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Germán Luis Corimayo tiene 40 años, reside en la localidad de La Caldera, trabajó una década en la Dirección Provincial de Vialidad pero a consecuencia de una delicada enfermedad neurológica que le provoca convulsiones, luego de una junta médica y de cumplimentarse todos los trámites como suele ser de rigor en estos casos, en el año 2022 se jubiló mediante el retiro transitorio por invalidez. Desde ese momento hasta diciembre del 2025 percibió sus haberes de forma normal y tan importante como esto, seguía contando con la obra social IPS mediante la cuál se realizaba los controles médicos permanentes y recibía la medicación que en su caso no puede faltarle ni un solo día.
Pero el 1 de enero de 2026 ANSSES lo notificó que a consecuencia que un informe de la ART determinó que su discapacidad solo alcanzaba el 10 por ciento, se le quitaba la jubilación quedándose a la vez sin la cobertura médica. Desde ese momento no hubo día que no se ocupara de su situación hasta que con su abogado lograron lo que parecía de sentido común: que hasta que se resuelva la queja que interpuso ante la ART ya que lejos de mejorar, su enfermedad neurológica empeora y que por el tipo de patología no podría haber evolucionado de la manera tan favorable que el organismo lo interpreta, que el ANSSES le siga abonando su jubilación y seguir contando con la obra social.
Para ambos resultó lógico que el fallo de la justicia fuera a su favor por lo que ANSSES se allanó a la disposición a la vez que dispuso abonarle de manera retroactiva todos los meses anteriores. Pero ya iniciado el octavo mes del año nunca le abonaron ni le restituyeron la obra social. Al día de hoy Corimayo quien sigue residiendo en La Caldera vive de la caridad de los vecinos no solo para subsistir sino para conseguir la medicación que no debe faltarle y evitar las convulsiones. Su estrés, su angustia no hacen más que contribuir a un agravamiento de su estado de salud por lo que su abogado decidió recurrir a los medios de comunicación para exponer la situación que lo coloca al joven en un estado de extrema vulnerabilidad y riesgo de vida.
Una sentencia federal que el organismo nacional no cumple
El abogado Jorge Borja, en diálogo con El Tribuno se refirió a la delicada situación de Corimayo y explicó que ambos decidieron visibilizar en los medios de comunicación la situación "porque de mi parte ya hice todo lo que correspondía y me resulta increíble que ante una orden judicial a la que el propio ANSSES se allanó y que a la vez dispuso el pago retroactivo de todos los meses adeudado, no se le abone al señor Corimayo que a este momento vive de la caridad de sus vecinos para alimentarse diariamente pero necesita de manera urgente poder contar con la obra social porque su enfermedad, la falta de medicación y de controles médicos están poniendo en riesgo su vida".
Borja recordó que "transcurridos los tres años de tener este beneficio, la ley dispone que el beneficiario tiene que someterse a una junta médica de la Super intendencia de riesgos del trabajo y que arrojó que solo tenía un 10 por ciento de invalidez, cosa que de ninguna manera se ajusta a la realidad porque es epiléptico con una patología crónica. Apelamos ese dictamen y presentamos una medida cautelar innovativa hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión que es determinar el porcentaje de invalidez. Esa medida de la justicia más precisamente de la Cámara Federal de Salta tiene como resultado que ANSSES se allane y ofrezca el pago del beneficio de forma retroactiva y por ende la restitución de la cobertura médica. Eso sucedió en el mes de mayo pero al momento no se ha cumplido absolutamente nada, lo que le genera un enorme daño al Señor Corimayo. Es insólito que un organismo del estado nacional no dé cumplimiento a una disposición dictada por la propia justicia federal" precisó el abogado Borja.