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Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de promoción de biocombustibles y energías renovables en Salta. La iniciativa, encabezada por Alejandro Esper, propuso nuevos beneficios fiscales para atraer inversiones y ampliar la generación de energía a partir de biomasa.
El proyecto modifica la Ley 8.372, deroga las leyes 7.675 y 7.676 y crea un régimen unificado. Entre otros beneficios, incluye exenciones de Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural y Sellos, certificados de crédito fiscal de hasta el 70% y estabilidad fiscal por hasta 50 años. También crea un Registro Provincial de Generadores y Productores de Biocombustibles y habilita expresamente la inyección de energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Esper destacó el potencial del norte salteño, donde funciona el Ingenio San Martín del Tabacal, de Seaboard. Según los datos del proyecto, el ingenio produjo alrededor de 1 millón de litros diarios de bioetanol y contó con una capacidad de cogeneración de 52,5 megavatios.
El diputado sostuvo que una mayor generación local podría mejorar el servicio eléctrico y, al mismo tiempo, generar empleo. "Lo pensé desde el punto de vista de la necesidad de tener una producción de energía limpia, y al mismo tiempo de aumentar la producción en el departamento de energía renovable, y por qué no tener la posibilidad de aumentar los puestos de trabajo", explicó.
Esper recordó el aislamiento que sufrió el norte en 2017 por una crecida del río Colorado y señaló que aquella situación mostró la necesidad de contar con alternativas de generación eléctrica en la zona.
Inversiones y empleo
El proyecto calculó inversiones privadas de entre US$50 millones y US$150 millones, con 300 a 800 empleos directos y entre 750 y 2.000 indirectos. Esper afirmó que una demanda permanente de energía también podría reducir los períodos de interzafra de los ingenios, que actualmente duran entre cuatro y seis meses.
"Si llegamos a tener la necesidad de generación de energía eléctrica 24-7, no habría una interzafra, entonces habría que hacer que la mano de obra aumente", sostuvo.
El diputado agregó que se calcula una generación de empleo que "supera el millar de personas". También señaló que unos 30 productores salteños ya mostraron interés en proyectos de generación de energía y biocombustibles. Mencionó además a productores ganaderos y porcinos que podrían aprovechar sus residuos para generar biomasa y electricidad.
Uno de los cambios centrales fue la creación del registro provincial, pendiente desde la legislación anterior. Esper explicó que el antiguo sistema tuvo reglas demasiado amplias y eso generó un subregistro. "Eso llevó a que tengas un subregistro porque los beneficios no llegaron", afirmó.
El nuevo régimen precisó los porcentajes de crédito fiscal, los plazos y las condiciones de los beneficios. Para Esper, esa previsibilidad resultó clave para que las empresas pudieran decidir inversiones de largo plazo. "Las empresas tienen que saber cuánto tiempo van a poder producir para recuperar una inversión", sostuvo.
Ampliar el alcance de la norma
El proyecto también incorporó a productores de bioetanol, biodiésel, biogás y generación mediante biomasa y bagazo. La intención, según Esper, fue ampliar el alcance de la norma y no dejar afuera a los pequeños y medianos productores. "La idea no es dejar a nadie afuera, sino ampliar la ley y de esa forma poder tener mayor cantidad de productores", afirmó.
El proyecto estimó un costo fiscal de entre $6.500 millones y $8.000 millones anuales, equivalente a entre el 0,17% y el 0,21% del presupuesto provincial de 2026. A cambio, los autores proyectaron inversiones privadas de hasta US$150 millones y un fuerte impacto sobre el empleo y la actividad productiva.
"Generaremos puestos de trabajo, conseguiremos combustible más barato, tendremos mejor energía", resumió.