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Germán Luis Corimayo tiene 40 años, reside en la localidad de La Caldera, trabajó una década en la Dirección Provincial de Vialidad pero como consecuencia de una delicada enfermedad neurológica que le provoca convulsiones, luego de una junta médica y de cumplimentarse todos los trámites de rigor, en 2022 se jubiló por invalidez. Desde ese momento hasta diciembre del 2025 percibió sus haberes de forma normal y contaba con la obra social IPS mediante la cuál se realizaba los controles médicos y recibía la medicación que en su caso no puede faltarle ni un solo día.
Pero el 1 de enero de 2026 Anses lo notificó de un informe de la ART que determinó que su discapacidad solo alcanzaba el 10%, y por ello se le quitaba la jubilación quedándose también sin cobertura médica. Con su abogado lograron que hasta que se resuelva la queja que interpuso ante la ART, ya que lejos de mejorar, su enfermedad neurológica empeora y que por el tipo de patología no podría haber evolucionado de la manera tan favorable que el organismo interpreta, que el Anses le siga abonando su jubilación y seguir contando con la obra social.
Para ambos resultó lógico que el fallo de la justicia fuera a su favor por lo que Anses se allanó a la disposición a la vez que dispuso abonarle de manera retroactiva todos los meses anteriores. Pero ya iniciado el octavo mes del año nunca le abonaron ni le restituyeron la obra social. Hoy Corimayo, quien sigue residiendo en La Caldera, vive de la caridad de los vecinos no solo para subsistir sino para conseguir la medicación que no debe faltarle y evitar las convulsiones. Su estrés solo agrava su estado de salud por lo que su abogado decidió recurrir a los medios de comunicación para exponer la situación que lo coloca al joven en un estado de extrema vulnerabilidad y riesgo de vida.
El abogado Jorge Borja, en diálogo con El Tribuno se refirió a la delicada situación de Corimayo y explicó que ambos decidieron visibilizar en los medios de comunicación la situación "porque de mi parte ya hice todo lo que correspondía y me resulta increíble que ante una orden judicial a la que el propio Anses se allanó y que a la vez dispuso el pago retroactivo de todos los meses adeudados, no se le abone al señor Corimayo que vive de la caridad de sus vecinos para alimentarse pero necesita de manera urgente la obra social porque la falta de medicación y de controles médicos están poniendo en riesgo su vida".
Con riesgo de vida
Borja recordó que "transcurridos tres años del beneficio, la ley dispone que el beneficiario tiene que someterse a una junta médica de la Super intendencia de riesgos del trabajo, que arrojó que solo tenía un 10% de invalidez, cosa que no se ajusta a la realidad. Apelamos ese dictamen y la Cámara Federal de Salta resolvió que Anses pague el beneficio de forma retroactiva al señor Corimayo, y no está cumpliendo" dijo el abogado.