la calzada de la ruta 34, con su sección frontal destruida.
En el transcurso de la semana la fiscalía jujeña que investiga el luctuoso hecho contaría con los resultados de los análisis toxicológicos, los informes de los peritajes mecánicos dispuestos sobre ambos vehículos, las planimetrías y otras medidas de prueba indispensables para reconstruir la mecánica del impacto y las responsabilidades penales que podrían recaer en el jefe comunal en caso de determinarse que incidieron en el descenlace fatal factores como un exceso de velocidad.
Ni demorado
Pero pese a todas los informes pendientes, Jalit "nunca fue demorado ni detenido", como remarcó su representante legal, Joaquín Vélez, entre otras declaraciones que provocaron indignación en la familia del trabajador fallecido, Rubén Marino, y hasta una desmentida del abogado que la asiste, Jorge Ale, respecto de un "arreglo express" de $310 millones con los deudos y otras afirmaciones que Vélez hizo como supuesto "testigo" del siniestro.
Uno de los concejales de Pichanal, Matías Guzmán, cuestionó que asesores legales del Municipio, costeados por los contribuyentes, sean también los abogados que representan a Jalit en las causas que acarrea en la Justicia.
¿Un intocable?
En este punto, y frente a las condenas que recayeron en otros intendentes por acusaciones nada comparables con las que arrastra el jefe comunal norteño sin ir a juicio, Jalit se muestra como un intocable.
Megacausa
En noviembre de 2025, el intendente de Pichanal y otros ocho imputados estaban con un pie en el banquillo de una megacausa de corrupción, pero planteos que interpusieron el abogado Vélez y otras defensas técnicas derivaron en la suspensión del juicio que estaba programado en Orán con sólidas imputaciones y más de 30 testigos.
Los jueces del tribunal oral integrado por Aldo Primucci, Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora, antes de abrir el debate, hicieran lugar a recursos de casación con los que las defensas de tres de los imputados -Jalit, Lilia Amanda Klarmann y Leonardo Macarón- objetaron el auto de prueba que tenía al Ministerio Público Fiscal de la Provincia representado por el fiscal penal especializado en delitos económicos y complejos, Carlos Alberto Salinas.
Sin fecha
Desde entonces, la megacausa cayó en un largo empantanamiento en el Tribunal de Impugnación. Cuando se destrabe el juicio, el lugar de Primucci sería ocupado por el juez Mariano Gerónimo.
Antes de asumir su actual mandato como intendente, Jalit manejó los destinos de Pichanal durante cuatro períodos consecutivos desde 2003 hasta 2019. A esos años se remonta uno de los expedientes más densos y escandalosos de la provincia.
Enriquecimiento ilícito
Jalit, quien en 2019 pronunció ante el Concejo de Pichanal una frase que aún resuena con impunidad -"Para robar hay que ser inteligente y yo me considero un tipo muy inteligente"- está procesado desde ese año por enriquecimiento ilícito.
Fraude y peculado
En agosto de 2020, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi amplió aquella imputación con los cargos de estafa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios y utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general.
Ocultamiento patrimonial
Jalit, además, quedó imputado por omisión maliciosa de sus declaraciones juradas y falseamiento de datos patrimoniales.
La megacausa tiene otras ocho personas acusadas por distintas acciones ilícitas vinculadas a las maniobras fraudulentas que encabezó el intendente. Entre los imputados están su cuñado, Sergio Castillo, y su sobrino Sergio Daniel Castillo Jalit.
En la lista también resaltan el tesorero municipal Ricardo Murúa Enrique; el propietario del comercio El Mirador Servicios, César Gómez; el dueño de Servicios Generales Victoria, Luis Enrique Juárez; el contador Renzo Reynaldo Ruiz; Leonardo Darío Macarón y Lilia Amanda Klarmann (K&M). A todos se les atribuyeron distintos grados de responsabilidad en el delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública.
En el expediente quedó constatada la emisión de casi 1.400 cheques irregulares con los que Jalit "tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese" a partir de "ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal".
Negocios incompatibles
La Fiscalía determinó que el jefe comunal incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, porque autorizó la salida de fondos y emitió órdenes de pago, cheques y otros créditos a favor de empresas privadas que contrataban con el Municipio, y lo hizo en perjuicio del erario que él debía representar y defender.
De los ejercicios peritados, surgió que en 2014, 2017, 2018 y 2019, el intendente y el tesorero Murúa, emitieron 1.394 cheques, por cifras millonarias. En el expediente penal fue puesta bajo la lupa otra significativa cantidad de cheques que en los años de gestión comprendidos entre 2003 y 2019 también habrían "sido librados de forma irregular o ilegítima".
De empleado a millonario
En veinte años, Julio Antonio Jalit pasó de ser un empleado de la estación de servicio KyM a convertirse en uno de los hombres más ricos del departamento Orán. Antes de asumir su actual mandato, el intendente de Pichanal transitó por la función pública desde noviembre de 1991 hasta diciembre de 2019, en los primeros años como concejal. Cuando la fiscal María Araceli Viazzi abrió la investigación de la megacausa por corrupción, en marzo de 2019, llevaba 15 años y 3 meses como intendente y por ese entonces su patrimonio ya se estimaba en más $500 millones (monto que triplicaba al presupuesto del Municipio) e incluía 11 extensas fincas, otras costosas propiedades, una flota de equipos de transporte, camionetas 4x4, vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y otros bienes adquiridos a lo largo de su gestión continuada al frente del municipio norteño desde 2023 hasta 2019.
Condenados por corrupción
• Ernesto "Kila" Gonza: El exintendente de San Lorenzo fue condenado por cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La Justicia le impuso una condena inicial de 5 años de prisión efectiva, además de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos. Como tenía una condena anterior, el tribunal le dio una condena definitiva de 7 años de prisión efectiva.
• Manuel Cornejo: El exintendente de Campo Quijano fue condenado el 5 de julio de 2023. Fue hallado responsable de tres hechos de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. También había sido acusado por un cuarto hecho de peculado y enriquecimiento ilícito, pero fue absuelto. La condena fue de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
• Angelina Canchi: La exintendenta de Isla de Caña fue condenada el 29 de junio de 2023 a 4 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública. La investigación detectó que Canchi había librado 42 cheques municipales entre octubre y diciembre de 2019; la acusación también incluyó el uso de fondos públicos para gastos particulares y el desvío de dinero destinado a una obra.
• Enrique Prado: El exintendente de Aguaray fue condenado en 2024 por la Justicia Federal de Salta en la causa por el robo y venta irregular de caños del GNEA. Fue hallado responsable del delito de sustracción de caudales públicos. El Tribunal le impuso una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
• Eduardo Ramón Díaz: El exintendente de Angastaco, fue condenado en junio de 2023 mediante juicio abreviado. Recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además, junto a su esposa, debió reparar el daño ocasionado al municipio con el pago de $1 millón. No rendía el dinero que ingresaba al la hostería municipal.
• Alfredo Daniel Soto: El exintendente de Iruya, fue condenado en 2024 por el delito de peculado en dos hechos. Soto recibió una condena de 4 años de prisión efectiva y inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La causa se inició tras una denuncia de la gestión que lo sucedió, que detectó un faltante de fondos municipales sin justificar durante su administración.
• Carlos "Conejo" Martínez: En 2013 fue condenado a 5 años de prisión por transporte de droga. Además, tenía un proceso por lavado de activos, relacionado con el hallazgo de US$100.000 que no pudo justificar. Ya como intendente de Aguas Blancas, fue condenado en diciembre de 2025 a 1 año y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
• Rosario Mazzone: El exintendente de El Bordo fue condenado en 2017 a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de corrupción de menores. La causa se inició luego de que se conocieran imágenes tomadas en una vivienda vinculada al entonces intendente, donde aparecían adolescentes junto a adultos durante una reunión. Además, en 2025 recibió una nueva condena a 1 año de prisión por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.