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Durante una audiencia multipropósito de prueba, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal y por la única defensa que realizó un ofrecimiento probatorio en la causa que investiga la venta irregular de documentación del Registro Civil.
La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Eugenia López Ahanduni, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.
La causa tiene como imputados a tres personas vinculadas al Registro Civil y a un permisionario del sistema de estacionamiento medido, quienes están acusados de distintos delitos vinculados con la maniobra.
Cómo comenzó la investigación
La investigación se inició en 2021 a partir de la denuncia presentada por una funcionaria del Registro Civil. La mujer informó sobre la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
Según la denuncia, estos documentos debían ser solicitados mediante los canales oficiales y previo pago del arancel correspondiente. Sin embargo, se habría desarrollado un mecanismo paralelo para obtener las actas y luego comercializarlas.
Cuatro personas imputadas
Por los hechos están imputados quien se desempeñaba como asesor jurídico del Registro Civil y dos empleados de la oficina de Archivo. Los tres están acusados de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión, y asociación ilícita, en calidad de coautores y en concurso real.
Asimismo, el permisionario de estacionamiento medido está imputado como partícipe necesario de los mismos delitos.
El mecanismo para obtener y vender las actas
De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el permisionario habría captado en la vía pública a personas que necesitaban obtener actas y les ofrecía gestionar la documentación a cambio de dinero.
El acusado habría recibido los pedidos y los pagos y posteriormente habría solicitado las actas a sus contactos dentro del Registro Civil.
Las partidas eran emitidas bajo la modalidad de “trámite oficial”, lo que permitía obtenerlas sin abonar la tasa correspondiente. Una vez que los documentos eran entregados al permisionario, este los habría vendido a los interesados por valores que superaban a los establecidos oficialmente.
Una maniobra que se habría repetido
La investigación permitió determinar que el mecanismo investigado no habría consistido en hechos aislados. Según la Fiscalía, la maniobra se habría desarrollado de manera reiterada y habría involucrado a distintas personas, con una distribución de funciones entre quienes intervenían desde el interior del Registro Civil y quienes operaban fuera del organismo.