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Un kiosquero que articulaba tramitaciones irregulares, políticos que canjeaban ayudas por votos, facultativos que lucraban con las necesidades de personas vulnerables y un exgerente del hospital público de El Quebrachal que, sin ser profesional de la salud, extendía certificados médicos oficiales (CMO), resaltan en la estructura ilícita que investiga la Justicia Federal de Salta por miles de pensiones por invalidez truchas otorgadas.
Por el momento, el expediente, que tiene 15 imputados por asociación ilícita, fraude al Estado nacional y otros delitos asociados está centrado en dos municipios de Anta: El Quebrachal y Joaquín V. González. En esas localidades una investigación que dirige desde julio de 2024 el fiscal Carlos Martín Amad destapó maniobras fraudulentas en torno a 4.305 pensiones no graciables por invalidez. Esa cantidad de beneficios otorgados representa más del 15% de la población total de las comunas abarcadas por la etapa de la pesquisa formalizada con las imputaciones.
El miércoles último el Ministerio Público Fiscal presentó ante el juez federal de Garantías Nº2 de Salta, Diego Anzorreguy, los cargos penales contra Francisco Gerardo Orellana, actual diputado provincial, y otros 14 acusados de integrar una organización criminal dedicada a la captación, tramitación y comercialización de pensiones no contributivas por discapacidad en Anta. Acompañado en esa audiencia por la auxiliar fiscal Roxana Gual, Amad destacó el respaldo a la investigación del fiscal de Distrito, Eduardo Villalba, y solicitó un plazo de un año para ampliarla.
Según un informe que elaboró Gendarmería Nacional, ante un requerimiento de la Fiscalía, unos 9.000 beneficiarios -sobre un total de 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en Salta- no cumpliría los requisitos. En esos legajos se advirtieron certificaciones apócrifas, documentaciones incompletas y otras presuntas irregularidades que esperan por medidas para cimentar acusaciones penales. Los montos implicados suponen un perjuicio al erario nacional que, a valores actuales, asciende a cerca de $3.240 millones por mes, casi $40 mil millones de pesos al año.
El juez Anzorreguy autorizó el plazo solicitado por la Fiscalía y -como medida cautelar- el registro de anotación de litis sobre los bienes de los acusados.
Estructura y roles
Tras las evidencias reunidas con testimonios, cruces de información con organismos nacionales y peritajes de documentación, teléfonos, equipos informáticos y otros elementos secuestrados en 26 allanamientos realizados en dos tandas, en noviembre de 2025 y junio de este año, los roles en la estructura ilícita quedaron descriptos de modo detallado en la acusación pública.
El médico Roberto Morales, exdirector del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, fue imputado por emitir y avalar certificados con enfermedades y porcentajes de incapacidad consignados en personas que no reunían las condiciones para acceder a una pensión. También por haber derivado personas hacia el circuito privado y haber mantenido comunicaciones con otros integrantes para coordinar la confección y modificación de estudios.
César Blanco, médico vinculado al Hospital Enrique Romero y propietario de la Clínica Cristo Rey, habría ofrecido trámites completos para obtener pensiones, incluso para personas que no tenían enfermedades incapacitantes. Se le atribuye la emisión de certificados médicos presuntamente apócrifos y la utilización de estudios destinados a sostener diagnósticos que no se correspondían con el estado real de los pacientes. Además, habría cobrado por gestiones que debían realizarse dentro del sistema público.
No era médico, pero firmaba certificados
Entre los acusados también resalta Oscar Luna, un licenciado en comunicaciones. El fiscal Amad señaló que, sin ser médico, se desempeñó como gerente del hospital de El Quebrachal desde 2017 a 2025 y tuvo un rol fundamental, dado que se encargaba de firmar, con la matrícula del médico Morales, el "certificado médico oficial" (CMO), en el que se consignaba los requisitos indispensables como el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad para el otorgamiento de la pensión no contributiva.
El bioquímico Luciano Esteban, quien trabajaba en el ámbito público y en la Clínica Cristo Rey, habría utilizado sus conocimientos y su condición profesional para alterar resultados de laboratorio. Esos estudios luego eran entregados a Blanco, Morales y otros implicados para continuar con el trámite administrativo.
El médico Luis Verón, con consultorio privado, habría extendido certificados médicos utilizando diagnósticos previamente establecidos y, en algunos casos, sin efectuar los estudios o comprobaciones necesarias. Según la acusación, al igual que Blanco, cobraba por certificados extendidos a personas que no presentaban la discapacidad consignada.
Diego Ocampo, traumatólogo y propietario de una clínica en Joaquín V. González, fue acusado por la emisión de certificados y estudios médicos utilizados para obtener o renovar pensiones por discapacidad sin cumplir requisitos. Como en otros casos, la Fiscalía reunió evidencias de cobros realizados por esos estudios y certificaciones.
El médico José Wilson Muñoz Torres aparece vinculado al circuito sanitario investigado. Según la acusación, habría intervenido en la documentación médica necesaria para las pensiones y mantenido vínculos con otros integrantes del esquema ilícito.
Humberto Brisuela Mendoza, a otro de los imputados, se lo acusó de participar en el circuito de la documentación y tramitación de pensiones por invalidez fraudulentas.
La acusación que pesa sobre el diputado Orellana
Sobre Francisco Gerardo Orellana, actual diputado provincial de Anta, el fiscal federal Carlos Amad resaltó que durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, "avaló con su firma trámites de personas que no cumplían los requisitos" y que, de esa forma, "permitió el acceso irregular a beneficios que hoy continúan vigentes".
El agente del Ministerio Público Fiscal de la Nación sostuvo que, en época electoral, Orellana ofrecía pensiones a cambio de votos a familias completas cuyos integrantes no padecían una enfermedad invalidante.
Agentes municipales
Manuel Rodolfo Córdoba, empleado municipal de Joaquín V. González, aparece señalado como una persona vinculada a la gestión y carga sin controles de trámites de pensiones irregulares.
Estela Brizuela, otra empleada municipal, fue acusada como presunta reclutadora de interesados en recibir las pensiones no contributivas que no cumplían los requisitos legales. también como "nexo directo entre dirigentes políticos como Orellana, los médicos Morales, Blanco y Muñoz Torres, y personal de la ANSES.
Manuel Córdoba, empleado municipal de Joaquín V. González, aparece señalado con funciones relacionadas con la recepción y procesamiento de datos y documentación espuria sin los controles correspondientes.
Luis Casares, empleado del área de Acción Social del Centro Integrador Comunitario de Joaquín V. González, habría cumplido una función administrativa en la etapa de recepción, carga y continuidad de los expedientes con certificaciones fraguadas. Según la Fiscalía, recibía documentación proveniente del circuito médico y la incorporaba al sistema.
Kiosquero
El kiosquero Hugo Massa, empleado municipal y con una fotocopiadora instalada a metros del hospital de El Quebrachal, cumplió un rol clave de articulación en la reproducción, modificación y circulación de documentación. Habría utilizado copias de membretes hospitalarios y firmas de médicos para confeccionar certificados apócrifos. Además, operó como nexo entre distintos profesionales de la salud y personas que accedieron al beneficio de modo irregular.
Funcionario de ANSES
Edmundo Salazar, exjefe de una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en El Quebrachal, tuvo un papel relevante en la etapa administrativa de pensiones irregulares otorgadas entre 2021 y 2024. Según la acusación fiscal, habría facilitado claves de acceso al sistema a personas ajenas al organismo, permitiendo así que terceros pudieran cargar documentación relacionada con esos beneficios.
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