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La llegada de las nuevas concesionarias de la Red Federal de Concesiones abre en Salta una discusión que excede los términos técnicos de una licitación. Porque detrás de las condiciones del contrato aparece una pregunta que resulta difícil de esquivar para quienes utilizan diariamente la ruta nacional 9/34: ¿cómo puede seguir cobrándose un peaje por transitar una ruta cuyo estado fue cuestionado durante años y que todavía necesita una intervención integral para recuperar condiciones mínimas de seguridad?
La respuesta que surge de la letra contractual no deja demasiado margen para la duda: el cobro continuará.
La empresa Autovía Construcciones no tendrá un período de gracia durante el cual deban hacerse cargo de las rutas sin percibir ingresos. Desde la toma de posesión podrán mantener las tarifas de peaje vigentes, con las actualizaciones previstas.
Lo que quedará condicionado a la finalización de las denominadas Obras Iniciales de Puesta en Valor será la aplicación de la tarifa que la empresa ofertó para quedarse con la concesión. Para acceder a ese esquema tarifario, Vialidad Nacional deberá certificar la finalización de los trabajos correspondientes y verificar que no existan atrasos respecto del cronograma comprometido.
La precisión contractual puede ser técnicamente correcta, pero abre un interrogante mucho más incómodo desde la perspectiva del usuario: se podrá seguir cobrando por una ruta destruida y que estará siendo reparada en la emergencia.
El contrato establece que durante el primer año deberán ejecutarse trabajos destinados a recuperar las condiciones de transitabilidad y seguridad: bacheos superficiales y profundos, fresado, sellado de fisuras, colocación de bases y carpetas asfálticas, reparación o reconstrucción de banquinas, señalización horizontal y otras intervenciones.
Es decir, mientras la nueva concesionaria realiza las tareas necesarias para devolverle condiciones razonables a la ruta, el usuario continuará pasando por la cabina y pagando.
Peaje bajo sospecha
En Salta, la discusión tiene un escenario especialmente sensible: la ruta nacional 9/34, uno de los corredores estratégicos de la provincia y, al mismo tiempo, uno de los que más cuestionamientos acumuló por su deterioro.
Durante años, el mal estado de distintos sectores generó reclamos de automovilistas, presentaciones de organismos de defensa del consumidor y acciones impulsadas incluso desde la Municipalidad de Metán. El deterioro de la calzada y de las banquinas fue documentado reiteradamente, mientras el reclamo por la calidad del servicio vial terminó chocando con una realidad que todavía permanece: el peaje de Cabeza de Buey siguió funcionando mientras la ruta se deterioraba.
La situación llegó a un punto sin retorno. Algunos usuarios decidieron directamente rechazar el pago del peaje, dejando constancia formal de su negativa cada vez que deben atravesar la estación.
Más allá de la discusión jurídica sobre la modalidad de protesta, el hecho resulta inequívoco. No se trata simplemente de una discusión por el valor de una tarifa. Lo que aparece detrás es una creciente contradicción entre pagar para utilizar una infraestructura vial y encontrarse con una ruta que no ofrece las condiciones que debería garantizar. Y ahora esa contradicción amenaza con prolongarse en la nueva concesión.
La empresa podrá mantener el cobro desde el comienzo del contrato y, al mismo tiempo, tendrá la obligación de ejecutar durante el primer año las obras iniciales de puesta en valor.
La pregunta vuelve a aparecer, entonces, con mayor fuerza: ¿hasta dónde puede extenderse el cobro de un peaje cuando la ruta que lo justifica se encuentra en condiciones que fueron cuestionadas durante años?