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"Cuando yo me encargo de las cosas, pasan así: se firmó un acuerdo para que le den $310 millones a la viuda, y listo, fin de la película". De esa manera Joaquín Vélez, el abogado de Julio Jalit, se refirió días atrás al luctuoso siniestro vial en el que perdió la vida Rubén Marino Guitián, un obrero de Calilegua, de 40 años. El pasado martes, a las 6,30, su motocicleta fue impactada en el acceso de la citada localidad jujeña por la Toyota Hilux que conducía el intendente Pichanal. Jalit viajaba a Salta sin acompañantes y se llevó puesto al ciclomotor. La camioneta terminó en un canal, a varios metros de la calzada de la ruta 34, con su parte frontal destruida. Serán las pericias ordenadas en Jujuy, con informes pendientes, las que determinarán si la carátula transitoria por homicidio culposo se mantiene o cambia a una figura penal agravada, en caso de que se establezca que incidieron en funesto desenlace factores pasibles de un encuadre por dolo eventual: por caso, un temerario exceso de velocidad.
Vélez, sin embargo, ya dio al expediente como caso que se archivaría sin mayores consecuencias para su defendido. Afirmó que él viajaba detrás de la Toyota, en otro vehículo, y virtió como supuesto "testigo presencial" afirmaciones con las que cargó todas las culpas sobre el obrero fallecido. Aseveró que conducía "con el caso en el brazo" y que Jalit no pudo evitar impactar a la motocicleta que tenía adelante porque, aparentemente, circulaba "sin luces". Agregó que había poca visibilidad y lloviznaba, que la ambulancia tardó 47 minutos en llegar, que Guitián falleció 5 minutos después de la llegada del SAME, que su cliente "hizo todo bien" y que "nunca fue demorado ni detenido".
El abogado de la familia, Jorge Ale, afirmó que Vélez mintió en el 90% de sus afirmaciones y que hay sobrados elementos para probarlo en la causa penal. Sostuvo que el abogado de Jalit no viajaba detrás de la Toyota, como dijo, y que mucho antes de que llegara al acceso de Calilegua ya estaban en el lugar compañeros de Guitián que allí no vieron a nadie más que al intendente. Ale lamentó que su colega haya incurrido en afirmaciones que no se condicen con los hechos reales ni se compadecen con la verdad y justicia que reclaman una mujer y tres hijas que hoy, sin esposo ni padre, temen además por su seguridad ante irresponsables alusiones a un monto dinerario incierto.
Matías Sequeira, concejal de Pichanal, también reprochó el rol de Vélez, quien se desempeña como asesor legal de la Municipalidad de Pichanal, con un sueldo pagado por los contribuyentes, y actúa como abogado particular de Jalit en las causas penales que arrastra el intendente, situación que consideró cuestionable y por la que reclamó explicaciones.
Los cuestionamientos del edil también se extendieron a la esposa del intendente, Margarita Ramírez, exdiputada provincial y expresidenta del Concejo deliberante de Pichanal en tiempos abarcados por la megacausa de corrupción que tiene a Jalit y a otros ocho imputados con un pie en el banquillo. El juicio estaba programado para noviembre de 2025, pero se suspendió y sigue sin nueva fecha, porque un Tribunal de Juicio Orán, poco antes de abrir el debate , hizo lugar a planteos con los que Vélez y los defensores de otros tres procesados objetaron el auto de prueba presentado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
La relación de Vélez con Jalit tiene un dato que la gráfica: desde el 24 de septiembre de 2010, dedicado casi de lleno a sus negocios, el intendente le delegó la totalidad de las facultadas conferidas por la Carta Orgánica, "en su carácter de procurador general de la Municipalidad, a los fines que fueren necesarios". De esa forma Jalit cubrió sus faltazos en la Intendencia.
La megacausa
El denso expediente que cayó en un letargo en el Tribunal de Impugnación tiene a Jalit procesado desde 2019 por enriquecimiento ilícito. En agosto de 2020, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi amplió la imputación con cargos por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, peculado, omisión maliciosa de declaraciones juradas y falseamiento de datos patrimoniales, entre otros delitos de corrupción.
Acusación pública
Jalit, Murúa, Juárez, Gómez y Renzo Ruiz permitieron que cuantiosas sumas salgan del erario municipal hacia terceros y el propio intendente, sin ningún respaldo documental. Juárez y Gómez prestaban sus nombres para ocultar a los reales destinatarios: Jalit, Astillero SRL y la empresa KyM, que se beneficiaron con al menos 496 cheques. La maniobra incluía a dos firmas: Victoria y El Mirador. Macarón y Klarmann (KyM) se beneficiaban con títulos de créditos en connivencia con el intendente.
Además, Jalit compraba combustible a Astillero SRL -proveedora del municipio- para sus fincas privadas. Las farmacias Rivadavia y Cejota SRL -pertenecientes a la sociedad de hecho Jalit - Castillo Sergio- también recibieron pagos cuantiosos con títulos de créditos.
Un entramado de corrupción que tiene nueve imputados
La megacausa tiene otras ocho personas acusadas por distintas acciones ilícitas vinculadas a las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit. Entre los imputados están su cuñado, Sergio Castillo, y su sobrino Sergio Daniel Castillo Jalit.
El banquillo también espera al tesorero municipal Ricardo Murúa; el propietario del comercio El Mirador Servicios, César Gómez; el dueño de Servicios Generales Victoria, Luis Juárez; el contador Renzo Ruiz; Leonardo Macarón y Lilia Amanda Klarmann (KyM). Todos, con distintos grados de responsabilidad en el delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública.
En la investigación se constató que Jalit tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su primera gestión como intendente (2003) hasta el cese de su cuarto mandato (2019).
La Fiscalía determinó que el jefe comunal incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, porque autorizó la salida de fondos y emitió órdenes de pago, cheques y otros créditos a favor de empresas privadas que contrataban con el Municipio, y lo hizo en perjuicio del erario que él debía representar y defender.
De los ejercicios peritados en la investigación, surgió que en 2014, 2017, 2018 y 2019, el intendente y el tesorero Murúa, emitieron 1.394 cheques, por cifras millonarias. En el expediente penal quedó bajo la lupa otra significativa cantidad de cheques que en los años de gestión comprendidos entre 2003 y 2019 también habrían "sido librados de forma irregular o ilegítima".
En la acusacion formalizada contra Murúa, se indicó que fue parte de las maniobras para beneficiar a la empresa Astillero SRL, ya que desde diciembre de 2015 firmó todos los cheques, incluidos algunos "en beneficio propio o de sus familiares".
Sobre César Gómez y Luis Enrique Juárez, la Fiscalía constató que prestaron sus nombres y aparecieron como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en la AFIP. Sin embargo, figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas, aunque en realidad los fondos abonados por Jalit y Murúa a través de cheques "eran negociados o percibidos por Astillero SRL", firma que tenía como representantes legales a Macarón y Klarmann.
Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el Municipio. Gómez trabajaba en empresas rurales de Jalit y solo iba a cobrar mensualmente a la comuna.