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La prueba internacional PISA sobre el conocimiento de los jóvenes en Matemáticas, Lengua y Ciencias, volvió a confirmar el proceso de deterioro de la calidad educativa argentina, que se registra también desde hace varias décadas a través de evaluaciones realizadas a nivel nacional. Ya en 1999, el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaim Etcheverry lo había advertido en su libro La tragedia educativa.
Este año, la prueba PISA, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evaluó a más de 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países. Los países asiáticos lideraron ampliamente los resultados, mientras que hubo una caída generalizada en Europa y América. Las áreas evaluadas son consideradas esenciales y estratégicas para el desarrollo de las personas y de los pueblos.
Nuestro país, que durante más de un siglo había liderado la educación pública de Latinoamérica, otra vez volvió a retroceder, con los peores resultados desde 2006.
En Ciencias, nuestros jóvenes obtuvieron 393 puntos, lo que nos ubica en el puesto 75 entre 91 participantes, por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú. En lectoescritura comprensiva, el puntaje fue de 389 puntos, frente a los 401 de 2022, y en el puesto 62. Y con 367 puntos quedó en el puesto 75 en matemáticas.
Este fracaso ya es estructural y exige una mirada profunda sobre la realidad de los hogares, de la formación docente y de los contenidos, desde el jardín de infantes hasta en nivel medio. A lo largo de este siglo, los gobiernos han reaccionado a la defensiva frente este fracaso en cascada de la educación pública. Pero lo que se espera de ellos es que impulsen políticas educativas que prescindan de las urgencias electorales, que siempre son mezquinas. El déficit educativo tan grave como la inflación y el desequilibrio fiscal, por una razón profunda: reconstruir el nivel de conocimientos de varias generaciones llevará mucho tiempo. Y sin ese requisito, nada de lo que se haga va a garantizar una sociedad desarrollada y sin brechas sociales como la que se están engendrando.
Es necesario que nuestra dirigencia analice el modelo de Domingo Faustino Sarmiento, una figura fundacional de la educación pública de nuestro país.La suya no fue una ocurrencia nacida meramente de las lecturas o de las teorías: surgió de la capacidad de mirar la realidad profunda de la población en los primeros pasos de la Organización Nacional. Apelando a un recurso científico, desde la presidencia ordenó el Primer Censo Nacional en setiembre de 1869, con 3000 personas que recorrieron 264.433 viviendas.
Se registró una población de 1.877.490 personas, de las cuales el 77% no sabía leer ni escribir. Solo el 1% eran graduados universitarios y la esperanza de vida, solo 29 años.
Con los resultados en la mano, estableció que, desde ese mismo momento, la educación pública y obligatoria pasaba a ser política de Estado. Su gestión construyó 800 escuelas y fundó la primera Escuela Normal de Maestras, y el proyecto cobró enorme peso institucional en 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, con la sanción de la Ley de Educación Común, conocida como Ley 1420.
Hoy, las evaluaciones locales, ordenadas por el gobierno o ejecutadas por organizaciones privadas especializadas ya muestran que la grieta social del país comienza en la escuela. Porque tanto el nivel de conocimientos, como la retención en el sistema y la conclusión del ciclo obligatorio reflejan dramáticamentela desigualdad de ingresos por hogar.
La educación igualitaria es un derecho de las personas, una necesidad de la sociedad y una obligación grave del Estado. Es necesario volver al espíritu que inspiró a Sarmiento, y tomar conciencia de que, en el siglo XXI, la falta de comprensión de la lectura y de conocimientos científico-matemáticos es la nueva forma del analfabetismo.