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En pocos días empezará a regir en Salta el nuevo régimen penal juvenil nacional, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y por el cual adolescentes, antes de cumplir los 18 años, podrán ser llevados a juicio bajo un sistema especial y recibir penas de prisión de hasta 15 años por delitos graves como robos con violencia, abuso sexual, secuestros y homicidios.
En el país hay opiniones divididas sobre si la infraestructura estatal y las estructuras orgánicas del servicio de justicia están realmente preparadas, como así también dudas sobre si se cuenta con normativas adaptadas y operadores formados para los retos que plantea el nuevo régimen establecido por la ley 27.801 y que entrará en plena vigencia el próximo 5 de septiembre.
Desde las defensorías penales juveniles de la Provincia, las letradas Mariana Onetto, Vanesa Argüello y Marta Vigueras Dellmans afirmaron que Salta está preparada para los nuevos estándares, garantías y desafíos que plantea la implementación de la sensible reforma.
Jueces, fiscales y defensores especializados
A través de un video institucional, las funcionarias del Ministerio Público de la Defensa remarcaron que los procesos se desenvolverán con "jueces, fiscales y defensores especializados" y aclararon que el nuevo régimen penal juvenil "no prevé una única respuesta frente a todos los delitos". Subrayaron que las medidas dependerán de la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación del adolescente.
El enfoque de la ley que sancionó el Congreso el 27 de febrero de 2026 y promulgó el Ejecutivo nacional el pasado 9 de marzo, mediante el decreto 138/2026, prioriza medidas socioeducativas y de reinserción social, y contempla la privación de libertad como último recurso. Entre las medidas alternativas contempladas para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal se cuentan desde amonestaciones, tareas comunitarias, prohibiciones específicas y hasta disposiciones enfocadas a la reparación del daño. Por los delitos más graves, en tanto, magistrados podrán dictar penas de prisión que no podrán superar el máximo de 15 años.
Un régimen específico
Onetto, Argüello y Vigueras Dellmans recalcaron que todo adolescente tendrá derecho a contar con un abogado desde el inicio del proceso y que, en caso de no poder disponer de uno, el Estado deberá garantizarle un defensor público especializado en materia penal juvenil. Hicieron notar, asimismo, que las intervenciones judiciales sobre adolescentes se desarrollarán dentro de un régimen específico, distinto del previsto para adultos.
Días atrás, en una entrevista periodística, Nadia Lorena Cruz, jueza penal juvenil de Salta, sostuvo que los cambios que los cambios en régimen deben ser abordados desde una mirada especializada que contemple "no solamente la responsabilidad por el delito cometido, sino también las condiciones de vida y las necesidades de cada adolescente".
Reintegración social
La magistrada recordó, en ese sentido, que existe "un deber del Estado de protección, más allá del castigo", y remarcó que el objetivo debe mantenerse enfocado fundamentalmente en "la reintegración social y en evitar que adolescentes vuelvan a involucrarse en hechos delictivos".
Cruz insistió en que la respuesta penal no necesariamente debe estar centrada en el castigo y planteó la necesidad de trabajar sobre las vulnerabilidades de los adolescentes para brindarles herramientas que les permitan regresar a la sociedad con mayores posibilidades de construir un proyecto de vida.
Puntos de cambios
- Desde los 14 años: los adolescentes podrán ser sometidos a un proceso penal desde esa edad cuando sean acusados de cometer un delito, según el nuevo régimen.
- Penas de hasta 15 años: por hechos graves, como homicidios, secuestros, abusos sexuales y robos violentos, podrán recibir condenas de prisión que no superen ese límite.
- Un sistema diferente al de los adultos: las causas estarán en manos de jueces, fiscales y defensores especializados en materia penal juvenil. Se aplica desde el 5 de septiembre.
- La prisión como último recurso: antes de ordenar el encierro, podrán aplicarse amonestaciones, tareas comunitarias, prohibiciones y medidas orientadas a reparar el daño.
Advierten que faltan lugares adecuados
En otra entrevista, Jorge Luis Villada, ex juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta especializado en derecho penal, detalló que con el nuevo régimen para un adolescente cuya responsabilidad sea determinada en un juicio, hay prevista una serie de medidas que son readaptativas o penas. "Estas deben cumplirse escalonadamente. La primera es que el juez lo amonesta, es decir, que le hace tomar conciencia de lo que hizo para que vuelva a su casa con una serie de instrucciones de vida. La segunda es una prisión domiciliaria. La tercera escala de pena debe cumplirse en un instituto judicial abierto, tipo internado, de lunes a viernes, donde debe tener un oficio, estar en contacto con la familia y recibir tratamiento interdisciplinario. La cuarta es el encierro, cuando el menor cometió un delito grave como el homicidio", puntualizó Villada.
El excamarista federal puso de relieve que no todas las provincias tienen los recursos para edificar lugares adecuados para alojar a adolescentes en los términos que establece el nuevo régimen penal juvenil nacional.
Pabellón de menores
"Calculo que los van a mandar a un pabellón para menores dentro de una cárcel para mayores, o será en un instituto de máxima seguridad, pero no está claro cómo lo van a hacer", sostuvo el penalista.
Con respecto a los casos relacionados con delitos que en el Código Penal tienen previstas penas máximas de cadena perpetua, Villada estimó que el máximo de encierro para un adolescente sometido a un proceso con encuadra en la nueva edad de imputabilidad podría llegar a extenderse hasta 99 años. "De los 14 a los 18 años va a un internado, y a los 18 el juez decide si lo libera o le impone una pena que cumpliría en prisión. Con la actual modificación el máximo de pena es de 15 años en una cárcel para mayores. Se le sumarían también los cuatro en que hubiera estado encerrado entre los 14 a 18 años", concluyó el exjuez federal.