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"Ley de Régimen de Protección del Espacio Aéreo y Reglas de Enfrentamiento para Aeronaves Hostiles Vinculadas al Narcotráfico". Así se denomina el proyecto de ley que de manera conjunta elaboraron el actual interventor de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, Adrián Zigarán y la diputada nacional por Salta, la oranense Eliana Bruno y que fue remitido a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El proyecto, además de dotar a las fuerzas de las herramientas jurídicas y operativas para hacer frente al tráfico de estupefaciente con la utilización de medios aéreos, busca dar una señal política clara desde Salta respecto del tráfico de droga y que utilizando aeronaves que ingresan al espacio aéreo de nuestro país, pueden transportar 500 kilogramos por cada viaje.
En los considerandos, el proyecto de ley que fue enviado a la cartera nacional consigna: "En las últimas décadas, las organizaciones narco criminales han sofisticado sus métodos logísticos. El uso de la vía aérea clandestina -habitualmente mediante aeronaves de pequeño porte, vuelos a baja altura, apagado de transpondedores y uso de pistas clandestinas no declaradas- se ha consolidado como la ruta preferida para el ingreso de sustancias ilícitas al territorio nacional o para su utilización como zona de tránsito hacia mercados internacionales. Hasta el momento, los marcos normativos vigentes han resultado insuficientes o restrictivos.
Las medidas de intercepción pasiva (como el mero seguimiento o la orden de aterrizaje forzoso) suelen ser burladas con facilidad por pilotos que operan al margen de la ley, sabiendo que, en última instancia, las fuerzas de seguridad carecen de la autoridad legal para aplicar el uso de la fuerza letal como último recurso. Esta asimetría deja al Estado en una posición de extrema vulnerabilidad frente al crimen organizado, que cuenta con ingentes recursos económicos y tecnológicos", señala el proyecto enviado.
Controles burlados
Zigarán explicó: "Este proyecto obedece a una cuestión de sentido común porque con seguir las informaciones nos damos cuenta que los grandes cargamentos ya no se secuestran en la frontera, sino desde Tucumán hacia el sur porque los controles en Salta y Tucumán son burlados porque ingresan vía aérea. A los fines de la lucha contra el narcotráfico el hecho que se hayan llevado la unidad de la Gendarmería nacional que estaba en General Mosconi, podría significar que Salta y Jujuy ya están perdidos en esta lucha y por eso quieren llevársela a Tucumán. Pero de todos modos desde Salta, más allá de las cuestiones partidarias o políticas, queremos dar un mensaje claro: necesitamos una ley de derribo de las aeronaves que llevan esos grandes cargamentos de droga muy adentro del territorio nacional".
Zigarán consideró que "tenemos que sincerar el discurso y dejar de atiborrar las cárceles de mulas, de pasadores que llevan medio kilo de cocaína mientras los grandes popes del narcotráfico trafican cientos de kilos por día. No digo que los primeros no hayan cometido delito, pero esa mujer que se llena el vientre de cápsulas poniendo en riesgo su vida comete semejante locura porque está desesperada y las bandas le pagan 100 mil pesos para que cometa ese acto casi suicida. Pero a los verdaderos dueños del negocio nadie los toca".
El interventor de Aguas Blancas recordó que después de armar el proyecto "la diputada Bruno le hizo algunas correcciones y mejoras con su equipo y se lo enviamos tanto al ministro de Defensa de la Nación como a la ministra de Seguridad, porque Eliana consideró atinado que tome ese camino antes de ir a la cámara de Diputados de la Nación. Ni la diputada nacional y seguramente ningún salteño quiere que los proyectos, sobre todos los que tienen una directa injerencia en lo que sucede en nuestras fronteras, ingresen a la cámara de Diputados y duerman, sino que se lo analice en el ámbito de los dos ministerios y que de ahí se lo envíe al Congreso para que tenga tratamiento".
El alcance de la propuesta
En el capítulo quinto el proyecto de ley establece la definición de aeronave hostil a aquella que, volando en el espacio aéreo nacional sin plan de vuelo autorizado, con el transpondedor apagado, o desobedeciendo reiteradamente las órdenes de interceptación y desvío impartidas por la autoridad aeronáutica o militar competente, sea considerada presumiblemente utilizada para el tráfico ilícito de drogas.
Establece etapas de abordaje de los casos, como por ejemplo las etapas de interceptación, donde interviene un protocolo gradual y obligatorio que comprende la identificación visual, la comunicación radial, las señales internacionales de advertencia y, finalmente la orden de aterrizaje forzoso.
La habilitación del derribo establece como medida final y estrictamente regulada, aplicable únicamente ante el persistente incumplimiento de la orden de aterrizaje y la constatación de una amenaza inminente a la seguridad pública o a la soberanía nacional.
En sus conclusiones la iniciativa considera al narcotráfico como "una amenaza multidimensional que no respeta fronteras ni leyes. La pasividad o la insuficiencia legal frente al delito complejo equivalen a una rendición de la soberanía. Con este proyecto de ley, se busca dotar al Estado de una herramienta firme, transparente y regulada para cerrar los cielos a la criminalidad organizada, reafirmando el imperio de la ley, el orden constitucional y la protección de los ciudadanos".