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Una jueza de Bolivia está a un paso de dictar una sentencia contra referentes de la comunidad ava guaraní de General Mosconi que no solo desconocería derechos de un pueblo indígena invadido, acorralado y hostigado en su territorio, sino que además avalaría una violación de soberanía consumada por cañeros bermejeños en suelos argentinos de la banda fronteriza del río Grande de Tarija.
Hoy Natalí Vásquez dejará a sus pequeños hijos temprano, a metros de una laguna infestada de caimanes, y caminará hasta la orilla salteña del cauce fronterizo en busca de conectividad para evitar que, en una audiencia reprogramada para este lunes por el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer 2 de Tarija, la magistrada Minerva Tárraga Gutiérrez la declare en rebeldía.
En el juicio, la cacique de la comunidad Tape Iguapegui de Churqui está acusada de turbaciones y daños denunciados por Horacio Cruz Castro, líder de los cañeros que avanzaron sobre áreas selváticas del norte salteño, las desmontaron y llenaron de plantaciones ilegales de caña de azúcar que cruzan en camiones, a un ingenio de Bermejo, con una impunidad absoluta.
Natalí, al igual que otras dos mujeres y cinco originarios más sometidos al enjuiciamiento, no pueden asistir a la audiencia porque la magistrada tarijeña mantiene vigentes órdenes de detención que pesan sobre sus personas.
La causa está plagada de ironías. Se los acusa de turbar su propio territorio ancestral y quien los denunció es la cabeza de una invasión que plagó a Churqui, Aujoncito, San Telmo, Volcán, Algarrobito, Media Luna y otros parajes de las selváticas serranías occidentales del departamento San Martín con cercas, plantaciones ilegales y atropellos.
El tribunal que los juzga es ajeno a la soberanía territorial de esos suelos argentinos y hasta su nominación irrita, porque si hubo mujeres hostigadas, corridas con machetes y hasta amenazadas con armas de fuego, tres de ellas están hoy en el banquillo. Ante un Estado ausente, ni siquiera cuentan con un abogado que las defienda desde este lado la frontera y haga valer la infinidad de pruebas que la jueza Tárraga Gutiérrez parece ignorar.
Suelos argentinos
Entre esas pruebas se incluyen categóricos dictámenes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia y de la propia Cancillería del vecino país que, ante una anterior denuncia presentada por Cruz Castro contra los mismos referentes de la comunidad Tape Iguapegui en 2020, pusieron de manifiesto ante fiscalías tarijeñas en 2024 que Valle Dorado -inexistente isla sobre la que el líder cañero de Bermejo insiste en arrogarse derechos de propiedad- no existe como tal y que sus coordenadas se corresponden con territorio argentino.
La primera denuncia de la remoción de hitos fronterizos con la que cañeros bermejeños empezaron a avanzar sobre suelos argentinos hoy ocupados con plantaciones ilegales data de 1994.
Esto volvió a quedar de manifiesto días atrás en una medida constatatoria que la Comisión de Límites, con presencia de funcionarios de ambos países, realizó en la zona. El informe oficial que hoy Natalí Vásquez intentará exponer en la audiencia judicial por Zoom -si la conectividad se lo permite- ratificó que los suelos ocupados y cercados por Cruz Castro en la zona de Churqui son argentinos.
Aislados y desprotegidos
Para llegar a la banda del río Grande de Tarija la Comisión mixta tuvo que hacer un rodeo obligado por Bolivia, como lo hacen pobladores ava guaraníes, docentes, agentes sanitarios y productores que siguen sin contar con un camino transitable que conecte a ese olvidado borde fronterizo con San Ramón de la Nueva Orán o General Mosconi.
Una sola campana
Al parecer, los funcionarios que tomaron parte en la inspección que abarcó a Churqui y Aujoncito, dos de los parajes de la banda fronteriza del río Grande de Tarija, solo escucharon a cañeros bermejeños. "A mí no me vieron ni me consultaron", remarcó ayer a El Tribuno la cacique de Churqui. Aún así, el informe oficial reafirmó que los suelos que Natalí Vázquez defiende y por los que está siendo enjuiciada en Bolivia son tan argentinos como el DNI de la acusada .
Sobre las plantaciones ilegales desde las que se siguen cruzando miles de toneladas de caña de azúcar a Bolivia desde Aujoncito, el otro paraje abarcado, el informe de la Comisión de Límites hizo notar una confesa irregularidad. Ante los funcionarios, cañeros admitieron que las plantaciones están en territorio salteño, pero sostuvieron que explotan esas tierras bajos arriendos. ¿Quién se las arrendó? Detrás de esta pregunta resaltan anomalías y responsabilidades que la Justicia argentina debería esclarecer con suma urgencia. Un dato no menor: en Aujoncito vive la cacique general de la comunidad Tape Iguapegui, Rosa Villa, cuyo testimonio tampoco fue recogido por los funcionarios de la Comisión mixta.
Invadidos y acorralados
"No solo avanzan sobre nuestro territorio con plantaciones ilegales de caña de azúcar y atropellan todos nuestros derechos, sino que nos vemos nuevamente impedidos de poder acceder a alimentos y asistencias médicas por problemas de salud, porque la única salida que tenemos es por rutas de Bolivia". Así exponía la cacique de Churqui, Natalí Vásquez, su angustia e impotencia, meses atrás, cuando miembros de la comunidad ava guaraní de General Mosconi quedaron acorralados por injustas órdenes de detención motorizadas en el vecino país por Horacio Cruz Castro, cabeza de la invasión cañera en suelos salteños de la banda fronteriza del río Grande de Tarija.
Dictámenes claros: son suelos argentinos
El pasado 6 de enero la jueza tarijeña Minerva Tárraga Gutiérrez libró un mandamiento de aprehensión contra Natalí Vásquez, Vanesa Alemán y otros miembros de la comunidad ava guaraní de General Mosconi. La jueza, como tampoco la fiscal Janeth Soliz Torrez, quien el 21 de abril insistió para que se ejecuten las detenciones, parecen haber tomado nota de los dictámenes que emitieron el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y Cancillería de Bolivia ante una denuncia anterior de Cruz Castro que terminó desestimada en el mismo distrito judicial.
Ante aquella presentación de 2020, el fiscal José Gustavo Valeriano, pidió un informe al INRA. El 12 de mayo de 2023 la directora del organismo, Evelyn Elías Arroyo, respondió que tras la verificación de las bases de datos se evidenció que "no existe el predio denominado Isla Valle Dorado-Bermejo. Por tal razón, no cuenta con un registro de derecho propietario a nombre de los Sres. Horacio Cruz Castro y Francisca Pérez Garnica (su esposa)". Igual de categórica fue la respuesta de la Cancillería boliviana a otra fiscal tarijeña, Jhovana Salinas Berruga: "Las coordenadas que se adjuntan en el requerimiento, se encuentran en territorio argentino", precisó el organismo. Y agregó: "Aparentemente, una de las partes del proceso de investigación tiene una confusión respecto a la percepción del territorio que ocupa, en el sentido de afirmar que la ubicación de esas coordenadas y/o del alcance de su colindancia 'Isla Valle Dorado' correspondería a un territorio boliviano, cuestión que según las coordenadas enviadas quedó desvirtuada". Así lo aclaró el director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería boliviana, Bernardo Ortíz Cortez, en el informe del que Cruz Castro fue notificado el 11 de enero de 2024.