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El Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta presentó recientemente una denuncia penal contra su ex presidenta, Viviana Bazán, para que la Justicia investigue presuntas irregularidades en la compra de un inmueble de 4.000 metros cuadrados en Cerrillos, donde actualmente funciona el camping de la institución. El principal punto que cuestionó la actual conducción fue la existencia de dos operaciones sobre el mismo inmueble el 20 de enero de 2017: una primera venta por $20.000 a un tercero y, el mismo día, una segunda venta al Colegio por $1.650.000, es decir, 82,5 veces más.
La presentación alcanzó a quienes pudieron intervenir en la operación y pidió determinar si existió algún delito y si el patrimonio de la institución sufrió un perjuicio. Entre los nombres que aparecen en la documentación figuran Bazán, en ese momento presidenta del Colegio; la entonces tesorera Constanza Gabriela Sanmillán; el martillero Jorge Luis Torrez; Sandra Noemí Muñoz Figueroa, quien aparece como compradora y luego vendedora del inmueble; y su esposo, Teófilo Nicolás Puentes. La documentación notarial también menciona a Marisa Elizabeth Canteros como titular anterior del inmueble.
La actual presidenta del Colegio, Viviana Vacherand Solá, relató a El Tribuno que la comisión directiva comenzó a reconstruir la historia de la institución cuando asumió en diciembre de 2023. La tarea surgió de la necesidad de elaborar una memoria institucional para ingresar a la Federación Argentina de Psicopedagogía. "Fuimos encontrando cierta documentación que nos despertó inquietudes. Eran bastante contundentes y tuvimos que comenzar a analizar, asesorarnos y después del asesoramiento y de varias reuniones de comisión hemos determinado realizar la denuncia penal", explicó.
De $20.000 a $1.650.000
La diferencia de precio constituye el eje de la presentación. La escritura pública del 20 de enero de 2017 registró que Sandra Noemí Muñoz Figueroa transfirió al Colegio Profesional de Psicopedagogía el inmueble en cuestión identificado como lote 75, al precio establecido de $1.650.000.
La misma escritura consignó como antecedente que, mediante una escritura inmediatamente anterior, Marisa Elizabeth Canteros había transmitido el dominio a Muñoz Figueroa por $20.000. Luego, esta última vendió el inmueble al Colegio. "Una propiedad que se la compra a 20.000 pesos acto seguido se la vende a 1.650.000 cuando ya tenía un compromiso de venta anterior a esa operación y con el mismo martillero", sostuvo Vacherand Solá.
El documento estableció además que el Colegio pagó $1.450.000 antes y al momento de la escritura y que el saldo de $200.000 se canceló mediante un cheque de pago diferido con fecha 22 de febrero de 2017.
La diferencia entre los valores, por sí sola, no prueba un delito. Por eso la denuncia pidió reconstruir toda la cadena de operaciones, establecer quién vendió realmente el inmueble, quién recibió los fondos y cuál fue el circuito que terminó con la propiedad en manos del Colegio.
Un compromiso de venta
Otro documento incorporado a la presentación es un "Convenio de Compra de Inmueble" firmado el 5 de enero de 2017 entre Torrez y Bazán, esta última en representación del Colegio. En ese convenio, ambos acordaron una compra por $1.650.000 y fijaron el 16 de enero de 2017 como fecha para la firma de la escritura traslativa de dominio. Bazán entregó además $150.000 como reserva y principio de ejecución del contrato.
La actual conducción pidió determinar qué carácter tuvo la intervención de Torrez, quién era el verdadero propietario o vendedor al momento del compromiso y cómo se produjo la posterior operación a través de Muñoz Figueroa.
Facturas bajo sospecha
Vacherand Solá también señaló que la documentación contable vinculada con la operación incluyó facturas del martillero que, según la actual conducción, presentaron CAE vencido. "De esa operación hay ciertos movimientos de fondos de los cuales el colegio recibe las facturas, pero son facturas apócrifas que tienen el CAE vencido", afirmó.
Las facturas incorporadas al expediente corresponden a documentación emitida por Jorge Luis Torrez. La denuncia pidió que se determine la validez de esos comprobantes y su relación con los pagos realizados por el Colegio.
La otra cuestión central que planteó la actual comisión directiva fue la autorización institucional de la compra. La escritura consignó como antecedente un Acta de Asamblea Extraordinaria del 26 de septiembre de 2016, mediante la cual se habría autorizado la compra del inmueble.
Sin embargo, Vacherand Solá aseguró que la actual conducción no encontró esa asamblea en los libros de actas ni halló una publicación relacionada en el Boletín Oficial. "En el libro de actas no figura esa asamblea extraordinaria. Y tampoco hemos podido encontrar algún tipo de publicación en el Boletín Oficial", afirmó.
La denuncia pidió entonces determinar si la asamblea efectivamente existió y si el documento utilizado para acreditar la autorización institucional resultó auténtico. "Después, atribuir si hubo o no delito forma parte de las atribuciones de la Justicia, no de nosotros", remarcó la presidenta.
Gestión de Bazán
Bazán permaneció alrededor de diez años al frente de la institución. Los mandatos tienen una duración de dos años, es decir, cinco períodos, aunque Vacherand Solá, aclaró que durante buena parte de ese tiempo no se realizaron elecciones.
La actual conducción asumió el 4 de diciembre de 2023, después de una elección que, según relató la dirigente, constituyó la primera en la que participaron varias listas mediante el voto. Vacherand Solá renovó su mandato en diciembre de 2025, pero Bazán y su sector impugnaron los resultados por presunto fraude ante Personas Jurídicas.
Según señaló, ese organismo consideró que la comisión directiva y la junta electoral actuaron correctamente y de buena fe, aunque propuso una nueva elección debido a la escasa diferencia de votos. La actual conducción apeló esa decisión y el planteo quedó en la Cámara de Apelación Civil y Comercial Nº 2, según explicó la presidenta. "Nosotros seguimos trabajando como el primer día porque ganamos las elecciones. Y estamos en la conducción del colegio", afirmó.
En paralelo, Vacherand Solá aclaró que la comisión no se comunicó con Bazán antes de presentar la denuncia. "Nosotros no hicimos ninguna consulta dirigida directamente a ella porque nosotros tenemos la responsabilidad como comisión directiva de resguardar el patrimonio institucional", explicó.
3.300 matriculados y solo 1.000 al día
La actual gestión también impulsó una regularización administrativa y del padrón de matriculados. Según Vacherand Solá, el Colegio tiene 3.300 matriculados, pero cuando la comisión comenzó este proceso solo 1.000 estaban al día con la cuota de ejercicio profesional.
El nuevo reglamento aprobado por la Asamblea estableció mecanismos para exigir el pago de la matrícula. La presidenta explicó que, después de nueve meses sin pagar, se suspende la matrícula y, luego de un año y medio, se produce la baja. "Fue una decisión de la Asamblea de Matriculados", aclaró, al remarcar que no se trató de una medida exclusiva de la comisión directiva.
El camping hoy genera más gastos que ingresos
El inmueble que originó la denuncia actualmente funciona como camping del Colegio. Cuando la actual gestión asumió, según Vacherand Solá, el predio estaba abandonado y no contaba con habilitación municipal, aunque se alquilaba a matriculadas.
La comisión revisó los registros de utilización desde 2017 y concluyó que fueron pocos los usuarios. "Yo te puedo decir que el camping tiene muchos más egresos que ingresos", afirmó.
El predio cuenta con dos cabañas y dos piletas, una para adultos y otra para niños. La actual gestión aseguró que ahora cuenta con habilitación municipal y seguro, pero afronta gastos de mantenimiento, limpieza, productos para las piletas, alarmas, cámaras y Wi-Fi.
Además, la ubicación dificulta el acceso. La calle de ingreso se inunda durante las lluvias y el transporte público deja a los usuarios lejos del predio. Vacherand Solá señaló también que los matriculados del interior de la provincia tienen pocas posibilidades de utilizarlo.
Por eso, la actual comisión planteó ante la Asamblea la compra de una propiedad para establecer allí la sede institucional. Actualmente, el Colegio funciona en un inmueble alquilado.
La presidenta sostuvo que la decisión sobre el futuro del camping corresponde a los matriculados. "La decisión de una compra o de una venta de propiedad pasa exclusivamente por Asamblea", afirmó.
"Espero que se puedan esclarecer los hechos"
Vacherand Solá insistió en que la denuncia no buscó establecer responsabilidades por cuenta propia, sino poner la documentación a disposición de la Justicia. Es la primera denuncia penal que la actual conducción presentó contra la gestión anterior, según afirmó. "Yo lo que espero es que se puedan esclarecer los hechos. Espero que el colegio siga creciendo", dijo.
Y agregó: "Esto sea algo que nos ayude a seguir creciendo como colegio. Que nos unan como matriculados. Porque me parece fundamental generar la confianza entre los colegas".
La presidenta cerró con una definición que, en su mirada, resume el objetivo de la presentación: "Desde el colegio los vamos a defender. Y vamos a defender el patrimonio institucional".