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La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes un proyecto que propone prohibir la exhibición, difusión, promoción o publicidad de juegos de azar, casinos, casas de apuestas y plataformas de apuestas online en bienes inmuebles y vehículos de la Administración Pública Provincial.
La iniciativa es impulsada por diputados del bloque oficialista Todos por Salta y despertó enojo e incertidumbre en empresarios del sector, quienes apuntaron a que se beneficia el avance del juego clandestino.
Qué propone el proyecto
La propuesta plantea que el Estado provincial, sus organismos, empresas y sociedades con participación estatal no utilicen bienes públicos para promocionar actividades vinculadas con apuestas, casinos y juegos de azar. La restricción también alcanzaría a entidades, eventos u organizaciones que reciban financiamiento público provincial. En esos casos, deberán respetar el mismo criterio y evitar la difusión de este tipo de actividades en espacios o bienes que hayan recibido aportes del Estado.
El proyecto argumenta que el Estado debe mantener una coherencia entre sus políticas de prevención de consumos problemáticos y el uso de sus propios recursos, al considerar contradictorio impulsar acciones preventivas mientras edificios públicos, vehículos oficiales, estadios, centros deportivos o empresas estatales pueden utilizarse para promocionar estas actividades.
La iniciativa establece consecuencias para quienes no respeten la prohibición. Entre ellas figuran la revocación del beneficio otorgado por el Estado, el reintegro de los fondos percibidos y la inhabilitación temporal para acceder a nuevos aportes provinciales.
Juego ilegal
Desde el sector empresario vinculado al juego legal plantean que cualquier restricción sobre los operadores autorizados debe analizarse teniendo en cuenta el avance de las plataformas clandestinas. Esto sería una suerte de restringir a uno y favorecer al sector ilegal.
Los representantes de la actividad regulada sostienen que el juego legal funciona bajo controles estatales, con obligaciones tributarias, laborales y mecanismos de protección para los usuarios, mientras que las organizaciones ilegales operan fuera de esos controles.
Estudios psicológico a funcionarios
Diputados trata hoy un proyecto que propone establecer la realización obligatoria de estudios para obtener un Certificado de Aptitud Psicológica para funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Plantea que la idoneidad para ejercer cargos públicos no debe evaluarse únicamente por antecedentes académicos, sino también psicológicos.
Advierten sobre el avance de lo ilegal
En medio del debate sobre la regulación de los juegos de azar, distintos sectores advierten sobre las consecuencias del crecimiento del juego ilegal y señalan que los recursos provenientes de actividades clandestinas pueden ingresar en estructuras políticas y campañas electorales.
La diferencia entre el juego autorizado y el clandestino no es solamente administrativa: implica la existencia o ausencia de controles estatales, prevención del acceso de menores, reglas transparentes, protección para los apostadores, obligaciones laborales y tributarias, y un destino social para parte de los recursos generados.
El juego legal comprende casinos, loterías, bingos, apuestas deportivas y plataformas online habilitadas que funcionan bajo normas específicas, controles técnicos y fiscalización permanente de los organismos competentes.
Quienes operan dentro del sistema autorizado deben cumplir una serie de obligaciones que incluyen el registro de trabajadores, el pago de salarios y cargas sociales, tributos, cánones y tasas de fiscalización. Parte de esos recursos se destinan a políticas públicas y programas sociales definidos por cada provincia.
Además, los operadores regulados deben aplicar mecanismos de protección al usuario, como controles de edad, identificación, herramientas de autoexclusión y políticas de juego responsable para reducir riesgos asociados a la actividad.
La publicidad también cumple un rol de transparencia: permite reconocer qué plataformas están autorizadas, qué controles aplican y dónde pueden realizarse reclamos. En cambio, la oferta clandestina suele operar sin identificación clara y sin advertencias de juego responsable.
El juego clandestino no es considerado una versión informal del negocio regulado, sino una actividad ilegal. El artículo 301 bis del Código Penal establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten, administren, operen u organicen sistemas de captación de apuestas sin autorización.
A diferencia del sistema oficial, quienes operan fuera de la ley no garantizan controles sobre los procesos de apuestas, el pago de premios ni mecanismos de protección para los usuarios.